domingo, 27 de julio de 2014

JUICIO POLÍTICO CONTRA CINCO MUJERES CANARIAS EL PRÓXIMO MARTES 29 (VÍDEO). Por Cristóbal García Vera

"Sin compromiso de solidaridad con quienes luchan no hay esperanza para la transformación social"
El próximo martes, 29 de julio, se celebrará en el Juzgado de lo Penal Nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria el juicio contra las cinco militantes de Intersindical Canaria que, el 8 de marzo de 2012, protagonizaban un acto de protesta en la sede de la Confederación Canaria de Empresarios.

   Haciendo coincidir su acción con el Día de la Mujer Trabajadora, las sindicalistas entraron  en las oficinas abiertas al público de la patronal y desplegaron en una de sus ventanas una pancarta con el lema: "Mujeres Canarias contra la Reforma Laboral", con el objeto de señalar a los lobbies promotores y beneficiarios de la contrarreforma impuesta por el Ejecutivo Rajoy.



   Pese al carácter pacífico del acto reivindicativo, algunos empleados de la Confederación trataron de impedir que éste se llevara a cabo y que fuera registrado en vídeo, lo cual dio lugar a momentos de tensión y forcejeos que se resolvieron sin más incidentes reseñables.  Finalmente, la policía desalojó a las sindicalistas, que abandonaron el lugar sin oponer resistencia y concluyeron la protesta junto a la entrada de la CCE.



   La posibilidad de que la difusión mediática del acto inspirase a otros activistas sociales para desarrollar protestas parecidas, sin embargo, no podía pasar desapercibida para los dirigentes de la patronal.  Con el más que previsible propósito de cortar de raíz la peligrosa idea subversiva, la Confederación Canaria de Empresarios decidió emprender acciones legales contra las militantes de Intersindical y  también contra el reportero que grabó lo sucedido.



INTERSINDICAL CANARIA: "EL APARATO JUDICIAL ESTÁ AL SERVICIO DE LA PATRONAL"


   "En el sindicato tenemos claro que la CEE  ha denunciado porque tiene miedo de que las reivindicaciones se trasladen a sus espacios.  En cuanto a la función del aparato judicial, no tenemos duda de que está al servicio de la patronal.  Basta recordar que en este momento hay cientos de sindicalistas condenados o pendientes de juicio y que sólo una organización como el Sindicato Andaluz de Trabajadores suma más 120 años en peticiones de cárcel y tremendas multas" - afirman a este respecto desde Intersindical Canaria.



   Tras la denuncia interpuesta por el lobby empresarial, la instrucción del caso recaería en María Victoria Rosell, miembro destacado de la Asociación "Jueces para la Democracia", que tomó la decisión de procesar a las cinco sindicalistas y al autor de estas líneas, por cubrir periodísticamente el acto reivindicativo filmándolo en vídeo.
Posteriormente, el fiscal Miguel Pallarés dictaminaba "el sobreseimiento provisional de las actuaciones" contra quien "cumplía un objetivo informativo" en lo que - en palabras del propio fiscal - es un "centro de trabajo abierto al público".  Paradójicamente, pese a calificar las oficinas de la CCE en estos términos, el acusador del Estado dictaminó también la apertura de juicio oral contra las cinco sindicalistas, acusándolas de un delito de "allanamiento de domicilio de persona jurídica, previsto y penado en los arts.  203.2 del C.P". Por este presunto delito las activistas se enfrentan a la petición de un año de cárcel.

   Aunque una condena por este periodo de tiempo no supone la entrada en prisión para quienes carecen de antecedentes penales, resulta especialmente delicada la situación judicial de dos de las procesadas.  Las jóvenes Aisha Rodríguez y Guacimara Vera.  La primera de ellas era recientemente condenada a cuatro meses de cárcel, tras ser detenida por realizar una pintada contra el paro juvenil.  "Actualmente tiene la pena suspendida, pero esta suspensión está supeditada a no cometer ningún otro delito, por lo que no sabemos exactamente qué pasaría si la vuelven a condenar" - explican fuentes próximas a Rodríguez.

