Profundización de la crisis y cambio de ciclo en la lucha social. La construcción del referente político. por Red Roja
- Informe político de Red Roja. Coordinadora Estatal, septiembre de 2013
1. La importancia política de
partir de una caracterización rigurosa de la crisis desde la perspectiva
global del proceso de acumulación capitalista.
La mayor parte de los análisis
realizados desde organizaciones de izquierda, incluidas algunas que se
consideran “marxistas”, identifican como causas de la crisis, por un
lado la codicia desmedida y la corrupción que han generado la
especulación inmobiliaria y el estallido de la burbuja financiera, y por
otro las políticas de recortes que han reducido la capacidad
adquisitiva dando inicio al conocido círculo vicioso, y ahora presente
en el Estado español, de contracción de la demanda y recesión económica.
En consecuencia, se reivindica una
inyección importante de inversión pública, una especie de nuevo Plan
Marshall para el sur de Europa, que serviría para estimular la
economía, se generaría empleo, aumentaría la demanda y volvería el
“Estado del Bienestar”. Este análisis reduccionista, que toma en cuenta
sólo la apariencia sin llegar a la raíz del asunto, es el que se
difunde masivamente por los medios de comunicación como el propio de la
“izquierda, los sindicatos y los movimientos sociales”.
Estas interpretaciones no sólo expresan
una falta de rigor fácilmente demostrable, sino que tienen consecuencias
políticas graves para los intereses de clase de las y los trabajadores
porque, siguiendo esta línea argumental, por ejemplo, la solución sería
que el pueblo votara masivamente opciones de “izquierda” contra los
“recortes” de Rajoy y el tema estaría resuelto.
El problema es de otra índole y las soluciones hay que buscarlas en un camino mucho más complejo que sólo en lo electoral.
2. Crisis general del capitalismo.
El asunto es muy diferente. Estamos ante
la mayor crisis estructural de la historia del capitalismo, cuyas
manifestaciones apenas han comenzado a emerger, porque aún queda mucho
en lo que se refiere a la masiva destrucción de capital que caracteriza a
toda gran crisis.
Aunque el factor desencadenante de la
crisis, la cadena de quiebras bancarias en EE.UU y la UE, se manifestó
abruptamente en 2007, como consecuencia del impago de créditos
hipotecarios, las causas de fondo remiten a procesos identificables en
la totalidad de la geografía mundial, de calados diversos y anteriores
en el tiempo.
Es una crisis general del capitalismo
como modo de producción, que afecta a todas las formas de existencia del
capital en la esfera internacional, en sus áreas financiera, productiva
y comercial, por lo tanto de dimensiones mundiales, y que sigue
profundizándose.
La derivación de grandes masas de
capital excedente de sus ramas originarias al sector inmobiliario y la
generación de la correspondiente burbuja especulativa, no son las causas
sino las consecuencias – necesarias para continuar con la reproducción
económica a nivel mundial – de la insuficiente rentabilidad del capital como para impulsar su acumulación.
Es la incapacidad del sistema para
producir plusvalor suficiente en la mera esfera productiva -que empieza a
ponerse de manifiesto en la crisis que comienza en los años setenta- la
que ha generado una huída masiva de la inversión hacia el ámbito
inmobiliario y puramente financiero-especulativo. La crisis es
esencialmente una crisis de valorización. Desde hace más de cuatro
décadas, a nivel mundial y en forma no uniforme, no se crea suficiente
plusvalor en el sector productivo en relación con el stock de capital
que se debe valorizar; un capital que, además, no sólo busca
valorizarse, sino hacerlo a tasas (en proporciones) crecientes con
respecto al ejercicio anterior.
La enorme burbuja especulativa es la que
ha permitido la continuación de la reproducción económica a nivel
mundial. Por supuesto que hay que señalar desde ya que, como la riqueza
tiene que tener una base real, esa reproducción económica ha estado
implicando, en gran medida, un desplazamiento forzado de la crisis desde
el centro del sistema a su periferia mediante, precisamente, la
dictadura de los empréstitos internacionales y el mecanismo de la deuda
ejercidos por organizaciones imperialistas que han supuesto el saqueo
“gratuito” durante décadas del llamado Tercer Mundo.
