Víctima Nº….Sergio Lemos, 18 años. Santa Catalina, Montevideo, Uruguay, noviembre 2013
Por: José Luis Vázquez: Derechos Humanos torcidos e
inhumanos. Los crímenes de Estado del Frente Amplio. Una sola muerte en
una cárcel involucra a los tres Poderes del Estado y en Uruguay suceden
muchas.
Una ejecución extrajudicial o extralegal es, según el derecho internacional humanitario,
un caso de violación a los derechos humanos que consiste en el homicidio de manera deliberada de una persona por parte de un servidor público que se apoya en la potestad de un Estado para
justificar el crimen. Pertenece al género de los delitos contra
personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario.
UN JOVENCITO DE 18 AÑOS, TERCERA VÍCTIMA MEDIANTE EJECUCIÓN EXTRAJUIDICIAL
INSURGENTE: El pasado lunes en un barrio pobre y de trabajadores del
oeste de Montevideo, Uruguay (Santa Catalina) un Policia Militarizado de
la Guardia Republicana acribillo a tiros a un jovencito de 18 años.
Según el relato de los vecinos que vieron el hecho; hubo un asalto a un
comercio y los asaltantes eran ajenos al barrio. Pero viajaban en moto.
En determinado momento el policía estaba tomando declaración a la
propietaria del comercio cuando aparece un jovencito cualquiera
rápidamente en una moto pasando por detrás del Policía. El funcionario
se dio vuelta sacó su pistola 9 mm y la descargó totalmente. Según los
vecinos disparó 11 tiros uno detrás de otro. No hubo voz de alto, ni
peligro alguno para el policía.
Según los vecinos le disparó por la espalda y el jovencito cayó
muerto con varios impactos de bala en la espalda. Los vecinos dicen que
la mayoría de los impactos dieron en el blanco. El informe forense dice
que fueron tres impactos que ingresaron efectivamente por la espalda.
Insurgente habló con Noelia, una jovencita de 18 años que vio todo:
“lo ejecutaron los milicos asesinos, corruptos, hijos de puta. El dio
vuelta en la esquina y el policía sacó y tiró, inmediatamente vinieron
otros policías en Camioneta y yo corrí para avisar a sus padres. Cuando
pasé entre los policías ellos estaban hablando y sentí que decían que
iban a plantarle un fierro. Corrí y se lo dije a los padres” dijo
Noelia. Plantarle un fierro quiere decir que modificarían la escena del
crimen para decir que el policía disparó en defensa propia.
InSurGente pregunta a Alba Ibarra su opinión: “Esto es la continuidad
de la Impunidad en Uruguay. Lo ejecutaron por ser joven y vivir en un
barrio pobre”.
Todos conocían al joven. Sergio Lemos, 18 años, dos hermanos, hijo
del Chino Lemos y de Graciela. No era ladrón, familia de trabajadores,
Sergio ayudaba a su padre en una pequeña barraca de materiales de
construcción y hacia una semana que estaba trabajando en una fábrica
industrial de pescado. Estaba contento porque al otro día sería la
primera vez que tomaría contacto con una suma de dinero importante.
El Policia Militarizado también lo conocía, porque hacía Guardias en
el barrio y “en el barrio nos conocemos todos”, dicen los vecinos.
No habían pasado muchas horas del hecho cuando el Ministro del
Interior, Eduardo Bonomi (Tupamaro) ex preso político, decía por todos
los canales de TV que “el policía disparó para responder la agresión del
joven, que había disparado primero un revólver calibre 38 especial. Se
confirmaba la versión de Noelia.
La versión del policía en el Juzgado uruguayo fue que le avisaron por
radio que el ladrón andaba en moto con una vestimenta igual a la que
tenía Sergio. Dijo que cuando vio venir la moto y la misma ropa,
inmediatamente vio un fogonazo, lo que le dio la pauta que le estaba
disparando y respondió.
SE DESATA LA IRA VECINAL
Los vecinos del barrio Santa Catalina y los amigos de Sergio no
demoraron en tomar el barrio y emprender una protesta agresiva pero
espontánea contra los policías, tiraban piedras, hicieron barricadas en
las calles e incendiaron oficinas de multinacionales que se instalarán
en la zona.
La policía acudió con tanquetas, dispararon armas con balas reales y
escopetazos con cartuchos calibre 12 que en su interior contienen 25
balines. Los gases lacrimógenos fueron incontables decenas de
jovencitos, y madres y padres fueron heridos.
InSurGente pregunta a otra vecina, Rossana Vecino: ¿qué pasó Rossana?
Rossana: “Fue una manifestación de protesta espontánea, bronca,
rabia, indignación….” (..) “nos mataron a un botija del barrio, joven,
trabajador….no sé qué más decirte”
Otra jovencita se acerca, es Yamira, tiene apenas 17 años: “son unos
asesinos, me arrojaron gases lacrimógenos y me ahogaba, tuve que
envolverme la cabeza con una toalla mojada porque parecía que me moría y
no podía respirar”…”otro chico me sacó del lugar, pedimos permiso para
ingresar en una casa y nos dejaron entrar” dice la jovencita.
