jueves, 15 de enero de 2015

Muertos en la mina y represaliados por el Estado... al servicio del patron. CINCO MINEROS ASTURIANOS SE ENFRENTAN A SEIS AÑOS Y MEDIO DE CÁRCEL... y mas

 "...Nuestros compañeros no han agredido a nadie. Se ha montado una auténtica película con este caso. Es una estrategia para que la lucha obrera y las protestas mineras se vayan al traste. Ellos son solo una cabeza de turco en toda esta historia..."

Este lunes quedaba visto para sentencia el juicio contra cinco mineros asturianos acusados de agredir  a un ingeniero técnico de la mina de Cerredo, propiedad del empresario Victorino Alonso, durante el transcurso de un tumultuoso incidente provocado tras un accidente laboral.

    Los hechos que han provocado este proceso tuvieron lugar el 12 de julio de 2012, durante los servicios mínimos de una huelga, cuando un derrumbe sorprendió a diez mineros, de los cuales tres quedaron atrapados.

    Apenas una semana antes se había producido otro accidente grave en unas instalaciones en que  -según denuncian desde el Comité de Asturies del PCPE - “se han incumplido durante años las normas de seguridad minera más elementales".

   Según relataba por aquellas fechas el colaborador de Rebelión.org Miguel Ángel Llana, alrededor de 200 mineros acudieron al exterior del pozo y la crispación por el siniestro se incrementó durante las siete horas que duraron las labores de rescate, "ante la presumible temeridad en la forma en que se pretendía realizar el rescate, utilizando explosivos".

"Nuestros compañeros no han agredido a nadie. Se ha montado una auténtica película con este caso. Es una estrategia para que la lucha obrera y las protestas mineras se vayan al traste. Ellos son solo una cabeza de turco en toda esta historia"

    Durante el transcurso de los incidentes - apuntaba Llana - "un Guardia Civil hizo uso más que imprudente y abusivo de su arma, primero disparando al aire y, acto seguido, encañonando a un minero en el pecho".

   El  clima de crispación - continuaba narrando Miguel Ángel Llana- terminó generando un enfrentamiento después de que los tres mineros finalmente rescatados fueran conducidos por el ingeniero  Raúl R. G. "en un vehículo sin asistencia médica alguna".

    Los concentrados en el lugar interceptaron el coche y sacaron a los mineros accidentados. Según el relato que ofreció en el juzgado el ingeniero, demandante en este proceso, "rompieron las puertas, sacaron del vehículo a dos de los rescatados y lo agredieron a él con patadas y puñetazos"

   Durante el transcurso del juicio, Raúl R. G. identificó a dos de los acusados. Sin embargo, su relato no pudo ser confirmado  ni por el minero rescatado que permaneció en el vehículo  ni por los agentes de la Guardia Civil que intervinieron en el suceso. Pese a ello, la fiscal encargada del caso solicita para cada uno de los cinco encausados 6 años y medio de prisión y multas superiores a los 15.000 euros.

   Para la plataforma 'Asturies en Pie' -integrada por diversos sindicatos y organizaciones sociales - "no existe razón alguna para condenar a los cinco imputados".

   "Fueron los compañeros de trabajo y los vecinos de la zona que acudieron al lugar del accidente los que evitaron que el capataz continuara con su "irresponsable actitud", poniendo a salvo a los tres trabajadores afectados y dejándolos en manos de los servicios de ambulancia. Quieren encerrar en la cárcel a quienes socorrieron a los trabajadores accidentados e indemnizar a quienes pusieron en peligro la vida de dichos trabajadores" - denuncian.

"Vemos en este caso el papel de la justicia en el capitalismo, que convierte a los trabajadores en verdugos y a los asesinos y explotadores, protegidos por la ley burguesa y sus estructuras de poder, en víctimas"

   "Nuestros compañeros - sostienen - no han agredido a nadie. Se ha montado una auténtica película con este caso. Es una estrategia para que la lucha obrera y las protestas mineras se vayan al traste. Ellos son solo una cabeza de turco en toda esta historia".

   Por su parte, el Comité de Asturies del Partido Comunista de los Pueblos de España ha expresado su "máxima solidaridad con los 5 compañeros imputados en el 2012 y exige la absolución sin cargos para todos ellos".

   "Victorino Alonso y su mano derecha, el ingeniero Raúl, son viles explotadores, en cuyas explotaciones se han incumplido durante años las normas de seguridad minera más elementales, generando múltiples accidentes graves e incluso mortales, con una absoluta pasividad de la Dirección de Minas, la cual es por lo tanto corresponsable de tales situaciones"  -aseguran.

