Si entráis en la web de la Coordinadora
para la Prevención y Denuncia de la Tortura
(www.prevenciontortura.org), integrada por más de cuarenta
organizaciones de todo el Estado español, encontraréis, entre otras
cosas, el último informe de la CPDT, que revela que, en 2013, 527
personas denunciaron haber sido torturadas por funcionarios de los
cuerpos
de seguridad del Estado. Teniendo en cuenta que denunciar
torturas es tan difícil como arriesgado, pues la policía amenaza
sistemáticamente con contradenunciar a las víctimas por supuestas
agresiones, y considerando, además, que la confianza de la población en
las instituciones que deberían castigar estos delitos es cada vez
menor, podemos afirmar que los casos reales son muchos más que los
denunciados, lo que significa que varias personas son torturadas
impunemente cada día en comisarías, cuartelillos y prisiones. Y a este
dato escalofriante hay que añadir otro aún más terrible: en 2013 se
produjeron 47 muertes bajo custodia policial, muertes que en lo que va
de siglo ascienden a 583.
La tortura, la más repugnante forma de
represión y de abuso de poder, es obviamente incompatible con el Estado
de derecho, y por eso su práctica sistemática nunca es reconocida.
Pero negar la evidencia de la tortura es cada vez más difícil. Cada vez
requiere mayor cinismo por parte del poder y mayor necedad por parte
de quienes se creen sus mentiras y omisiones, pues el conocimiento de
los hechos objetivos -los obstinados hechos- está, cada vez más, al
alcance de cualquiera que tenga acceso a un ordenador. Hoy día, negar
la tortura es como negar el Holocausto: requiere el mismo grado de
obcecación o perversidad.
Hace tan solo quince o veinte años, para comprobar que la tortura es una práctica sistemática e impune (lo que equivale a decir que es una estrategia política), había que emprender una difícil labor de investigación. Pero en la actualidad las evidencias son tan abrumadoras como fácilmente accesibles, y negarse a verlas o a sacar las conclusiones pertinentes equivale a ser cómplice de la mayor de las infamias. Basta con leer los informes de organizaciones tan poco sospechosas de radicalismo como Amnistía Internacional o la propia ONU para darse cuenta de que algo huele a podrido en nuestra supuesta democracia.
Hace tan solo quince o veinte años, para comprobar que la tortura es una práctica sistemática e impune (lo que equivale a decir que es una estrategia política), había que emprender una difícil labor de investigación. Pero en la actualidad las evidencias son tan abrumadoras como fácilmente accesibles, y negarse a verlas o a sacar las conclusiones pertinentes equivale a ser cómplice de la mayor de las infamias. Basta con leer los informes de organizaciones tan poco sospechosas de radicalismo como Amnistía Internacional o la propia ONU para darse cuenta de que algo huele a podrido en nuestra supuesta democracia.
Por eso en un futuro inmediato
asistiremos, con respecto a la tortura, a un cambio de estrategia.
Cuando ya no sea posible negarla -y ya no lo es-, se intentará
minimizarla. No es casual que en los últimos tiempos empiecen a verse
en la televisión ignominiosas escenas de malos tratos grabadas por las
cámaras instaladas en comisarías y cuartelillos, y tampoco es casual
que algunos casos de corrupción y abusos policiales sean aireados
insistentemente por los medios de comunicación. Cuando los síntomas ya
no pueden ocultarse, se intenta falsear el diagnóstico. Ahora
pretenderán hacernos creer que los casos de brutalidad policial son
aisladas excepciones que confirman la regla democrática, y que la ley
los persigue con el mayor rigor.
Ahora que la negación ya no es posible,
los cuatro poderes (el legislativo, el ejecutivo, el judicial y el
mediático) intentarán relativizar la tortura y los malos tratos
centrando la atención en algunos casos cuidadosamente elegidos, con la
esperanza de que los árboles nos impidan ver el bosque.
Pero no lo
conseguirán: se puede engañar una vez a todo el mundo y todas las veces
a una persona; pero no se puede engañar todas las veces a todo el
mundo. Hay demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas acusaciones
no desmentidas, demasiadas imágenes imborrables de rostros desfigurados
y cuerpos ultrajados, demasiados testimonios tan estremecedores como
el de Amaia Urizar, violada por un guardia civil con una pistola (1). Y
hoy, gracias a internet, articular en un cuadro coherente y
significativo los datos que el poder intenta dispersar está al alcance
de cualquiera. Para no enterarse de lo que sucede, ya no basta con
mirar hacia otro lado: hay que taparse los ojos y las orejas, como los
monos de Confucio. Y hay que taparse la boca con ambas manos para no
gritar pidiendo la cabeza de los culpables.
Para terminar, leeré un resumen de mi
intervención en las Jornadas sobre la Prevención de la Tortura
celebradas en Barcelona en 2006, cuyos argumentos, por desgracia,
siguen plenamente vigentes:
La impunidad de la tortura la convierte
en una cuestión política. Si la tortura no quedara sistemáticamente
impune, estaríamos frente a un problema fundamentalmente legal: se
trataría, en el marco de un Estado de derecho, de velar por la adecuada
aplicación de las leyes que permitieran combatirla eficazmente. Pero
los torturadores casi nunca son condenados, y las pocas veces que lo
son, no cumplen las penas (que, además, suelen ser ridículas).
