"... Es irreal pensar que en este
marco la vocal propuesta por IU pueda variar un ápice el funcionamiento
del Consejo. Aunque sea una voz crítica, tan solo servirá para legitimar
las decisiones alcanzadas por este órgano y, sobre todo, el sistema de
elección de sus vocales en el que IU gustosamente ha participado. Una
cosa es la presencia crítica en las instituciones -incluso entrar en
ellas para derribarlas desde dentro- y otra bien distinta contribuir a
su consolidación, que es lo que hace IU al aceptar su presencia en el
CGPJ gracias a un sistema de reparto de cargos propio de la cultura de
la Transición..."
PP y PSOE acaban de pactar la renovación y nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),
el máximo órgano de gobierno de la judicatura. Según la legislación
vigente, el CGPJ se compone de veinte vocales, elegidos todos ellos por
el parlamento por mayoría de tres quintos, diez por cada cámara, de
entre los cuales doce han de provenir de la carrera judicial y ocho ser
juristas de reconocido prestigio.
En principio, este hecho no
resulta sorprendente y, por tanto, no sería reseñable ni tan siquiera
como noticia. Se trata del enésimo pacto que suscriben estas dos fuerzas
políticas, garantes del llamado espíritu de la Transición. La Constitución de 1978 estableció una limitada democracia representativa de tenor mayoritario, que permite a los dos grandes partidos -PSOE y PP, antes UCD- repartirse los cargos (y
sus correspondientes prebendas) en instituciones como Tribunal
Constitucional, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, y así hasta un
largo etcétera.
Tampoco sorprende que en este caso concreto el PSOE haya entrado en el pacto y reparto de vocales, aun cuando tiene recurridos ante el Tribunal Constitucional varios aspectos de la reforma del CGPJ aprobada
este mismo año bajo el dictado del ministro Ruiz Gallardón. Quizá
pudiera parecer un tanto incoherente. Pero no. El PSOE es un partido de
Estado que sabe que el mantenimiento del régimen nacido de la Transición
necesita de su participación activa en los consensos con el PP. Aunque
en ocasiones discrepen sobre algunos asuntos, cuando se trata de cosas
serias -léase la reforma del art. 135 de la Constitución- poco les
cuesta ponerse de acuerdo.
Asimismo, no es extraño que hayan entrado en el pacto partidos como CiU y PNV,
dado que estos se presentan como fuerzas de Estado y de consenso
siempre que les conviene a sus intereses. Desde 1978 han sido varias las
ocasiones en que tanto unos como otros se han ofrecido a garantizar la
gobernabilidad de las instituciones estatales. A cambio, claro está, de
notables beneficios en sus particulares y partidistas negociaciones con
el Estado.
Lo soprendente es que en este caso concreto sea Izquierda Unida quien
haya entrado en el pacto, obteniendo así un puesto en el reparto de
vocales del CGPJ. Resulta difícil entender cuáles son las razones que
llevan a esta fuerza política a participar en un juego que normalmente
-y con buenas razones- suele criticar.
La explicación dada por sus dirigentes insiste
en que su presencia en el pacto, por un lado, implica el avance del
pluralismo parlamentario frente al bipartidismo y, por otro, servirá
para un mejor funcionamiento del Consejo.
El escaso peso que
tendrá IU en el nuevo CGPJ (un vocal de veinte, recuérdese) genera
serias dudas sobre la posibilidad real de mejorar el funcionamiento de
un órgano que históricamente se ha dedicado a servir de altavoz y correa
de transmisión de los intereses del PP. Seguirá siendo así sin duda
alguna. De asegurarlo se ha encargado la última reforma legal dirigida
por Ruiz Gallardón, según la cual tan solo seis de los vocales del CGPJ
ejercerán el cargo con dedicación exclusiva. Estos seis son los vocales
que compondrán la comisión permanente del Consejo, que dirigirá la
institución y donde es más que previsible que el PP imponga su mayoría
absoluta. Por eso IU se opuso, con buen criterio, no solo a esta
reforma, sino en general a que los partidos mayoritarios se repartan
instituciones como el CGPJ. Y por eso sorprende, aun más si cabe, su
decisión de entrar en el reparto.
Es irreal pensar que en este
marco la vocal propuesta por IU pueda variar un ápice el funcionamiento
del Consejo. Aunque sea una voz crítica, tan solo servirá para legitimar
las decisiones alcanzadas por este órgano y, sobre todo, el sistema de
elección de sus vocales en el que IU gustosamente ha participado. Una
cosa es la presencia crítica en las instituciones -incluso entrar en
ellas para derribarlas desde dentro- y otra bien distinta contribuir a
su consolidación, que es lo que hace IU al aceptar su presencia en el
CGPJ gracias a un sistema de reparto de cargos propio de la cultura de
la Transición.
La decisión de IU le aleja de la (buena) estrategia
política de confrontación radical con el régimen que parecía haberse
asumido por sus militantes y dirigentes. Una estrategia que, en los
últimos tiempos, le ha llevado a conectar con los movimientos sociales y
ciudadanos que demandan la apertura de un proceso constituyente como
única vía de salida a la crisis de sistema en que vivimos, y que ven
razonablemente a esta fuerza política como un aliado imprescindible en
su camino. Sin embargo, esta decisión le resta credibilidad en la calle y
da aire al bipartidismo, a los pactos de Estado, a los consensos y a
los guardianes del marco constitucional diseñado en 1978. Convendría que
IU rectificase y retomase el rumbo lo antes posible.
Notal final dedicada al movimiento memorialista
Entre
los futuros vocales del CGPJ se encuentra Clara Martínez de Careaga, de
la órbita del PSOE y de Jueces para la Democracia. Esta magistrada fue
la ponente y autora del auto de la Sala de lo Militar del Tribunal
Supremo por el que se rechazó el recurso presentado por la familia de
Miguel Hernández para lograr la revisión de la sentencia del infame
consejo de guerra que condenó a muerte al poeta comunista. ¡Qué pena que
IU vote a favor de la promoción de esta magistrada!
Rafael Escudero es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Autor del libro Modelos de democracia en España 1931 y 1978 (Ed. Península, 2013)
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