Muchos vecinos ante la represión sanguinaria de la policía ofrecían
sus casas para que la gente se refugiara. “Sí, pero los milicos tiraban
gases para adentro de las casas” me dice Yamira.
Y Rossana agrega: “no fueron solo gases y balas, cuando eran como las
3 de la madrugada los milicos parecían estar drogados o borrachos,
estaban con tanquetas y carros de combate y la mayoría éramos madres y
jóvenes y nos gritaban insultos irrepetibles”
InSurGente: ¿Qué tipo de Insultos?
Rossana: “eran insultos y amenazas: Vengan putas, salgan putas vengan
que las vamos a matar a todas, tenemos rodeado el barrio” gritaba la
policía.
Dos dias el barrio cerrado porque los vecinos lograron expulsar a la
policía (con ayuda de los medios) y cerraron el ingreso al transporte
colectivo de pasajeros. La policía estaba con el rabo entre las piernas
porque el asunto era indefendible.
EL MINISTRO DEL INTERIOR AFIRMA EXACTAMENTE LO CONTRARIO A LO QUE DIJO 10 HORAS ANTES
El Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, volvió a salir en
los canales de TV señalando todo lo contrario a lo anterior: “Quiero
decir que Sergio no estaba armado, nunca disparó al policía y que otros
policías plantaron un arma para modificar la escena del hecho” dijo el
ministro.
El Presidente de la República, José Mujica, dijo que a los policías
“se les fue la mano”, Bonomi volvió a salir en TV y dijo que “se pasaron
de la raya”.
El policía que asesinó al joven fue tipificado con un delito por
Homicidio simple. Estará 24 meses en prisión. Los otros tres policías
fueron dejados en libertad, a pesar que habían sido los que plantaron el
arma para defender al asesino. Las investigaciones siguen.
La abogada de la familia de Sergio Lemos, Mariel Fagián dijo que si
no apela el fiscal apelará ella. No está de acuerdo con el Homicidio
simple. Reclamará Homicidio especialmente agravado. Los vecinos siguen
furiosos.
El Ministro Bonomi quiere relativizar las protestas del barrio,
diciendo que existen móviles políticos varios de distintas folosofías de
la izquierda combativa o radical. Sin embargo lo que sucede es la ira
de los vecinos porque la policía ejecutó a un jovencito inocente,
trabajador y de una familia constituída como ordenan “las buenas
costumbres y cultura uruguaya”.
El país se conmovió por este hecho durante tres dias. Pero como todas
las cosas en este mundo capitalista insensible, al cuarto día el tema
desapareció de los primeros planos. Los noticieros parecen haberse
olvidado que Sergio está muerto y enterrado. Que hay una madre, un
padre, hermanos, en fin, una familia destruída, y un barrio
conmocionado. Pero un país que suele olvidar con facilidad cuando
comienzan las comedias de la tarde o cuando habla el Presidente José
Mujica para decir la estupidez del día.
OTRO CASO
Hace unos cuántos dias (22 de octubre) hubo un motín en la cárcel de Santiago Vázquez a 15 kilómetros de la capital, Montevideo.
Los amotinados habían tomado el Módulo uno del
establecimiento. Llegó la policías antimotines y comenzó a disparar sus
armas desde el techo del Módulo 2. Primero dijeron que eran balas de
goma. Después se confirmó que no. Eran balas reales. Hubo dos muertos.
Testigos que desde fuera estaban comunicados por teléfono
móvil con los reclusos mientras los policías disparaban afirman que
escuchaban a los presos pedir por favor que no dispararan más y que
querían dialogar; pero los policías no solo no contestaban, sino que
seguían disparando sus armas. Los testigos afirman haber escuchado, al
menos 200 estampidos a través del teléfono.
El Comisionado Parlamentario para el Sistema
Penitenciario, Álvaro Garcé, aseguró que la muerte de los dos reclusos
del COMCAR, ocurridas tras el último motín, constituyen “ejecuciones
extrajudiciales, ordenadas y cumplidas por fuera de la línea de mando”, y
remarcó que existió “riesgo objetivo de causar una masacre”.
Según el Comisionado Parlamentario para el Sistema
Carcelario, Alvaro Garcé, (un abogado que funciona como enlace entre los
legisladores y el Sistema Carcelario) dijo que se pudo constatar que
los policías dispararon 1.475 proyectiles letales y que “jugaron al tiro
al blanco” con los reclusos.
Garcé presentó este jueves un informe ante el
Parlamento sobre el motín del pasado 22 de octubre en el COMCAR, en el
que fallecieran dos reclusos.
Los dos internos fallecidos fueron: Alejandro Landaburu, de 39 años,
procesado por un delito de violación de domicilio, y Claudio Techera de
28 años, procesado por hurto especialmente agravado.
En su informe, Garcé expresa que el “uso de armas de fuego para
disparar con munición letal y en forma indiscriminada desde las azoteas
del módulo 2, transgredió todas las normas de actuación legal
someramente repasadas, desde la primera a la última”.
Asegura que ello perfila una “actuación criminal que desembocó
directamente en dos ejecuciones extrajudiciales, y que, por la magnitud
de la acción, pudo generar un desastre”.
Más adelante el comisionado para el sistema carcelario explica por
qué las dos muertes constituyeron ejecuciones extrajudiciales.