Y esta
impunidad sistemática (o sistémica, puesto que es una estrategia del
sistema tendente a quebrar toda forma de disidencia) solo es posible
con la complicidad de los tres poderes -el legislativo, el ejecutivo y
el judicial-, junto con la del llamado “cuarto poder”: los medios de
comunicación, que con su silencio y sus tergiversaciones contribuyen de
forma decisiva a ocultar esta gravísima lacra social (y política,
sobre todo política) a los ojos de la opinión pública.
Por lo tanto, quienes pretendemos
erradicar la tortura no estamos trabajando por mejorar una democracia
imperfecta, pero democracia al fin y al cabo, como creen algunos:
estamos luchando, simple y llanamente, contra el terrorismo de Estado, y
nuestra lucha solo puede adquirir pleno significado y plena eficacia
en el marco de una batalla política que, en última instancia, es una
guerra sin cuartel contra la barbarie capitalista.
Esta batalla se libra en varios frentes,
y uno de los más importantes es el de las ideas, es decir, el de las
palabras. El mero hecho de hablar de “democracia” en un país en el que
se tortura impunemente, es un insulto a los miles de víctimas directas
del terrorismo de Estado. El mero hecho de aplicar el término
“terrorista” exclusivamente a quienes se defienden del terrorismo de
Estado, es un insulto a la razón (e incluso al diccionario, donde se
dice claramente que terrorismo es la dominación mediante el terror, no
cualquier acción que cause dolor o alarma social desde la
clandestinidad). Esto no significa, ni mucho menos, que todas las
reacciones contra el terrorismo de Estado sean justificables; pero
llamar, por ejemplo, “terroristas islámicos” a quienes se defienden
como pueden del terrorismo judeocristiano, es una forma de terrorismo
lingüístico. Por no hablar de la demonización de ETA y de su supuesto
“entorno”. Como dice Alfonso Sastre, se llama “terrorismo” a la guerra
de los pobres y “guerra” al terrorismo de los ricos.
En un momento en el que la dominación se
ejerce con las palabras tanto como con las armas, tenemos la
obligación moral y política de desarrollar, articular y difundir un
discurso alternativo. Y de no permitir que se demonice a quienes,
víctimas de las palabras y de las armas del poder, no se resignan a
defenderse solo con las palabras.
(1) Cf. Si yo fuera guardia civil: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=9537
** Resumen de la ponencia presentada en la mesa redonda La tortura, ¿delito o arma de guerra? en la Semana Negra de Gijón.
Info relacionada:
Presentación del informe sobre la tortura y malos tratos en Andalucía en 2013
Andalucía, 10 de julio de 2014
La tortura y los malos tratos existen en Andalucía
Presentación del informe sobre la tortura y malos tratos en Andalucía en 2013
La Coordinadora para La Prevención y Denuncia de la Tortura, que está integrada en Andalucía por el Grupo 17 de marzo-Sociedad Andaluza de Juristas, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la Federación Andaluza ENLACE
ha presentado el Informe sobre la Tortura en Andalucía durante el año
2013, en el que se recogen todas las informaciones sobre malos tratos y
torturas de personas privadas de libertad o en la propia detención en
esta Comunidad Autónoma.
Conclusiones preliminares de la Comisión de Derechos Humanos que ha visitado Melilla entre el 3 y el 6 de Junio de 2014
Integrantes
de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIES, de la Coordinadora
Estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura, del Grupo de Acción
Comunitaria, y del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de
la Universidad de Barcelona hemos constituido una comisión de
Observadores de Derechos Humanos que ha visitado Melilla entre el 3 y el
6 de Julio. Desde esta Comisión elevaremos dentro de 15 días, ante la
gravedad y urgencia de la situación que nos hemos encontrado, un Informe
ante el Sub-Comité de Prevención de la Tortura de la ONU así como ante
el Comité Europeo de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. A
través del cual se les solicitará que realicen una visita urgente para
que evalúen directamente las vulneraciones de derechos en que están
incurriendo los Estados Español y Marroquí.
Desde
la Comisión, como conclusión de esta visita, queremos trasladar al
conjunto de la sociedad nuestras conclusiones preliminares, las cuales
serán desarrolladas debidamente en el Informe. Cabe destacar que en su
trabajo la Comisión nos hemos reunido con diversas organizaciones
locales que trabajan por la protección de los derechos humanos en la
zona, entrevistado con personas que están en el CETI, realizado
acompañamientos a personas enfermas a centros sanitarios, y recorrido el
perímetro fronterizo.
Manifiesto para la erradicación de la tortura y los malos tratos
Con ocasión de la celebración del Día Mundial de Solidaridad con las
Víctimas de la Tortura, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de
la Tortura y otras organizaciones (AEDIDH, AEN, APDHE, OIDHP y RIS) han
suscrito un manifiesto para recordar al Gobierno español que la
erradicación de los tratos crueles, inhumanos o degradantes en el ámbito
de las instituciones estatales todavía sigue siendo un reto pendiente.
