Tras
la aprobación el pasado día 20 de la última reforma de la “ley del
aborto” (Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de
la Mujer Embarazada) por el gobierno del Partido Popular, es necesario
analizar los distintos intereses a los que responde dicha ley, tanto
como las evidentes y terribles repercusiones que esta tendrá en la salud
y soberanía sobre sus propios cuerpos de las mujeres del Estado
español. Aunque como siempre ha sido, por el carácter clasista de toda
legislación capitalista, esta intromisión en cuerpos y voluntades la
sufrirán principalmente las mujeres del pueblo trabajador, que son
quienes sufrirán la incapacidad económica para viajar al extranjero a
abortar.
Una parte importante a tener en cuenta y
denunciar es la materialización legislativa de una reivindicación tan
insistida por la Iglesia católica, lo cual evidencia la vigencia de la
estrecha vinculación entre la Iglesia y el Estado. Si bien esta relación
siempre ha sido una constante en la articulación del poder estatal
español, en los últimos años la presencia de la Conferencia Episcopal
está notando un importante crecimiento en sus distintas manifestaciones
hegemonistas a través de declaraciones, grandes eventos de masas,
campañas publicitarias de todo tipo y creación de medios de propaganda y
comunicación.
Este aumento de la presencia de la
Iglesia católica en el panorama político actual, debe plantear la
readecuación del peso de la misma, en tanto que actor político con
importantes intereses económicos, en el actual marco de coyuntura. No se
trata de valorar a la Iglesia católica como la institucionalización de
la contradicción principal del momento por encima de las políticas
estatales dirigidas al pago de la deuda y todos los recortes sociales
que produce, sino de no minusvalorar su capacidad injerencista en la
política del país, además de denunciar las relaciones legales -vía
Concordatos- en las que sustentan su capacidad de actuación.
En lo estrictamente tocante a la
aplicación de la nueva ley, lo primero que cabe destacar es la supresión
del derecho a decidir de la mujer sobre su propio cuerpo. Este derecho
se traspasa a los médicos que valorarán el supuesto de grave peligro
para la vida o salud física o psíquica de la mujer; o el supuesto de
violación, que se valorará por vía judicial. Ambos supuestos son los
únicos en que no será delito la interrupción voluntaria del embarazo, y,
que evidentemente, quedan muy lejos de producirse en una situación
producida por la voluntad de la mujer, y también muy lejos de producirse
en un marco legal que tenga en cuenta a la mujer como persona soberana,
libre y capaz de decidir. De igual manera que con las mujeres menores
de 18 años, que necesitarán el consentimiento de los padres o tutores
para decidir lo que pasa con sus cuerpos.
Otro aspecto reseñable, y que supone un
gravísimo volver atrás en la aplicación de la ciencia de la interrupción
voluntaria del embarazo, es la ilegalización del aborto por riesgo de
anomalías graves en el feto. Si atendemos a los últimos datos sobre el
tema publicados por el INE, en el 2011, el 2.73% de los abortos
realizados de un total de algo más de 118.000 fue por estas causas. Esto
suponen más de 3000 abortos que con la nueva legislación, y sumado a la
gran cantidad de recortes en ayudas sociales, significarían una
situación realmente complicada para muchísimas familias.
Para terminar, es necesario denunciar la
incoherencia del doble juego que supone la creciente incapacidad
impuesta a ejercer el derecho a la maternidad a través de la constante
aplicación de medidas precarizadoras del trabajo o los recortes en
ayudas, convirtiendo la maternidad deseada, planificada y disfrutada, en
un privilegio de clase, a la par que se promueve la sanción del aborto y
se recorta en educación (ahí va también, por supuesto, la educación
sexual). Esta constante no es ni mucho menos nueva, pero por la
creciente profundización de las contradicciones en el actual periodo de
crisis del capitalismo, este factor, así como cualquier otro que
implique la reproducción y desarrollo de la vida equilibrada y con
dignidad, se ven atacados por la lógica de la acumulación y el beneficio
de las minorías expotadoras capitalistas.
KKE 31-12-2013
El KKE quiere informar a los Partidos Comunistas, a la clase obrera y ...
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