La impunidad de las corporaciones mediáticas en su guerra contra los gobiernos disidentes. Ángeles Diez Rodríguez
La impunidad no se garantizaba solo a los soldados estadounidenses sino también a los mercenarios y empresas contratadas para la guerra, es decir, al sector privado. Dicha resolución se prolongó al 2004. En realidad se trataba de hacer explícito, por un lado, quién mandaba en el mundo y en los organismos internacionales, una vez terminada la bipolaridad, y por otro, de evidenciar, una vez más, la prevalencia de la fuerza sobre el derecho..."
Nuevamente nos
hacemos eco de un texto de Ángeles Diez tras recibir de la autora el
enlace al sitio de su reciente publicación original, la web de la Embajada de Venezuela en España. Si el texto anterior de Ángeles
denunciaba la complicidad de algunos “intelectuales” de izquierda, el
presente se centra en la responsabilidad de los medios de comunicación
masivos en su decisiva función como agentes propagandísticos del Poder.
Ángeles Diez Rodríguez
Doctora en Ciencias Sociales y Políticas. Profesora de la Universidad Complutense de Madrid.
Doctora en Ciencias Sociales y Políticas. Profesora de la Universidad Complutense de Madrid.
Durante la guerra y ocupación de Irak en 2003, los Estados Unidos, al conocerse las torturas y violaciones de sus soldados en Abú Ghraíb,
emitieron un comunicado dirigido a la comunidad internacional en el que
decían que no consentirían que ninguno de sus soldados fuera juzgado
por crímenes de guerra. Ya en 2002 el gobierno estadounidense había
conseguido una resolución del Consejo de Seguridad de NN.UU. por la que
se eximía a las fuerzas estadounidenses de la jurisdicción de la Corte
Penal Internacional por crímenes de guerra, genocidio, o crímenes de
lesa humanidad cometidos en relación con operaciones de la ONU
establecidas o autorizadas. La impunidad no se garantizaba solo a los
soldados estadounidenses sino también a los mercenarios y empresas
contratadas para la guerra, es decir, al sector privado. Dicha
resolución se prolongó al 2004. En realidad se trataba de hacer
explícito, por un lado, quién mandaba en el mundo y en los organismos internacionales, una vez terminada la bipolaridad, y por otro, de evidenciar, una vez más, la prevalencia de la fuerza sobre el derecho.
Este tipo de actuaciones, cuando
se hacen públicas, generan indignación entre las poblaciones y gobiernos
que sufren las consecuencias de las acciones bélicas estadounidenses y
también cierto rechazo, aunque con la boca pequeña, de los socios
europeos. Sin embargo, las intervenciones militares directas son la cara
más visible de la injerencia en países soberanos; los golpes de Estado,
el derrocamiento de gobiernos y la guerra encubierta son las prácticas más habituales del ejercicio del dominio mundial.
Estas guerras encubiertas no han
necesitado de resoluciones ni acuerdos para proteger a las fuerzas
estadounidenses, porque los agentes que suelen llevarlas a cabo, en
general, son ciudadanos, empresas o militares de los propios países a
desestabilizar, financiados y alentados por las agencias estadounidenses
creadas al efecto, como la Agencia Central de Espionaje (CIA). Se
atribuye a Henry Kissinger la expresión “Pinochet es un hijo de puta. Pero es nuestro hijo de puta”.
En las guerras imperiales encubiertas, desde el inicio de la Guerra Fría, los oficiales y la tropa que llevan la voz cantante son las corporaciones mediáticas que gozan prácticamente de impunidad absoluta para operar, resguardadas por la consigna de la "libertad de información" considerada a su vez una extensión de la “libertad de expresión”.(1)
El espionaje, el terror y la
guerra psicológica tienen en los medios de comunicación masivos y en los
periodistas sus principales aliados, y en las corporaciones mediáticas
su Estado Mayor. Desde la II Guerra Mundial se utilizan los métodos de
guerra psicológica, que incluyen el uso de la propaganda a través de los
medios de comunicación, aunque ha sido con el desarrollo de las nuevas
tecnologías de la comunicación y la información (NTIC) cuando este tipo
de operaciones ha adquirido mayor importancia pues la potencialidad de
este arma para destruir al gobierno que se considera enemigo se ha
multiplicado exponencialmente. La definición técnica de la guerra psicológica es empleo
planificado de la propaganda y de la acción psicológica orientadas a
direccionar conductas, en la búsqueda de objetivos de control social,
político o militar, sin recurrir al uso de la armas, o en forma
complementaria a su uso; y su fin último es incidir en la población
civil de los países “enemigos” para que, una fracción del pueblo,
erigida en totalidad y con el consentimiento del resto, sea quien
derroque al gobierno.