En todo caso, hay que destacar que esta
es la primera crisis del capitalismo que se produce sin que el dinero o
los activos financieros se vinculen a ninguna medida establecida del
valor, como el oro. Su papel lo ocupa el dólar, que carece de valor en
sí mismo, excepto que lo respalda el inmenso poderío militar del
imperialismo norteamericano y sus socios; estos, mayormente obligados
por razones extraeconómicas, como ocurrió durante la Guerra Fría.
Este hecho trascendental, junto a la
desregulación general del movimiento de capitales y la eliminación de
los controles sobre la concesión de créditos, ha facilitado la creación
de cantidades inmensas de capital ficticio[1], creando la enorme burbuja de sobreproducción de capital cuyo estallido origina el colapso financiero que se inicia en 2007.
La respuesta del capital a la crisis iniciada en los años 70, y en plena expansión, son las llamadas políticas neoliberales
destinadas a intentar recomponer las condiciones de acumulación; unas
políticas que, finalmente, no podían dejar de afectar de lleno al propio
“Primer Mundo”.
Sus características fundamentales son:
- el enorme despliegue mundial del capital financiero
- extensión a nivel mundial (“globalización”) de la ley del valor
- expolio del sector público con privatizaciones masivas, primero de empresas y después de servicios públicos.
- liquidación de derechos laborales, caídas salariales y precarización de las condiciones de trabajo.
- desfiscalización progresiva de las rentas del capital e incremento de los impuestos indirectos.
- drástica reducción del gasto público en servicios sociales mediante la imposición de políticas de déficit cero.
- concentración de capital mediante la desposesión de la propiedad de particulares (desahucios).
Estas políticas han producido
importantes fases de expansión basadas en un crecimiento sin precedentes
de capital ficticio y, como ya hemos apuntado, en la exportación de la
crisis desde los años 80 desde las grandes potencias a la periferia en
una especie de “crisis boomerang”[2]que ahora estaría regresando con fuerza amplificada.
Sin embargo, en los países más
industrializados, y a pesar del enorme retroceso de los salarios y de
las condiciones de trabajo de la clase obrera[3]
y aunque los avances tecnológicos han seguido contribuyendo a aumentar
la productividad, los capitalistas no logran revertir la tendencia del
descenso de la tasa de ganancia y, además, han agravado la crisis
energética.
La destrucción y concentración de
capital ha estado marcada por las privatizaciones masivas, tanto en
países centrales como periféricos, de empresas públicas a precio de
saldo, convirtiendo el monopolio estatal en privado, transformando a
esas empresas – que producen recursos, bienes y servicios considerados
como esenciales o estratégicos- en fuente directa de beneficios
privados, y por tanto, convirtiendo al usuario en clientela cautiva.
Estas privatizaciones han sido,
igualmente, un importante instrumento para liquidar empleo de calidad y
precarizar las relaciones laborales de forma generalizada. Así mismo
evidencia cómo en medio de la destrucción de capital aparecen “nichos de
negocio”, siempre vinculados a la parasitación de recursos y servicios
públicos, como muestra la última oleada de privatizaciones centrada en
la sanidad y la educación.
Como hemos visto, la creación de dinero
sin referencia en valor alguno que no sea el dólar, la eliminación de
los límites a la libre circulación de capitales y la desregulación
financiera, así como la especulación inmobiliaria que llevan aparejada,
hicieron crecer exponencialmente las cadenas de intermediarios
hipotecarios, fondos de pensiones, empresas aseguradoras y también los
gastos militares haciéndolos aún más exorbitantes.
Todo ello no es, como hemos visto el
origen de la crisis, aunque obviamente contribuyó a amplificarla, sino
que permitió poner en circulación masas de dinero que no encontraban
inversión rentable.
Hay que insistir, pues, en que la causa
esencial que subyace bajo los fenómenos financieros y especulativos es
la insuficiente creación de valor en la esfera productiva; en
definitiva, la inexorable actuación de la ley de la tendencia
decreciente de la tasa de ganancia, que Marx descubrió.
La superposición de la crisis
medioambiental, energética, y la del capital financiero, productivo y
comercial permite calibrar las gigantescas dimensiones de la actual
crisis global, cuya destrucción de capital – que en casos anteriores de
profunda crisis se realizó mediante guerras mundiales – aún no ha
llegado a su momento álgido.