   "Vemos en este caso - añaden - el papel de la justicia en el capitalismo, que convierte a los trabajadores en verdugos y a los asesinos y explotadores, protegidos por la ley burguesa y sus estructuras de poder, en víctimas".

   "Lo decimos alto y claro - continúan exponiendo desde la organización comunista -  en el capitalismo no hay justicia social para la clase explotada, hay lucha de clases, de la clase obrera contra la burguesía que cuenta con las estructuras estatales a su servicio. Sólo a través de la lucha a la ofensiva, consecuente y clasista de los trabajadores y trabajadoras podremos cambiar la actual correlación de fuerzas para avanzar y conquistar los derechos que nos han sido arrebatados por la oligarquía".

   En este sentido, el PCPE ha manifestado su total apoyo a todas las movilizaciones de solidaridad con los 5 imputados y realiza un llamamiento a incrementar las acciones de solidaridad con los encausados.  


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Por A. RAMÍREZ / CANARIAS-SEMANAL.ORG.-



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Todas las versiones de este artículo: [asturianu] [Español]
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Convocan: Mineros afectados por Vitorino Alonso

Manifestación Sin minería no hay futuro

 

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Seguimientu masivu de la fuelga nes mines de Vitorino Alonso

 

¿SABES QUIEN ES VICTORINO ALONSO?



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OCCIDENTE ASTURIES // CONFLICTO EN LA MINERÍA PRIVADA
El macabro juego de Victorino Alonso
El empresario leonés acapara el 51% de la industria nacional de extracción de carbón.
Alfredo Huergo, Redacción Asturies 10/05/13

Para entender el enconado conflicto de la minería privada en Asturies y el norte de León hay que profundizar en el conocimiento de un territorio, los pueblos mineros del suroccidente asturiano y El Bierzo, marcados por el despoblamiento y el envejecimiento de su población, como consecuencia del largo declive del campo y la minería. A día de hoy pocas son las expectativas para las jóvenes plantillas de las minas, con edades que oscilan entre los 30 y 45 años. El principal actor por la parte empresarial es a día de hoy Victorino Alonso, un empresario leonés que aglutina el 51% de la industria nacional de extracción del carbón gracias al proceso de expansión que emprendió en los años 80 con la compra a bajo coste de minas arruinadas en el suroccidente asturiano y El Bierzo y Palencia.
Alonso ha sido siempre un empresario que ha crecido al calor de las subvenciones y la protección estatal, favorecido por unos gobernantes que no han dudado en ceder a sus presiones. Actualmente controla en Asturies las empresas Coto Minero Cantábrico (minas de Cerredo y Tormaleo) y UMINSA (Minas de Cangas de Narcea y Tineo). El actual presidente de la patronal del carbón (Carbunión) se ha convertido en un monopolista casi perfecto que con la amenaza de cierre total de sus explotaciones consiguió en 2008 que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero legislara obligando a las empresas eléctricas a comprar carbón nacional a un precio superior, dictado por Carbunión, con la consecuente subida de la factura eléctrica. El mismo Gobierno socialista se comprometió entonces a la compra por medio de HUNOSA del excedente de las minas de Alonso. El mineral se guardaría en el Almacén Estratégico Temporal (AETC) en dependencias empresariales del propio Alonso.

Problemas con la Justicia

De este almacén han desaparecido 500.000 toneladas, reclamadas por HUNOSA a principios de este año. El grupo del empresario leonés atribuyó esto a las pérdidas normales provocadas por agentes como la lluvia o el viento. El caso está actualmente en manos de la Guardia Civil, aunque parece difícil pensar que una cantidad equivalente a la carga de unos 25.000 camiones de alto tonelaje haya desaparecido por arte de magia bajo la acción de los agentes meteorológicos. Aunque esta no es la primera ocasión en la que un cliente de las empresas de Victorino Alonso denuncia acciones ilícitas, ya que anteriormente las empresas eléctricas acusaron a Carbunión de vender una producción adulterada con carbón importado de baja calidad y residuos propios de un mal lavado.