“Se podría decir que se está ante una ejecución extrajudicial, cuando
un agente perteneciente a los cuerpos de seguridad del Estado, en
ejercicio de su cargo, priva arbitrariamente de la vida a una o más
personas”, sostiene Garcé.
También aclara que “la ejecución extrajudicial no se encuentra
prevista como figura autónoma en nuestro derecho penal, por lo que, en
los casos aquí informados la figura incriminable es la del homicidio”.
Hay cuatro escopeteros identificados, pero aún no hay decisiones.
ONU CRITICA A URUGUAY (30 DE OCTUBRE DE 2013)
El Comité de Derechos Humanos de la ONU consideró que el fallo de la
Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional artículos claves
de una norma que permitía juzgar los crímenes de la dictadura es“contrario” a la legislación internacional sobre los derechos humanos.
Este criterio del organismo de Naciones Unidas se basa en el hecho de que el fallo en cuestión “no reconoce” que
los crímenes de lesa humanidad y otras graves violaciones de los
derechos humanos -como desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones
extrajudiciales- no pueden prescribir.
ONU está criticando la ley de Impunidad que rige en el país e impide
hacer justicia mediante el juzgamiento de todos los militares que
violaron los DDHH en Uruguay, durante la última dictadura militar.
Como otros cuatro países, Uruguay compareció en la última sesión del
comité para explicar cómo aplica el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos.
En su informe final, con sus conclusiones y recomendaciones, el
comité insiste ante Uruguay en la necesidad de que encuentre en el caso
del fallo de inconstitucionalidad “una solución que se ajuste plenamente a sus obligaciones según el pacto”.
A este respecto, le recuerda al país que “las amnistías son generalmente incompatibles con la obligación de los Estados de investigar actos de tortura”.
Tampoco pueden eximir -agrega el comité- a los autores de torturas, ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas “de su responsabilidad jurídica personal”.
En una conferencia de prensa en la que los miembros del comité
comentaron sus principales preocupaciones sobre cada uno de los países
examinados, el jurista Fabián Salvioli sostuvo que la sentencia de la
Suprema Corte uruguaya “contradice las obligaciones del Estado de
investigar, juzgar y condenar graves violaciones de los derechos humanos
cometidos durante el gobierno militar”.
“Queremos recordar al Estado que todos sus órganos, el poder
ejecutivo, el legislativo y el judicial están obligados a cumplir con
las disposiciones del pacto, cuando el Estado lo ha ratificado”, señala el documento.
En su informe, el comité de la ONU también afirma haber tomado nota de las explicaciones que la delegación gubernamental le dio “sobre el alcance de la declaración de inconstitucionalidad que, en principio, se limitaría al caso concreto en que se planteó”.
A este respecto, el presidente del comité, Nigel Rodley, manifestó
que este órgano ha buscado transmitir un mensaje directo al Poder
Judicial, que señaló como la parte del Estado “que se ha puesto en una situación de violación de sus obligaciones” y a la que se está pidiendo que reconsidere su decisión.
Por otra parte, Salvioli dijo que las condiciones carcelarias “siguen siendo un problema grave en Uruguay”, principalmente por la “gran cantidad de personas detenidas sin condena”, lo que ha generado una “superpoblación carcelaria”.
Para resolver esta situación, el comité recomendó
a Uruguay introducir cambios en el Código de Procedimientos Penales y,
de manera general, “limitar el periodo legal de prisión preventiva”.
Otra de las preocupaciones destacadas por el jurista fue la necesidad
de vigilar el problema de la violencia doméstica, así como investigar y
castigar los casos de discriminación “por motivos de orientación sexual e identidad de género”.
Salvioli elogió a Uruguay por haber aceptado participar en un
procedimiento voluntario por el que respondió directamente a un
cuestionario que le hizo llegar el comité, “lo que ha sido muy útil, valioso e importante para el diálogo que tuvimos”, señaló.
La Directora del Instituto de Derechos Humanos de Uruguay, Mirtha
Guianze, señaló que con la actual autoridad de la Suprema Corte de
Justicia de Uruguay hemos retrocedido decenas de años. No reconoce los
crímenes de lesa humanidad, desconoce que ese tipo de delitos no
prescriben y además, están violando lo que Uruguay ha firmado en materia
internacional.
Mirtha Guianze señala que Uruguay en esta administración “muestra
hacia afuera el Matrimonio Igualitario y la Despenalización del aborto
como adelantos importantes en materia de DDHH, pero en verdad adentro
del Uruguay existe un Retroceso impresionante en esa materia. La Suprema
Corte es Retrógrada” afirmó.
12 presos mueren calcinados en la cárcel departamental de Rocha (año 2010) y el mismo gobierno.
Jueves 8 de julio. Apenas por un momento la selección uruguaya de
fútbol dejó de ocupar la atención mediática. Como en cualquier día
anterior al campeonato mundial de Sudáfrica, la "crónica roja" volvió al
centro de los impúdicos noticieros televisivos.