En este sentido, la situación de
desestabilización internacional es muy alarmante. El accionar imperial
en Iraq, Afganistán, Libia, y otros no pocos lugares invadidos para su
saqueo, viene trazando el camino que ya atraviesa las tierras de Siria
para seguir mañana quién sabe dónde, y que nadie puede aseverar que no
sea una conflagración mundial de resultados imprevisibles dado el
arsenal atómico listo para ser utilizado (ver el último Comunicado de
Red Roja sobre Siria)[4]
3. El imperialismo alemán, el TSCG y los políticos lacayos.
La profundización en la recesión en el
Estado español y en el conjunto de los PIIGS, se acompaña de la
implementación de mecanismos legales que dinamitan los cimientos y los
límites del aparato jurídico asociados a la democracia burguesa
El Estado español está inmerso en su
segunda recesión desde el inicio oficial de la crisis, con ocho
trimestres seguidos de decrecimiento. Los últimos datos ofrecidos por el
INE en agosto de 2013 son los siguientes:
El imperialismo europeo, que cada vez
hegemoniza en mayor medida la banca y las grandes empresas alemanas
(Alemania es el segundo país exportador del mundo, por detrás de China y
por delante de EE.UU.) representadas por el estado germano, está
utilizando la crisis para reforzar su poder, utilizando a fondo su
control sobre la UE y el BCE para imponer brutales políticas de ajuste.
La crisis inmobiliaria y financiera está
siendo aprovechada para llevar a cabo una acelerada concentración de
capital en el plano estrictamente bancario. En el Estado español los
grandes bancos absorben a los pequeños – acabando prácticamente con las
Cajas de Ahorro - al tiempo que la gran banca alemana penetra cada vez
en mayor medida a los grandes bancos “nacionales”.
3.1. La deuda como tenaza.
Al mismo tiempo, la financiación con
dinero público de los agujeros bancarios, en proporciones gigantescas
(el Estado español ha transferido a la banca más de 200.000 millones de
euros, el 20% del PIB), ha transformado en deuda pública la deuda
bancario-hipotecaria. Esa deuda pública es la tenaza que utiliza el gran
capital –a través de la UE y el BCE– para imponer brutales mecanismos
de ajuste estructural a los países más débiles del euro, exactamente
igual que hizo el FMI con los países “subdesarrollados”, tal como se ha
indicado antes.
En el marco de una intensa caída de los
ingresos del Estado causada por la recesión y con un sistema fiscal que
desgrava escandalosamente las rentas del capital (además de permitir el
fraude en gran escala de las grandes fortunas y las grandes empresas,
así como la masiva evasión de capitales), lo que se paga como deuda -
capital más intereses - alcanza proporciones gigantescas (en 2013 se
pagarán 190.000 millones de euros, el 19% de toda la riqueza producida).
Los acreedores son los mismos bancos que han recibido enormes
cantidades de dinero público y que se financian a través del BCE al 0,5%
de interés y compran deuda del Estado al 5, 6 y hasta 7%.
3.2. El nuevo artículo 135, el TSCG y la Ley 2/2012
Bajo amenaza de quiebra, fácilmente
creíble cuando quien sube la prima de riesgo es el mismo gran capital
que pretende imponer a los Estados sus políticas, el gobierno PSOE y su
aliado el PP realizaron la Reforma Constitucional del artículo 135 el 30
de agosto de 2011, que da prioridad absoluta al pago de la deuda y de
sus intereses sobre cualquier otra partida de gasto.
Estaba entonces gestándose el Tratado de
Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y
Monetaria (TSCG) que vería la luz el 2 de marzo de 2012. El TSCG obliga a
“las partes contratantes” - los estados miembros cuya moneda es el euro
– a introducir la “regla del equilibrio presupuestario”, que incluye
medidas correctoras “automáticas y permanentes” en caso de
incumplimiento y grandes multas al Estado miembro que incumpliere
algunos de sus preceptos.
El Tratado establece también “la
obligación de la Partes Contratantes de trasponer la regla del
equilibrio presupuestario a sus ordenamientos jurídicos nacionales,
mediante disposiciones vinculantes, permanentes y preferentemente de
rango constitucional”
Para dar una idea de su infame
servilismo, basta observar que el tándem PSOE y el PP ejecutó lo
dispuesto en el Tratado seis meses antes de que se aprobara y mediante
la reforma constitucional que este simplemente recomienda.
El TSCG es votado en el Congreso por: PP, PSOE, PNV, CiU, CC y UPyD.
La Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que supuestamente obedece al
mandato del nuevo artículo 135 de la Constitución y que en realidad
desarrolla punto por punto el TSCG, se remite por el Gobierno al
Congreso al día siguiente de la aprobación de dicho Tratado.
La Ley 2/2012 supone el mayor
sojuzgamiento imaginable ante el menor atisbo de soberanía de los
gobiernos del Estado, de las CC.AA y de los Ayuntamientos, y su
aplicación se hace extensiva también a la Seguridad Social.
En un contexto de profunda crisis y por
lo tanto, como decíamos, de intensa caída de ingresos de las
Administraciones Públicas (AA.PP.), esa Ley establece en su Artº 1 la
obligatoriedad de que el déficit estructural (que equivale a los gastos
sociales) sea cero, o que haya superávit, y que la deuda no supere el
60% del PIB. Todo ello a perpetuidad.
Teniendo en cuenta que en 2012 el
déficit estructural fue del 5,9%, 600.000 millones de euros, reducirlo a
cero en 2020, o en 2018 como pretende el Gobierno, supone dar un
hachazo demoledor y permanente al empleo y a los servicios públicos de
sanidad, educación, servicios sociales y pensiones.
La Ley cierra además cualquier
escapatoria, estableciendo férreos mecanismos “preventivos”,
“correctivos” y “coercitivos” para obligar a su cumplimiento. En el caso
de rebeldía del gobierno autonómico o local correspondiente –o sea, si
persiste en el empeño de anteponer la satisfacción de las necesidades de
la ciudadanía al déficit y la deuda- “se considerará su gestión
gravemente dañosa para los intereses generales y podrá procederse a la
disolución de los órganos de la Corporación Local incumplidora”. Artº
26.3. En el caso de que fuese un gobierno autonómico “el Gobierno del
Estado podrá dar instrucciones a todas las autoridades
de la Comunidad Autónoma ”. Art 261. Es decir, supone la intervención
total, equivalente a la disolución de sus órganos
Las fuentes de derecho a las que se refiere esta Ley son exclusivamente el Artº 135 de la Constitución y el TSCG.
Esta Ley fue votada por PP, CiU, UpyD,
Foro y UPN. El PSOE no la votó, no porque no defendiera lo esencial, que
deriva del Artº 135 y del TSCG, que apoyó con su voto, sino porque
defendía que el déficit estructural debía ser el 0,4% del PIB y no cero.
Aunque esta Ley será objeto de un
Informe específico de Red Roja, es evidente que ya podemos afirmar que
las tres normas (Artº 135, TSCG y Ley 2/2012) constituyen un golpe de
estado contra toda la normativa anterior, incluido el Artº 1º de la
Constitución que establece el Estado Social y Democrático de Derecho.
Es la recentralización sin ambajes del Estado, el final de la soberanía.
Cuando Lenin decía que empiezan a
darse condiciones revolucionarias cuando los de arriba no pueden seguir
gobernando como lo hacían y que esas situaciones aparecen con fuerza en las grandes crisis económicas del capitalismo, sabía lo que decía.
Es evidente que esta tríada normativa
dinamita los límites y los fundamentos que se consideran propios de la
democracia burguesa. La pérdida de rentabilidad del capital y la lucha
feroz por los beneficios dirigida contra el sector público y contra las
rentas de la clase obrera llevan a la burguesía a arrancarse la máscara
de la supuesta democracia.
Más allá de la denuncia del no
reconocimiento del Derecho de Autodeterminación, es evidente que, no ya
los pueblos de las acionalidades, sino ni siquiera quienes ostentan la
representación popular, mediante un sistema electoral más que amañado,
tienen capacidad alguna de decidir el gasto del dinero público que
proviene, prácticamente en exclusiva de los impuesto que pagamos las y
los trabajadores.
Cualquier rastro de legitimidad
democrática que pudiera quedarle a la Constitución de 1978 queda
destruido. No obstante, todo queda atado y bien atado: la suma de los
diputados que se opusieron a la Reforma es inferior a 50, número mínimo
exigido para presentar Recurso de Inconstitucionalidad.
Y lo que es más grave, ni los sindicatos
mayoritarios, ni los partidos de la izquierda institucional que votaron
en contra han desarrollado campaña alguna destinada a explicar la
enorme trascendencia de esta tríada normativa, a una población inquieta y
movilizada, pero aún, sin una dirección claramente identificada en la
defensa de los intereses históricos de las y los trabajadores: el
socialismo.