Las empresas eléctricas acusaron a Carbunión de vender una producción adulterada con carbón importado de baja calidad y residuos propios de un mal lavado

 El alcance del juego de “Don Vito”, como es conocido en las comarcas mineras, no se detiene sólo en las supuestas estafas a clientes y su presión a comarcas enteras, sino que sobre su persona pende una sentencia en firme del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que lo condenó a pagar una multa medioambiental de 129 millones de euros por la explotación ilegal durante doce años de la mina a cielo abierto de “El Feixolín” en el Valle de Laciana, un lugar protegido como reserva de la biosfera. Esta denuncia que llevaron a cabo conjuntamente el Ayuntamiento de Villablino y Ecobierzo, fue, según el colectivo medioambientalista, sustancialmente rebajada, quedando la multa inicial reducida hasta los 800.000 euros que Alonso aún adeuda a día de hoy a la villa minera; a cuyo consistorio también ha intentado coaccionar mediante amenazas de despidos en sus minas. Por estas razones el pleno del Ayuntamiento berciano decidía este mes calificar al empresario minero de “persona non grata”.

El chantaje a los trabajadores

El otro actor del conflicto, los trabajadores, vienen siendo sistemáticamente utilizados como mecanismo coercitivo por parte de Alonso, en especial desde 2012, con la aceleración del fin de la minería decretada por el Gobierno de Rajoy. Estas prácticas vienen siendo denunciadas por fuerzas sindicales como la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), con presencia en las minas de Alonso, y que las califica como “caciquistas” y “propias de las minas del siglo XIX”. En los últimos meses y tras la negativa del gobierno de Rajoy a asegurar el pago de ayudas a la minería privada así como la investigación del grupo de Alonso por supuestos impagos a la Seguridad Social, este ha contraatacado sacando sus empresas CMC y UMINSA a concurso de acreedores y aplicando ERE de regulación primero y de extinción después a 169 trabajadores en Cerredo y 58 en Pilotuerto. Con estas medidas pretende encarar las negociaciones con el Gobierno central desde una posición dominante que le permita el desbloqueo de las ayudas que a día de hoy se estiman tras los últimos ajustes en 49 millones de euros.

La situación para muchas familias se torna insostenible. En prácticamente la totalidad de los casos desde mayo del año del año pasado, cuando comenzaron los conflictos de la minería, los trabajadores apenas han percibido tres nóminas (correspondientes a agosto, septiembre y octubre de 2012) y se les adeudan las trabajadas de noviembre, diciembre de 2012 y enero de 2013 que es cuando se comenzaron a llevar a cabo las ejecuciones de los ERE. A día de hoy estas nóminas pendientes de pago sólo han sido abonadas a los trabajadores despedidos para hacer efectiva esta regulación. El resto de trabajadores mantienen desde enero una huelga y piquetes. Las explotaciones han cerrado de forma preventiva por temor a altercados mayores con los huelguistas. La reapertura de las minas por parte de Alonso estaría supeditada a nuevas condiciones laborales planteadas a la baja y que incluirían el aumento de una hora en la jornada laboral con supresión de los quince minutos para el bocadillo, una reducción sustancial del sueldo que podría llegar al 60% y la obligatoriedad de trabajar un sábado al mes.

La aceptación de las exigencias de Alonso sería “cargarse de un plumazo las conquistas mineras en derechos laborales de décadas de sindicalismo y volver a condiciones que parecían superadas”, asegura uno de los mineros implicados en las movilizaciones, que prefiere no revelar su nombre por temor a represalias. Con la aceptación de estas medidas por parte del Gobierno y los trabajadores Alonso consideraría la recolocación de los afectados por los despidos en las explotaciones a cielo abierto que posee, viéndose nuevamente beneficiado de un aumento de las ganancias a costa del bienestar de los trabajadores que le permitiría reanudar las extracciones hasta completar el cupo pactado de carbón sin ser penalizado por ello. Así funciona el macabro juego a tres bandas del principal empresario del llamado “capo” del carbón en España.

Crece la situación de alarma social para las familias

Como en cualquier conflicto laboral la parte débil siempre son las familias de los afectados y en el caso de la minería del suroccidente asturiano esto no es una excepción. Esta región que hace tan sólo diez años atrás tenía la tasa de natalidad y una de las rentas per cápita más altas de Asturies, se ve acuciada ahora por la devastadora política del grupo empresarial de Alonso. Desde hace varios meses vienen siendo habituales las campañas solidarias de recogida de alimentos y otros bienes primarios emprendidas por ayuntamientos y otras instituciones para paliar la grave situación de cientos de familias que han dejado de recibir ingresos desde que se inició el conflicto en 2012.

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