Esta vez como tragedia de espantosa magnitud. En la cárcel del departamento de Rocha (unos 250 kilómetros de Montevideo), doce presos murieron calcinados y otros ocho quedaron heridos, tres de ellos muy graves. Nada que pueda sorprender. El 1º de enero de 2009, en el Penal de Libertad (San José) los muertos por quemaduras habían sido dos; el 24 de agosto del mismo año, en el Comcar (Montevideo), cinco presos habían fallecido por el fuego. En todos los casos, la guardia policial llegó "demasiado tarde". Un eufemismo para eludir la verdad: les aplicaron una pena de muerte extrajudicial.
Un espeluznante video filmado desde el celular de un preso da cuenta del horror. La desesperación y la impotencia ante la muerte que acecha a sus compañeros de reclusión. Los gritos desgarradores que claman por el rescate. Ningún guardia-cárcel abre los cerrojos, ninguna autoridad presente en el lugar. Los bomberos que se demoran. El video es una prueba demoledora contra el Estado infractor y su criminal violación de los derechos humanos.
Según las fuentes más confiables el siniestro ocurrió en la madrugada, cuando un calefactor de fabricación casera (para abrigarse del frío invernal) tomó contacto con las frazadas y mantas que se utilizaban como paredes o mamparas para separar un bloque de otro en el sector Nº 2 del establecimiento penitenciario. En “pocos minutos” el fuego había consumido las camas de madera, los colchones de polifón, los recipientes de plástico. El saldo es desolador: doce presos muertos y ocho heridos. “Los cuerpos calcinados de cuatro presos fueron encontrados en el baño, cuando intentaban escapar de las llamas por la ventana. Los ocho que salvaron su vida lo consiguieron porque abrieron las canillas y se pusieron debajo del agua”. (1) En el lugar había dos extintores de fuego como prevención de un incendio…pero ninguno estaba cargado.
La cárcel de Rocha - un vetusto edificio construido hace 100 años - ocupa el segundo lugar en el ránking de penales más hacinados del país. Cuenta con 70 plazas y aloja a 174 “reclusos”, dijo el comisionado parlamentario Álvaro Garcé en su último informe de agosto del año pasado. Es decir, tenía un hacinamiento de un 290%. La mayoría de los presos fallecidos eran jóvenes (entre 18 y 25 años de edad) y oriundos de Rocha.
Entre 2009 y la fecha, murieron 79 presos y presas por “causas violentas”. La situación llegó al límite de lo “aceptable”. A tal punto que la tragedia de Rocha ocurre mientras en el Senado se encuentra para su aprobación el proyecto de “Ley de Emergencia Carcelaria” enviado por el gobierno. Bajo el discurso de la “humanización carcelaria”, el proyecto prevé la distribución de presos y presas en cuarteles militares y otros establecimientos estatales mientras se construyen “nuevas y modernas cárceles” en “asociación público-privada”, estos es, en la connivencia entre Estado y capitales privados. En todo caso, la “humanización carcelaria” pasará, indefectiblemente, por la órbita del mercado.
Las reacciones oficiales ante lo sucedido en Rocha tampoco han sido una sorpresa. Con la frivolidad que lo caracteriza, el presidente José Mujica pidió “disculpas” a los familiares de los presos por el “horrible” hecho. Y a otra cosa. Su ministro del Interior, el también tupamaro Eduardo Bonomi, le echó la culpa a la “sobrepoblación carcelaria” y salió a defender la actuación de la guardia policial: “si hubieran demorado más estarían todos muertos”. Esto quiere decir que no habrá sanciones para ningún jefe policial. Como mucho, algún chivo expiatorio de bajo rango pagará la “omisión de funciones”. Igual que en otros tantos casos.
Si esta masacre hubiera ocurrido bajo los gobiernos de blancos y colorados, la izquierda y los organismos de derechos humanos estarían reclamando la renuncia del ministro y la remoción de los mandos del sistema carcelario. Y el “castigo a los culpables”. El escándalo político sería mayúsculo. Pero bajo el reino del “progresismo”, todo se trata con “equilibrio” y sin intentar “tomar ventajas políticas de una tragedia”. El clima de “consenso” así lo exige. Ni la “oposición” de derecha se atreve a sacar los pies del plato. Menos aún ahora, cuando se benefician de la repartija de cargos en empresas y bancos públicos, corte electoral y tribunal de cuentas.
En medio del indescriptible dolor, los familiares reclaman justicia. Sus testimonios son una denuncia inapelable.