Se trata de un hecho histórico reconocido ya en 1977 por Carl Bernstein, ex redactor del diario Washington Post
y uno de los periodistas que denunció el escándalo Watergate, quien
afirmó entonces que en veinticinco años las principales empresas de
información habían colaborado de forma habitual con la CIA. En 2009,
Maxime Vivas señalaba que esa organización estaba infiltrada en los
medios de comunicación franceses y recogía las palabras de William Colby,
ex director de la misma, diciendo que “la CIA controla a todos los que
son importantes en los principales medios de comunicación”, y las de un
agente de la organización: “Podemos encontrar periodistas más baratos
que una buena prostituta, por doscientos dólares mensuales.”
Sin embargo, las distintas
agencias norteamericanas no solo operan poniendo a su servicio a
periodistas, muchas veces basta con que empresas norteamericanas
se hagan con participación en los grupos empresariales a los que
pertenecen los medios. De esta forma se garantiza que las líneas
editoriales y las noticias no vayan en contra de los llamados “intereses norteamericanos”.
Otras, se colabora financiando y distribuyendo la información adecuada a
los medios locales a través de las agencias de información. Es
importante tener en cuenta que Estados Unidos y la Unión Europea
controlan el 90% de la información del planeta y que de las 300
principales agencias de prensa, 144 tienen sede en Estados Unidos, 80 en
Europa y 49 en Japón. Sin duda hay muy poco margen para una información
veraz, contrastada y no subordinada a las directrices imperiales. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
es uno de los principales organismos regionales en donde se trazan las
pautas a seguir por los medios privados en una estrategia conjunta de
desestabilización de gobiernos poco afines a Estados Unidos.
Hay que añadir que en América
Latina, las corporaciones mediáticas no solo han sido grupos económicos
con los que acumular beneficios y desde donde
servir a los intereses neocoloniales, sino que se convirtieron
tempranamente en sujetos y espacios desde donde las élites criollas
hacen política. Con el ascenso de los gobiernos progresistas,
especialmente en Venezuela, Ecuador y Bolivia, se convirtieron sin mayor esfuerzo en agentes golpistas y desestabilizadores.
Podemos decir que las agencias norteamericanas dedicadas a la guerra
encubierta no han necesitado grandes inversiones de esfuerzos ni
recursos en estos medios.
La actuación de las corporaciones
mediáticas locales e internacionales contra el proceso venezolano es un
caso paradigmático de guerra encubierta. Se implicaron abiertamente en
el golpe de estado contra el presidente Hugo Chávez en
el 2002, y desde entonces no han parado los bombardeos mediáticos que se
recrudecen especialmente en los periodos electorales. Con la
desaparición de la figura carismática de Chávez, el proceso venezolano
se hace más vulnerable, como ya apuntaba el informe de Inteligencia a la
Comisión del senado norteamericano (2012), y por tanto la campaña
desestabilizadora va in crescendo. Los intentos de golpe de estado siguen siendo liderados por la oposición venezolana a través de los medios de comunicación.
La forma de actuar sigue pautas
que se repiten y cuyos antecedentes podemos rastrear sin ir muy atrás en
el tiempo en el golpe de estado a Salvador Allende en
Chile. La forma en que actuaron los medios responde a parámetros
establecidos por los manuales de guerra encubierta. El primer paso es
preparar las condiciones para que la población acepte la inevitabilidad de un golpe de Estado, se alimenta y crea la imagen de caos económico y social,
algo relativamente fácil al hacerse de forma coordinada con los
sectores económicos que, por ejemplo, acaparan alimentos básicos,
sabotean instalaciones eléctricas, etcétera. Se responsabiliza al
gobierno de todos estos desastres y se va preparando a la ciudadanía
para los “salvadores” que pondrán orden, la oposición y, en su defecto,
las fuerzas del orden (policías y militares) que entregarán el poder
cuando se restablezca la situación.