La desvergüenza y la hipocresía de
seguir denunciando “los recortes del PP” sin apuntar al PSOE y demás
partidos cómplices sirven a la principal función que hace décadas
cumplen: evitar que los pueblos se enfrenten al imperialismo europeo, al
sistema capitalista y a los partidos que los sostienen. Su lema “todos
contra el PP” pretende abonar la vuelta, no ya del “Estado del
Bienestar” – que saben mejor que nadie que es imposible - sino el
regreso de un hipotético gobierno “amigo” PSOE-IU, más generoso en
subvenciones.
Criminales y cómplices pretenden
ocultar un hecho cada vez más evidente. El capital, ante una gigantesca
destrucción y concentración de empresas, que no ha hecho más que
empezar y que está generando un monumental ejército de reserva de
desempleados y desempleadas, ha decidido prescindir de los gastos de
reproducción de una fuerza de trabajo, que a medida que sucumba, puede
ser fácilmente sustituida.
4. Y cuando los de abajo no aceptan ser dominados como antes.
La contradicción fundamental es la
propiedad privada de los medios de producción y la proletarización
masiva del trabajo y se manifiesta con más agudeza que nunca por la
incapacidad del capitalismo para dar solución a las condiciones mínimas
de supervivencia para millones de trabajadores y trabajadoras. La
contradicción principal ahora a tener en cuenta es la brutal
conculcación de derechos sociales y laborales para pagar la deuda, que,
por lo demás, acrecienta, agrava y enquista una más que deficiente
situación socio-laboral que ya venía siendo soportada por importantes
sectores de la población trabajadora desde antes del estallido oficial
de la crisis.
La intensa degradación de las
condiciones de vida de millones de personas empieza a reflejarse, de
forma insólitamente rápida, en los indicadores de salud. La esperanza de
vida al nacimiento se redujo en 2011 y 2012 tanto para hombres como
para mujeres, por primera vez en la serie histórica.
El número de nacimientos acumula una caída desde 2008 del 12,4%, situación que no se producía desde la Guerra Civil.
La Tasa de Suicidios se incrementó un 8%
entre 2005 y 2010. Los intentos de suicidio han aumentado en un 25%
(200 por día). La relación con el impacto del brusco deterioro de las
condiciones de vida es evidente. En Grecia la Tasa de Suicidios aumentó
en un 40% en 2011 y ha pasado de ser el país con menor suicidio de la UE
a colocarse el primero de la lista.
La mortalidad por clase social,
imposible de analizar en el Estado español por carecer de datos, se
muestra indirectamente en un estudio que refleja las enormes
desigualdades sociales en la mortalidad prematura, es decir,
perfectamente evitable, tanto para hombres como para mujeres. Las
enfermedades cardiovasculares, infartos cerebrales, diabetes e
hipertensión se ceban especialmente con las regiones del sur. Así mismo
refleja el aumento de mortalidad por varios tipos de cáncer en los
pueblos con minas de carbón. Este estudio analiza datos entre 1984 y
2004. Estremece pensar lo que está sucediendo ahora.
El Defensor del Pueblo de Cataluña ha
denunciado que cerca de 50.000 niños catalanes tienen "severas"
privaciones alimentarias fruto de la pobreza de sus familias y 751
menores de 16 años sufren desnutrición, con una media de edad de cuatro
años y el 25% de ellos bebés. El 56% son niños de nacionalidad
extranjera. De otras Comunidades Autónomas no hay datos.
El hecho evidente, reflejado de forma
permanente a lo largo de la historia, de que la clase obrera paga – no
solamente con bajos salarios y peores condiciones de vida – sino con su
salud y con su vida toda la constelación de factores económicos,
políticos, sociales y culturales que explotan y oprimen a quienes día a
día crean con su trabajo todas las cosas, debe convertirse en un
instrumento más de conciencia y de lucha.
La tarea esencial es hacer
visible para la mayoría de la clase obrera y sectores populares, que el
problema principal no es Rajoy, que con unas elecciones se resolvería,
sino que el enfrentamiento debe, inevitablemente, apuntar a Berlín y a
Bruselas. No hay alternativa dentro de la UE y del euro, ni va a venir
de fuerzas políticas institucionales que no cuestionan ese marco.