Susana Cabral, madre de Alejandro Rodríguez, de 26 años, procesado por homicidio afirma: "los dejaron morir, dicen que se les prestó atención, pero ¿cómo pudo ser, si se murieron doce o tal vez trece?". En la puerta de la cárcel de Rocha otra madre de un recluso fallecido en el incendio lloraba a punto de desmayarse. María Pilar Casuriaga, madre de Edison Javier Núñez Casuriaga, de 20 años de edad y proceso por homicidio, gritaba una y otra vez: "¡me hijo murió!". Familiares de las víctimas denunciaron que hubo una demora de una hora y media en la asistencia a los presos debido a que las autoridades de la cárcel no habían aprobado su apertura. (2)
Rubén Cardoso, padre de Ariel Fernando Cardoso dice: "Hubo negligencia de la Policía y de la Cárcel. Estaban a lo perro, calentaban con dos hojas de sierra el agua, dado que hacían un sun (pequeño aparato para calentar el agua). El entierro de mi hijo lo pago yo", dijo en respuesta al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que había anunciado que el Estado se hacía cargo de los costos. Otro padre de un recluso procesado por tráfico de estupefacientes al que le faltaban unos días para salir en libertad, exclamaba ayer en la puerta de la cárcel: "¿Y ahora qué hago? Por fumar cuatro porros estaba en la cárcel y no puede ser que ahora esté muerto. Estoy soñando, no puede ser, no es verdad y ahora qué hago". (3)
El viernes 9, enterraron a sus muertos. Casi en soledad. Apenas unas decenas de familiares, amigos y vecinos los acompañaron. En un departamento gobernado por el Frente Amplio, ninguna muestra de solidaridad. Como patético contraste, la farándula. El “sistema político” prepara el “homenaje” a la selección de fútbol que regresa el lunes de Sudáfrica. En las escalinatas del Palacio Legislativo ya se levantó el imponente estrado. Donde el presidente de la República recibirá a los jugadores de la “hazañoso" cuarto puesto en el mundial de fútbol. Para compartir con ellos el clima de “unión nacional” que una gesta deportiva ha generado. Porque según Mujica, “Es indudable que ha sido un sacudón para la sociedad uruguaya. La selección de fútbol se ha convertido en un elemento de identificación mucho mayor que todos los discursos de la campaña electoral. El país se sintió unido. Es notorio que no hay ninguna otra cosa que nos identifique así”. (4) Todos contentos. Cárceles de la miseria
En el Penal de Libertad, las condiciones de reclusión son “peores que en la cárcel de Black Beach” de Guinea Ecuatorial. (5) Así definía el austriaco Manfred Nowak, relator especial de la ONU sobre la tortura, la situación en la cárcel uruguaya que, bajo la dictadura militar (1973-1985), albergó a miles de presos políticos. Al concluir su visita oficial, del 22 al 27 de marzo 2009, Nowak señalaba en su informe que el Penal de Libertad es "una de las peores cárceles del mundo”, y aconsejó que ese penal "debe ser clausurado lo antes posible".
El emisario internacional dijo en aquella ocasión, que antes de arribar al país sabía que la situación carcelaria era grave, pero lo que encontró fue "mucho peor" de lo que pensó en un principio. "Todos nos quedamos en estado de shock cuando fuimos a ver ‘las latas’ (módulos de acero) del Penal de Libertad donde muchas personas están detenidas en forma abrumadora", dijo el relator de la ONU. Agregó que no estuvo en ningún sitio "donde los detenidos dicen que los tratan peor que los animales; en Libertad muchas personas están encerradas en pequeñas jaulas y no durante horas sino por muchos años". Además, criticó la denominación "Libertad" de ese Penal: es “cínica” para un centro de reclusión "reconocido en el mundo como un sitio donde se practicó sistemáticamente la tortura durante la dictadura. Lamentablemente este penal sigue existiendo y con el mismo nombre".
También indicó que en la mayoría de las cárceles del país, la celdas construidas para 2 o 3 presos albergan hasta 11, con pésimas condiciones higiénicas y de alimentación, con acceso restringido al agua que fuerza a los reclusos a tomarla del inodoro y, como resultado, a usar botellas de plástico o bolsas para hacer sus necesidades fisiológicas. El acceso médico es limitado, por lo que "los presos tienen que infligirse cortes en el cuerpo para poder ver a un doctor". Según las conclusiones preliminares de su informe, la situación de violencia intercarcelaria es "alarmante", y lamentó que el régimen de visitas se vea "socavado" por las "requisas humillantes" a que se somete a detenidos y familiares. Si bien recibió "pocas denuncias de tortura" probadas con exámenes forenses, sí constató "numerosas y creíbles" denuncias de malos tratos y “uso excesivo” de la fuerza por parte de la policía en las cárceles, comisarías y centros de detención de menores y adolescentes.
El lapidario informe del relator de la ONU - que reafirmaba lo que el Servicio Paz y Justicia venía denunciando sistemáticamente - cayó como una bomba en el pacato “sistema político” que se jactaba de ser una excepción “democrática” en América del Sur. Resulta que de un plumazo, el mito de la “Suiza de América”, del “país de clase media”, “integrador y tolerante”, cedió paso al “bochorno tercermundista” de Guinea Ecuatorial.
Al inicio de su mandato (marzo 2005), el presidente Tabaré Vázquez, declaraba el sistema penitenciario en “emergencia humanitaria” y que esa sería una de las prioridades de su gobierno en materia de derechos humanos. Pasaron cinco años y nada cambió. En marzo 2010 asumió la presidencia José Mujica, denunciado la “vergüenza nacional” de la cárceles. Prometió “humanizar” la vida de los presos. Por el momento todo igual. O peor.
