Más de la
tercera parte de lo que debe el Estado español se lo han llevado
-300.000 millones de euros-, aventureros inmobiliarios, empresas
constructoras, banqueros, políticos, la Iglesia, las patronales,.. o los futbolistas. Ellos
han saqueado el país y ahora el pueblo trabajador paga lo que le han robado
Rafael Gómez Parra
Rafael Gómez Parra
Uno de
los temas del que los financieros y los políticos no quieren ni oír
hablar es de la deuda ilegítima, sucia, irregular, ilegal o como se la
quiere llamar, que corresponde exactamente a lo que se han llevado de la
administración pública y de los particulares los especuladores
financieros, promotores inmobiliarios, brokers de la bolsa y los
políticos, aprovechando el boom económico. Eso que ahora tenemos que
pagar todos los españoles. Además, habría que sumar los datos del fraude
o del “escamoteo” fiscal que practican los millonarios españoles, junto
a la Iglesia Católica o los futbolistas. En total, más de un tercio de
la deuda soberana actual, cifrada en cerca del billón de euros se
considera “ilegítima”, en una palabra que corresponde a lo que todos
esos personajes e instituciones se han llevado al estilo Iñaki
Urdangarín.
LA FINANCIACIÓN DE
LOS AVENTUREROS INMOBILIARIOS: ENTRE 100.000 y 200.000 MILLONES DE EUROS
Entre el año 2000 y el 2008, los grandes bancos privados españoles se
dedicaron a engordar artificialmente sus propias promotoras
inmobiliarias para venderlas a aventureros que se hicieron millonarios
comprando suelo rústico para posteriormente “untar” a los Ayuntamientos y
concejales para que se lo recalificaran y construir viviendas a precios
desorbitados, diez o doce veces más que su valor real. Uno de estos
aventureros, Luis del Rivero y sus socios de una pequeña constructora,
Sacyr, compraron Vallehermoso al Santander. Parte del dinero que pagó el
constructor murciano salió del mismo banco en forma de crédito, y otra
parte de las cajas de ahorro que hoy están en proceso de desaparición,
precisamente por el peso de esta deuda.
También parte de la deuda sucia de las cajas de ahorros y bancos se “gastó” en la compra del 30% de Repsol con la que Luis del Rivero quería coronar su imperio. En total, cerca de 10.000 millones de euros, que finalmente tendremos que pagar todos. Lo mismo que ocurrió con Luis Portillo, otro aventurero, manchego, que adquirió la inmobiliaria a la Caixa y que acabó quebrando y cargando su deuda sobre las cajas de ahorro.
Eso es más o menos lo que va a costar el “banco malo” que quiere hacer el Gobierno y el que no quieren financiar las entidades privadas. Algunos expertos consideran que si el suelo rústico comprado por estos aventureros inmobiliarios no se recalifica o se usa para otros fines, la deuda sucia por este concepto podría subir al doble.
LA CORRUPCIÓN DE LOS POLÍTICOS: ENTRE: entre 600 y 1.000 MILLONES DE EUROS
Una lista que circula por Internet da la cifra de 127 cargos políticos
que están inmersos en graves imputaciones de corrupción, en muchos
casos también por haberse beneficiado de la “burbuja inmobiliaria”. Hay
otros muchos políticos, como el ex presidente del Congreso, que se han
hecho ricos y nadie sabe cómo ha sido. La fortuna de José Bono y de su
mujer se cifra en más de un millón de euros, partiendo de un patrimonio
prácticamente de cero. Las sospechas de corrupción comenzaron tras las
primeras elecciones municipales y alcanzó enseguida a algunos alcaldes,
como el de Vigo, el socialista Manuel Soto, que se defendió llamando
fascistas a los periodistas que le preguntaban por su famoso chalet.
Cerca de 250 personas, la mayor parte alcaldes y concejales, además de
otros políticos, se encuentran imputadas actualmente en casos de
corrupción en la Comunitat Valenciana. No menos de mil y pico alcaldes y
concejales de toda España podrían haberse llevado no menos de 600.000
euros por cabeza, lo que nos daría otros 600 millones de euros, tirando
por lo bajo. Por supuesto, muy poco han sido juzgados, ninguno ha
devuelto el dinero y la mayor parte siguen contando con el apoyo de sus
partidos.
LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS A TRAVÉS DEL PGOU: ENTRE 60.000 y 100.000 MILLONES DE EUROS
Bastaría con que una comisión de investigación interrogase a los miles
de promotores inmobiliarios que han trabajado en los municipios
españoles entre 1980 y la actualidad, para descubrir que por cada casa
que construían tenían que dar un “impuesto revolucionario” a cada uno de
los partidos presentes en el ayuntamiento en cuestión. Ese “óbolo” era,
en el año 1998, antes de entrar en el euro, de 100.000 de las antiguas
pesetas (600 euros actuales) que iban normalmente al PP y al PSOE, pero
también a IU si tenía presencia municipal. En ese año, el precio de una
casa de precio protegido iba de 10 a 14 millones de pesetas. Al subir
los precios, la “contribución” de los promotores a los partidos fue
subiendo hasta llegar en algunos lugares a los 6.000 euros por casa,
18.000 euro en total para los tres partidos que el propietario tenía que
incluir en la hipoteca que hoy sigue pagando.
Si echamos un cálculo
de las viviendas que se han hecho en Madrid capital, por ejemplo, más de
dos millones en diez años y ponemos una media de 6.000 euros por piso,
veremos que los partidos se han llevado no menos de 12.000 millones de
euros que, al principio, iban a financiar las actividades políticas y
las campañas electorales, pero que en muchos casos fueron directamente
al bolsillo de políticos concretos. Si aplicamos la misma norma a los 10
millones de pisos que se han hecho en toda España durante los últimos
veinte años, la cifra se elevaría a los 60.000 millones.
EL REPARTO DEL PASTEL DE FOMENTO: ENTRE 14.000 y 28.000 MILLONES DE EUROS
También las grandes constructoras (Esther Koplowitz (FCC), Florentino
Pérez (ACS), Rafael del Pino (Ferrovial), los hermanos Entrecanales
(Acciona), etc.) se convirtieron en los verdaderos financiadores de los
partidos políticos. Cada año, el ministro de Fomento de turNo, fuera del
PP o del PSOE, tenía que repartir la tarta de las inversiones públicas
entre las ocho grandes y otras diez medianas que consiguieron, tras
muchos años de pelea, entrar en la fiesta. La historia consistía en
adjudicar las obras por un precio módico y, año tras año, durante su
construcción, el Ministerio aceptaba añadidos multimillonarios en los
costes, que se repartían las empresas y el partido gobernante, además de
los intermediarios.
Cuando Esperanza Aguirre llegó a la Comunidad de Madrid tuvo que emplearse a fondo para que estas constructoras que pagaban, en tiempos de Gallardón, al gerente del PP nacional, lo hicieran al PP de
LA FINANCIACIÓN DEL FÚTBOL: 6.000 MILLONES DE EUROS.
Baste recordar la operación de Gallardón, como presidente de la
Comunidad madrileña, de permitirle a Florentino Pérez recalificar la
esquina del Bernabéu, en pleno centro de la capital, y la Ciudad
Deportiva, por la que el Real Madrid sacó cien mil millones de las
antiguas pesetas (600 millones de euros) para pagar sus deudas. Los
intermediarios del PP, el PSOE e IU del Ayuntamiento de Madrid se
llevaron un buen pechizco. Si al “caso Bernabéu” se le sumasen todas las
otras operaciones urbanísticas ligadas a los clubes de fútbol podríamos
encontrar a donde han ido otros 5.000 millones de euros de dinero
público utilizado para enriquecer a futbolistas, intermediarios,
directivos y toda la panda que se mueve en torno al “deporte nacional”. A
ello habría que sumar las cifras millonarias que, a través de las
deducciones de Hacienda, concedió a los grandes fichajes: los Zidane,
Figo, Ronaldo, Ronaldinho, etc, para que aceptaran venir a España.
Uno de los temas más discutidos hoy en las redes sociales es por qué
la Iglesia Católica española no paga el IBI por los más de 70.000
edificios que tiene en propiedad en España y que siguen aumentando
gracias a que los sucesivos gobiernos de Aznar y Zapatero le han
permitido seguir registrando monumentos como la Mezquita de Córdoba o el
Cerro de los Ángeles en Madrid. El monto total de lo que la Iglesia
“evade” por este impuesto suma unos cinco millones de euros al año, que
si lo multiplicamos por 20 años, nos darían 100 millones de euros.
EL FRAUDE FISCAL: 70.000 MILLONES DE EUROS AL AÑO
Los sucesivos gobiernos españoles siempre hablan del fraude fiscal en
términos muy generales, que calculaban en 2009 en unos 70.000 millones
de euros al año, culpando en la mayor parte de los casos a la “economía
sumergida” y a los ciudadanos que no pagan el IVA, pero la realidad es
que, según denuncian los propios inspectores de Hacienda, lo más fácil
de perseguir sería a los grandes defraudadores, que, bien a través de
fórmulas ilegales como la “fuga de capitales”, o por medio de argucias
legales, escamotean al erario público no menos de 10.000 millones de
euros al año. Eso nos daría una cifra de no menos de 200.000 millones de
euros defraudados en los últimos veinte años por los millonarios
españoles.
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