Los medios se encargan de
magnificar los desastres económicos, ilustrar y dar voz a las víctimas
de las políticas gubernamentales, alientan las discrepancias entre los
sujetos políticos, tratan de socavar la confianza en los dirigentes,
manipulan los símbolos nacionales y la religión, exageran, simplifican,
omiten informaciones, hacen insinuaciones y fabrican noticias. En
general, se trata de crear la imagen del caos económico y social. La
desinformación y la mentira se combinan para incrementar la tensión y el
miedo.
Los pueblos no suelen apoyar
golpes de estado pero sí suelen solidarizarse con reivindicaciones
aparentemente justas. Por eso, las reivindicaciones de algunos sectores
de estudiantes y trabajadores que se sienten afectados por las políticas
gubernamentales serán las privilegiadas por los medios, nacionales e
internacionales. En estos momentos podemos encontrar titulares como el
de El Nuevo Herald “Universitarios en Venezuela reclaman
autonomía y recursos”. También reivindicaciones políticas que se
consideran propias de la formalidad democrática como por ejemplo el caso
de las elecciones del 14 de abril en las que la oposición se negó a
reconocer el triunfo del candidato Nicolás Maduro y
utilizó la excusa del recuento total de los votos. Los medios acuñan las
razones para alimentar el descontento y dirigen la responsabilidad
hacia el gobierno. Al mismo tiempo, las medidas que trata de poner el
gobierno para paliar la situación, por ejemplo de desabastecimiento, son
presentadas como autoritarias. Así el diario El País titulaba “Maduro ordena militarizar los súper”.
La imagen de caos y crispación es evidente en casi todos los titulares de El País,
buque insignia de la corporación mediática PRISA (mayoritariamente
participada por capital estadounidense), tales como “La oposición
venezolana denuncia 'in extremis' el fraude electoral”, “La caza del
dólar en Venezuela”, “Venezuela asoma como punto de salida internacional
de la cocaína”, “Chávez nos sentenció a la guerra”, “Venezuela echa a
tres diplomáticos de Estados Unidos acusados de sabotaje”. Las élites
venezolanas se sienten permanentemente amenazadas por el proceso de
transformación y reformas económicas que ha puesto en marcha la
revolución bolivariana, pero también Estados Unidos y sus socios sienten
desde hace 14 años esa amenaza pues ven cómo América Latina, liderada
por Venezuela, se escapa a sus planes neocoloniales a través de la
integración regional, la defensa de la soberanía y la independencia.
El golpe de estado se ha convertido en una prioridad de la agenda política
no solo de la oposición venezolana sino de Estados Unidos y Europa. El
golpe que destituyó al presidente Manuel Zelaya en Honduras (2009), el
frustrado golpe en Ecuador (2010), el golpe encubierto al presidente
Fernando Lugo en Paraguay (2012), además de revertir los procesos
transformadores de estos países tienen como función rodear a Venezuela
de gobiernos hostiles, debilitar y frustrar los procesos de integración
regional como el ALBA o la CELAC. De ahí que las corporaciones
mediáticas tanto locales como internacionales se empleen a fondo contra
el proceso venezolano.
A pesar de que históricamente ha sido posible demostrar la implicación de los medios de comunicación en los golpes de estado, por ejemplo, El Mercurio y La Tercera
en Chile en 1973, o RCTV, Globovisión, Venevisión y Televen, en el
golpe de Estado del 11 de abril de 2002 en Venezuela, ninguno de los
responsables de estas empresas de comunicación está en la cárcel. La
libertad de expresión ha sido y sigue siendo la cobertura legal que
garantiza la impunidad de las corporaciones mediáticas en su servicio a
las guerras encubiertas; y el subterfugio para operar sin restricciones
contra gobiernos democráticamente elegidos.
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(1) El derecho a la
libertad de información originalmente no se refiere a la libertad de los
medios de comunicación para informar o publicar noticias sino al
derecho de acceso a la información en manos de organismos públicos que
tiene que ser accesible a todos los ciudadanos. La libertad de expresión
es un derecho individual que utilizan los periodistas y dueños de
periódicos para protegerse cuando son acusados de manipulación,
falsedad, etcétera.
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