Uruguay ha experimentado un significativo aumento de la población carcelaria. Las prisiones uruguayas cuentan con unas 5.000 plazas y alojan a 9.100 personas “privadas de libertad”. “Se trata de un incremento del orden del 270 por ciento. Solamente entre 2007 y 2008, la población carcelaria aumentó en 1.000 personas. Al día de hoy, “la tasa de encarcelamiento es de unos 245 presos cada 100 mil habitantes, bastante por encima del promedio de América Latina, que es de 145 cada 100 mil”. Del total de presos en los distintos establecimientos carcelarios, el 39% son primarios y el 61% reincidentes. De ellos, sólo el 44,4% ha recibido una condena y el resto está en condición de “procesado sin sentencia”. (6)
La población carcelaria se destaca por su baja edad (la mayoría de los presos tiene menos de 30 años) y mala escolaridad. El 58,83% de los encarcelados censados no culminó sus estudios, sean estos del nivel que sean. Los antecedentes laborales de los detenidos muestran la fuerte presencia del desempleo y el empleo precario o del trabajo industrial-secundario: “El 61,35% de la población censada pertenecía a ocupaciones como: obreros, cuenta propia, doméstico, changador, desocupado y subocupado”. (7)
Es decir, los inquilinos de las cárceles uruguayas son, ampliamente, víctimas de la miseria producida por la “fractura social”, o sea, víctimas de la fábrica social de pobres…y de presos. Mejor dicho, blanco de los brutales ataques del capital contra los/as asalariados/as.
Lejos de toda concepción humanista, tanto el “progresismo” como la “oposición” de derecha coinciden más allá de los matices. Proponen más policías, más “vigilancia preventiva”, y endurecimiento de las penas. Y más encierro: construyendo “nuevos módulos carcelarios” y reciclando establecimientos militares que antes sirvieron como campos de concentración de la dictadura
El objetivo “securitario” son, evidentemente, las “clases peligrosas”. Esas que deambulan en medio de la pobreza, entre la “apropiación de lo ajeno” y la limosna. Que “asolan contra los bienes y la propiedad privada” y generan la “inseguridad ciudadana”. Que sobreviven sin sindicatos corporativos que las defiendan, ni convenios colectivos para negociar alguna migaja, ni ámbitos institucionales donde hacer escuchar su voz. Para el discurso dominante, y la estrategia represiva, en el “núcleo duro” de la “pobreza estructural” se concentra el delito. Allí apuntan las políticas de criminalización.
Basta ver la condición social de los presos muertos en Rocha para hacerse una composición de lugar. Todos ellos, hijos de la miseria.
Esta vez como tragedia de espantosa magnitud. En la cárcel del departamento de Rocha (unos 250 kilómetros de Montevideo), doce presos murieron calcinados y otros ocho quedaron heridos, tres de ellos muy graves. Nada que pueda sorprender. El 1º de enero de 2009, en el Penal de Libertad (San José) los muertos por quemaduras habían sido dos; el 24 de agosto del mismo año, en el Comcar (Montevideo), cinco presos habían fallecido por el fuego. En todos los casos, la guardia policial llegó "demasiado tarde". Un eufemismo para eludir la verdad: les aplicaron una pena de muerte extrajudicial.
Un espeluznante video filmado desde el celular de un preso da cuenta del horror. La desesperación y la impotencia ante la muerte que acecha a sus compañeros de reclusión. Los gritos desgarradores que claman por el rescate. Ningún guardia-cárcel abre los cerrojos, ninguna autoridad presente en el lugar. Los bomberos que se demoran. El video es una prueba demoledora contra el Estado infractor y su criminal violación de los derechos humanos.
Según las fuentes más confiables el siniestro ocurrió en la madrugada, cuando un calefactor de fabricación casera (para abrigarse del frío invernal) tomó contacto con las frazadas y mantas que se utilizaban como paredes o mamparas para separar un bloque de otro en el sector Nº 2 del establecimiento penitenciario. En “pocos minutos” el fuego había consumido las camas de madera, los colchones de polifón, los recipientes de plástico. El saldo es desolador: doce presos muertos y ocho heridos. “Los cuerpos calcinados de cuatro presos fueron encontrados en el baño, cuando intentaban escapar de las llamas por la ventana. Los ocho que salvaron su vida lo consiguieron porque abrieron las canillas y se pusieron debajo del agua”. (1) En el lugar había dos extintores de fuego como prevención de un incendio…pero ninguno estaba cargado.
La cárcel de Rocha - un vetusto edificio construido hace 100 años - ocupa el segundo lugar en el ránking de penales más hacinados del país. Cuenta con 70 plazas y aloja a 174 “reclusos”, dijo el comisionado parlamentario Álvaro Garcé en su último informe de agosto del año pasado. Es decir, tenía un hacinamiento de un 290%. La mayoría de los presos fallecidos eran jóvenes (entre 18 y 25 años de edad) y oriundos de Rocha.
Entre 2009 y la fecha, murieron 79 presos y presas por “causas violentas”. La situación llegó al límite de lo “aceptable”. A tal punto que la tragedia de Rocha ocurre mientras en el Senado se encuentra para su aprobación el proyecto de “Ley de Emergencia Carcelaria” enviado por el gobierno. Bajo el discurso de la “humanización carcelaria”, el proyecto prevé la distribución de presos y presas en cuarteles militares y otros establecimientos estatales mientras se construyen “nuevas y modernas cárceles” en “asociación público-privada”, estos es, en la connivencia entre Estado y capitales privados. En todo caso, la “humanización carcelaria” pasará, indefectiblemente, por la órbita del mercado.