    Aún más preocupante se presenta el horizonte para Guacimara Vera, quien tiene pendiente otro juicio por "atentado contra la autoridad" por el que se le piden tres años de cárcel.  "Este proceso - recuerdan los compañeros de esta joven, madre de un bebé recién nacido - se abrió por una concentración que realizamos un grupo de estudiantes ante el Paraninfo de la Universidad durante la apertura del curso escolar.  La policía cargó contra nosotros y Guacimara fue una de las que probó la dureza de las porras en su propia carne.  Pero no solo se llevó los golpes, sino también una denuncia porque, según la versión oficial de los propios agentes, ella habría agredido aquellos hombres fornidos y equipados con protección antidisturbios.  Una vergüenza".

EL DESVARÍO IDEOLÓGICO Y MORAL DE CIERTA "IZQUIERDA" CANARIA
[Img #30251]    El caso de las cinco sindicalistas canarias ha suscitado numerosas declaraciones de solidaridad dentro y fuera del Archipiélago.  En las Islas, sin embargo, aunque unas pocas organizaciones se han movilizado consecuentemente ante llamamientos puntuales de IC, estas expresiones de apoyo no han llegado a concretarse en una verdadera campaña de denuncia adecuada a la importancia del proceso.  Durante más de dos años, se ha perdido la oportunidad de trasladar pedagógicamente a la población canaria cuál es el sentido de un juicio político en el que, más allá de sus características concretas, se pone de manifiesto la función del aparato estatal como instrumento de represión de las luchas populares y defensa de los intereses de las clases dominantes. Esta falta de una respuesta organizada a la altura del órdago lanzado por la organización patronal se podría interpretar, muy posiblemente, como un síntoma más de la debilidad de la izquierda canaria y  su incapacidad para incidir significativamente en nuestra sociedad. 

    En otro plano muy diferente se sitúan, no obstante, quienes en el ámbito de la llamada "izquierda alternativa" han dado muestras de estar aquejados por una peligrosa desorientación ideológica y moral. Este fue el caso de la  ONG Acción en Red y el colectivo Alternativa Antimilitarista MOC que, a finales del pasado año, organizaban un acto público en Las Palmas para "hablar sobre la represión" invitando como ponente a la misma juez que había procesado a las cinco sindicalistas, y despreciando la petición expresa de las encausadas de que renunciaran a hacerlo. Lejos de asumir las insuficientes críticas recibidas por su iniciativa, que repetirían más tarde en la isla de Tenerife,  sus promotores llegaron a "ponerse en el lugar" de la magistrada, asegurando que ésta "no había tenido más opción" que imputar a las sindicalistas para no prevaricar.

    Pese a auto reclamarse como personas de "izquierdas", e incluso "anticapitalistas", los organizadores de las conferencias dictadas por la juez María Victoria Rosell no parecen entender las implicaciones de unos actos que, al atentar contra la auténtica solidaridad con las enjuiciadas, provocan efectos de desmovilización social mucho más devastadores que cualquier sentencia judicial.

    Tal y como ha demostrado la historia sobradamente, hombres y mujeres con convicciones son capaces de resistir la prisión, y hasta la tortura, manteniéndose firmes y fieles a sus principios, cuando sienten el apoyo real de una colectividad.  El convencimiento de que se está solo, de que nadie "dará la cara por ti", por el contrario, propicia la imposición del miedo con el que el Poder cuenta para sostener la opresión. Conduce, rápidamente, al desánimo y la paralización. De ahí la enorme gravedad de abandonar a las que se arriesgan para pasar a "comprender" el punto de vista de los que están al otro lado de la trinchera, contribuyendo así a la victoria política de los patronos de la CEE. 

      Y es que, sin el compromiso militante para unir la propia suerte a la de todos los que luchan no existe esperanza para la necesaria transformación social.  De que lleguemos a asumirlo y a actuar en consecuencia dependerá nuestro futuro. La próxima cita para empezar a hacerlo será este mismo martes, a las 10 de la mañana, en la concentración de apoyo a las cinco sindicalistas que se celebrará frente a las puertas de la "Ciudad de la Justicia". En la Calle Málaga, nº 2.



VÍDEO RELACIONADO: La acción reivindicativa en la sede de la CCE por la que piden un año de cárcel para las cinco sindicalistas

 
- Moción a favor de la libertad sindical y de expresión en el pleno del Ayuntamiento de La Laguna
 

Canarias-semanal.org

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