El manifiesto contiene diversas recomendaciones que deberían ser puestas en práctica inmediatamente si hubiere voluntad real de erradicar la tortura en el Estado español. Estas medidas se refieren a:
El manifiesto contiene diversas recomendaciones que deberían ser puestas en práctica inmediatamente si hubiere voluntad real de erradicar la tortura en el Estado español. Estas medidas se refieren a:
- La falta de adecuación al derecho internacional de la definición de tortura del Código Penal
- La necesidad de Investigación, condena y reparación de los actos de tortura
- La Criminalización de la protesta y abusos policiales en manifestaciones
- La Video-vigilancia en comisarías
- El régimen de detención incomunicada
- La Asistencia letrada en caso de detención y habeas corpus
- Las medidas antiterroristas y derechos humanos
- La situación de los Centros de internamiento de extranjeros (CIE)
Mesa Redonda: La Abogacía frente a la Tortura
La Asamblea General ONU, en Diciembre de 1997 proclama el 26 de
junio Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas
de la Tortura, con vistas a la erradicación total de la tortura y a la
aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor el 26 de
junio de 1984.
Fecha: Jueves, 26 de Junio de 2014
Horario: De 12: a 14:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Abogados de Madrid
c/ Serrano nº 9, 1º Planta
Modera:
Dª PALOMA SORIA MONTAÑEZ (Sección Derechos Humanos ICAM)
Intervienen: D. JORGE DEL CURA ANTON(Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura) Dª VIRGINIA ALVAREZ SALINAS (Amnistía Internacional) D. ANTONIO SEGURA HERNANDEZ (Abogado) D. ANDRES JIMENEZ RODRIGUEZ (Coordinador Mecanismo Prevención. Defensor del Pueblo)
Ver programa: 20140626-JORNADA TORTURA
Fecha: Jueves, 26 de Junio de 2014
Horario: De 12: a 14:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Abogados de Madrid
c/ Serrano nº 9, 1º Planta
Modera:
Dª PALOMA SORIA MONTAÑEZ (Sección Derechos Humanos ICAM)
Intervienen: D. JORGE DEL CURA ANTON(Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura) Dª VIRGINIA ALVAREZ SALINAS (Amnistía Internacional) D. ANTONIO SEGURA HERNANDEZ (Abogado) D. ANDRES JIMENEZ RODRIGUEZ (Coordinador Mecanismo Prevención. Defensor del Pueblo)
Ver programa: 20140626-JORNADA TORTURA
Por el fin de la detención incomunicada
NOTA DE PRENSA
Ayer día 10 de junio sobre las 3:00 de la madrugada la Guardia Civil
irrumpió en el domicilio de Galdakao (Bizkaia) Tomás Madina Etxebarria
tirando la puerta abajo. En ese momento fue detenido e incomunicado y
seguidamente procedieron al registro de la vivienda dejando a su familia
en la calle mientras duró el mismo. Posteriormente le trasladaron a su
lugar de trabajo donde el registro se prolongó hasta las 15:30 horas.A partir de entonces tanto la familia como los abogados de confianza desconocen dónde y en qué situación se encuentra Tomás a manos de la Guardia Civil y el juzgado se niega a dar ningún tipo de información. Por parte de la familia se solicitó el Habeas Corpus y la aplicación de las medidas preventivas contenidas en el denominado Protocolo de Garzón. El Habeas Corpus ha sido denegado por parte del juez de guardia Eloy Velasco argumentando en su Auto que el detenido está siendo visitado por el médico forense de la Audiencia Nacional y que no existen indicios de malos tratos. La solicitud de las medidas de prevención no ha obtenido respuesta.
Ante esta situación, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura quiere manifestar lo siguiente:
Sin tener aún ninguna noticia sobre el estado de Tomás Madina Etxebarria detenido e incomunicado ayer por la Guardia Civil, debemos mostrar nuestra preocupación por el trato que pueda estar padeciendo.
En este sentido, exigimos que se tomen medidas con carácter urgente en aras a poder evitar una nueva situación de tortura, siendo la primera de ellas el fin de la incomunicación. Sin embargo, y mientras ésta perdure, solicitamos que se apliquen las siguientes medidas urgentemente:
- Que el detenido sea llevado inmediatamente ante el juez.
- Que se grabe mediante cámaras todo el período de incomunicación.
- Que el detenido pueda ser visitado por sus médicos de confianza y que éstas visitas sean privadas y confidenciales.
- Que el detenido pueda ser asistido por un abogado de su confianza.
- Que se informe a los familiares sobre el estado y lugar donde se encuentra el detenido.
11 de junio de 2014
La Tortura en el Estado español, 2013 – Nuevo Informe
Esta mañana se presentó en Madrid el 10º informe anual de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura:
Para ver el informe completo: Informe 2013
Para ver el resumen: Info CPDT 2013 – resumen
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