Las reacciones oficiales ante lo sucedido en Rocha tampoco han sido una sorpresa. Con la frivolidad que lo caracteriza, el presidente José Mujica pidió “disculpas” a los familiares de los presos por el “horrible” hecho. Y a otra cosa. Su ministro del Interior, el también tupamaro Eduardo Bonomi, le echó la culpa a la “sobrepoblación carcelaria” y salió a defender la actuación de la guardia policial: “si hubieran demorado más estarían todos muertos”. Esto quiere decir que no habrá sanciones para ningún jefe policial. Como mucho, algún chivo expiatorio de bajo rango pagará la “omisión de funciones”. Igual que en otros tantos casos.
Si esta masacre hubiera ocurrido bajo los gobiernos de blancos y colorados, la izquierda y los organismos de derechos humanos estarían reclamando la renuncia del ministro y la remoción de los mandos del sistema carcelario. Y el “castigo a los culpables”. El escándalo político sería mayúsculo. Pero bajo el reino del “progresismo”, todo se trata con “equilibrio” y sin intentar “tomar ventajas políticas de una tragedia”. El clima de “consenso” así lo exige. Ni la “oposición” de derecha se atreve a sacar los pies del plato. Menos aún ahora, cuando se benefician de la repartija de cargos en empresas y bancos públicos, corte electoral y tribunal de cuentas.
En medio del indescriptible dolor, los familiares reclaman justicia. Sus testimonios son una denuncia inapelable.
Susana Cabral, madre de Alejandro Rodríguez, de 26 años, procesado por homicidio afirma: "los dejaron morir, dicen que se les prestó atención, pero ¿cómo pudo ser, si se murieron doce o tal vez trece?". En la puerta de la cárcel de Rocha otra madre de un recluso fallecido en el incendio lloraba a punto de desmayarse. María Pilar Casuriaga, madre de Edison Javier Núñez Casuriaga, de 20 años de edad y proceso por homicidio, gritaba una y otra vez: "¡me hijo murió!". Familiares de las víctimas denunciaron que hubo una demora de una hora y media en la asistencia a los presos debido a que las autoridades de la cárcel no habían aprobado su apertura. (2)
Rubén Cardoso, padre de Ariel Fernando Cardoso dice: "Hubo negligencia de la Policía y de la Cárcel. Estaban a lo perro, calentaban con dos hojas de sierra el agua, dado que hacían un sun (pequeño aparato para calentar el agua). El entierro de mi hijo lo pago yo", dijo en respuesta al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que había anunciado que el Estado se hacía cargo de los costos. Otro padre de un recluso procesado por tráfico de estupefacientes al que le faltaban unos días para salir en libertad, exclamaba ayer en la puerta de la cárcel: "¿Y ahora qué hago? Por fumar cuatro porros estaba en la cárcel y no puede ser que ahora esté muerto. Estoy soñando, no puede ser, no es verdad y ahora qué hago". (3)
El viernes 9, enterraron a sus muertos. Casi en soledad. Apenas unas decenas de familiares, amigos y vecinos los acompañaron. En un departamento gobernado por el Frente Amplio, ninguna muestra de solidaridad. Como patético contraste, la farándula. El “sistema político” prepara el “homenaje” a la selección de fútbol que regresa el lunes de Sudáfrica. En las escalinatas del Palacio Legislativo ya se levantó el imponente estrado. Donde el presidente de la República recibirá a los jugadores de la “hazañoso" cuarto puesto en el mundial de fútbol. Para compartir con ellos el clima de “unión nacional” que una gesta deportiva ha generado. Porque según Mujica, “Es indudable que ha sido un sacudón para la sociedad uruguaya. La selección de fútbol se ha convertido en un elemento de identificación mucho mayor que todos los discursos de la campaña electoral. El país se sintió unido. Es notorio que no hay ninguna otra cosa que nos identifique así”. (4) Todos contentos. Cárceles de la miseria
En el Penal de Libertad, las condiciones de reclusión son “peores que en la cárcel de Black Beach” de Guinea Ecuatorial. (5) Así definía el austriaco Manfred Nowak, relator especial de la ONU sobre la tortura, la situación en la cárcel uruguaya que, bajo la dictadura militar (1973-1985), albergó a miles de presos políticos. Al concluir su visita oficial, del 22 al 27 de marzo 2009, Nowak señalaba en su informe que el Penal de Libertad es "una de las peores cárceles del mundo”, y aconsejó que ese penal "debe ser clausurado lo antes posible".
El emisario internacional dijo en aquella ocasión, que antes de arribar al país sabía que la situación carcelaria era grave, pero lo que encontró fue "mucho peor" de lo que pensó en un principio. "Todos nos quedamos en estado de shock cuando fuimos a ver ‘las latas’ (módulos de acero) del Penal de Libertad donde muchas personas están detenidas en forma abrumadora", dijo el relator de la ONU. Agregó que no estuvo en ningún sitio "donde los detenidos dicen que los tratan peor que los animales; en Libertad muchas personas están encerradas en pequeñas jaulas y no durante horas sino por muchos años". Además, criticó la denominación "Libertad" de ese Penal: es “cínica” para un centro de reclusión "reconocido en el mundo como un sitio donde se practicó sistemáticamente la tortura durante la dictadura. Lamentablemente este penal sigue existiendo y con el mismo nombre".
También indicó que en la mayoría de las cárceles del país, la celdas construidas para 2 o 3 presos albergan hasta 11, con pésimas condiciones higiénicas y de alimentación, con acceso restringido al agua que fuerza a los reclusos a tomarla del inodoro y, como resultado, a usar botellas de plástico o bolsas para hacer sus necesidades fisiológicas. El acceso médico es limitado, por lo que "los presos tienen que infligirse cortes en el cuerpo para poder ver a un doctor". Según las conclusiones preliminares de su informe, la situación de violencia intercarcelaria es "alarmante", y lamentó que el régimen de visitas se vea "socavado" por las "requisas humillantes" a que se somete a detenidos y familiares. Si bien recibió "pocas denuncias de tortura" probadas con exámenes forenses, sí constató "numerosas y creíbles" denuncias de malos tratos y “uso excesivo” de la fuerza por parte de la policía en las cárceles, comisarías y centros de detención de menores y adolescentes.
El lapidario informe del relator de la ONU - que reafirmaba lo que el Servicio Paz y Justicia venía denunciando sistemáticamente - cayó como una bomba en el pacato “sistema político” que se jactaba de ser una excepción “democrática” en América del Sur. Resulta que de un plumazo, el mito de la “Suiza de América”, del “país de clase media”, “integrador y tolerante”, cedió paso al “bochorno tercermundista” de Guinea Ecuatorial.
Al inicio de su mandato (marzo 2005), el presidente Tabaré Vázquez, declaraba el sistema penitenciario en “emergencia humanitaria” y que esa sería una de las prioridades de su gobierno en materia de derechos humanos. Pasaron cinco años y nada cambió. En marzo 2010 asumió la presidencia José Mujica, denunciado la “vergüenza nacional” de la cárceles. Prometió “humanizar” la vida de los presos. Por el momento todo igual. O peor.
Uruguay ha experimentado un significativo aumento de la población carcelaria. Las prisiones uruguayas cuentan con unas 5.000 plazas y alojan a 9.100 personas “privadas de libertad”. “Se trata de un incremento del orden del 270 por ciento. Solamente entre 2007 y 2008, la población carcelaria aumentó en 1.000 personas. Al día de hoy, “la tasa de encarcelamiento es de unos 245 presos cada 100 mil habitantes, bastante por encima del promedio de América Latina, que es de 145 cada 100 mil”. Del total de presos en los distintos establecimientos carcelarios, el 39% son primarios y el 61% reincidentes. De ellos, sólo el 44,4% ha recibido una condena y el resto está en condición de “procesado sin sentencia”. (6)
La población carcelaria se destaca por su baja edad (la mayoría de los presos tiene menos de 30 años) y mala escolaridad. El 58,83% de los encarcelados censados no culminó sus estudios, sean estos del nivel que sean. Los antecedentes laborales de los detenidos muestran la fuerte presencia del desempleo y el empleo precario o del trabajo industrial-secundario: “El 61,35% de la población censada pertenecía a ocupaciones como: obreros, cuenta propia, doméstico, changador, desocupado y subocupado”. (7)
Es decir, los inquilinos de las cárceles uruguayas son, ampliamente, víctimas de la miseria producida por la “fractura social”, o sea, víctimas de la fábrica social de pobres…y de presos. Mejor dicho, blanco de los brutales ataques del capital contra los/as asalariados/as.
Lejos de toda concepción humanista, tanto el “progresismo” como la “oposición” de derecha coinciden más allá de los matices. Proponen más policías, más “vigilancia preventiva”, y endurecimiento de las penas. Y más encierro: construyendo “nuevos módulos carcelarios” y reciclando establecimientos militares que antes sirvieron como campos de concentración de la dictadura
El objetivo “securitario” son, evidentemente, las “clases peligrosas”. Esas que deambulan en medio de la pobreza, entre la “apropiación de lo ajeno” y la limosna. Que “asolan contra los bienes y la propiedad privada” y generan la “inseguridad ciudadana”. Que sobreviven sin sindicatos corporativos que las defiendan, ni convenios colectivos para negociar alguna migaja, ni ámbitos institucionales donde hacer escuchar su voz. Para el discurso dominante, y la estrategia represiva, en el “núcleo duro” de la “pobreza estructural” se concentra el delito. Allí apuntan las políticas de criminalización.
Basta ver la condición social de los presos muertos en Rocha para hacerse una composición de lugar. Todos ellos, hijos de la miseria.
ONU: La prevención de las ejecuciones extrajudiciales fue adoptada el 15 de diciembre de 1989 por la Asamblea General de laOrganización de las Naciones Unidas bajo Resolución 44/162.2 En
dicha resolución también se establecen las responsabilidades que debe
asumir un Estado para prevenir dichos asesinatos que son: el establecer
prohibiciones legales a dichas ejecuciones, evitarlas al garantizar un
control sobre los funcionarios autorizados por la ley para usar la
fuerza y las armas de fuego, garantizar la protección de personas que
estén en peligro de sufrir dichas ejecuciones y prohibir a funcionarios
superiores la autorización o incitación de las mismas.
Fuentes: InSurGente, CX36 Radio Centenario, La Juventud y Rebelión.
Montevideo domingo 10 de noviembre de 2013.
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