Asistimos ahora a una crisis anunciada
de las formas de movilización social. Red Roja lo ha venido señalando.
Pese al valor enorme en términos de movilización social de fenómenos
como el del 15M, las Mareas o, antes, el movimiento anti-globalización.
Esos movimientos han expresado de manera general el
descontento masivo de un pueblo desorganizado. Sus límites son
evidentes. No hay un programa político capaz de construir un poder
alternativo, y no son capaces de avanzar en la imprescindible
organización desde la base. Las movilizaciones tienen que ser expresión
de la acumulación de fuerzas o se desmoronan.
5. El reformismo y la construcción del referente político.
Las expectativas de subida electoral de
IU y la posibilidad, acariciada por sus dirigentes, de un gobierno en
coalición con el PSOE, plantea la necesidad de poner sobre el tapete las
contradicciones de dicho proyecto. Ante esa probabilidad, IU ha puesto
en marcha la construcción de una coalición con organizaciones sociales y
políticas de un frente electoral. No tienen aún programa definido pero
hablan de “crear una banca pública” (¿sin expropiación de la banca
privada?, ¿con nuestros ahorros?), de hacer una auditoría para no pagar
la “deuda ilegítima”; no hablan no ya de la UE o del euro, sino tampoco
del TSCG, ni de la Ley 2/2012.
Uno de sus problemas más graves es su
ignorancia del problema nacional de los pueblos del Estado español. Ello
les hace caer, en una situación en la que el Estado se desmorona ante
la extensión de la reivindicación de soberanía e independencia, en el
españolismo más ramplón. El Frente Cívico no sólo no menciona siquiera
el Derecho de Autodeterminación en su propuesta de diez puntos, sino que
habla de una reforma electoral que instaure la proporcionalidad en todo
el Estado, con las autonomías como circunscripción y un colegio
nacional de restos.
El problema de fondo es que, aunque
hicieran un programa de ruptura con el régimen de la Transición o de no
pago de la deuda, ¿qué credibilidad tendrían si su expectativa de
gobierno es una coalición con el PSOE, representante directo del gran
capital español y del imperialismo europeo?
Las importantes expectativas de voto de
IU expresan lo que en otros periodos históricos, de profunda crisis
general como el que vivimos, se ha producido. Las masas populares, que
están tomando conciencia de que no pueden seguir viviendo en las
condiciones actuales, antes de enfrentarse a la necesidad imperiosa de
organizarse en torno a un programa político que sirva de línea de
demarcación frente al capitalismo español y al imperialismo europeo,
optan por la ilusión de reformarlo.
La tarea fundamental de la izquierda
coherente es explicar a la clase obrera y a los pueblos del Estado
español que no hay salida alguna con organizaciones políticas que no
planteen la necesidad de prepararse para enfrentar lo que es la línea de
demarcación insoslayable para cualquier proyecto emancipatorio creíble:
el no pago de la deuda, la salida del euro y de la UE.
Y lo que es más importante, que para ello es preciso construir el poder
popular, independiente de los grandes poderes políticos y sindicales,
que como el PSOE o los sindicatos mayoritarios, son los principales
baluartes de las clases dominantes para impedir que la clase obrera y
los pueblos se organicen para conseguir sacudirse el poder que los
sojuzga y explota.
Estamos ante un cambio de ciclo
en la lucha social. Cada vez más gente percibe que las formas de
movilización experimentadas hasta ahora no son efectivas y que hay que
buscar, a partir de la permanente movilización, otras nuevas.
La tarea inmediata es la organización
del movimiento popular en torno a programas políticos en línea con los
que van expresándose en iniciativas como la UPK en Madrid[5],
las CUPs en Cataluña y en otras partes del Estado español con
militantes proponiendo desde la base en el accionar diario. Junto a esto
urge la creación de comités de barrio y de comités obreros, que
aglutinen de forma unitaria a las y los más conscientes, para enfrentar
los problemas locales y las cuestiones de supervivencia de forma
solidaria, incluyendo de forma prioritaria las y los más golpeados y
especialmente a las y los inmigrantes.
El trabajo es arduo, pero el desarrollo
de las contradicciones de esa izquierda timorata, que nunca va a
resolver los problemas fundamentales del pueblo trabajador, junto a la
tarea constante de ir construyendo organizaciones obreras y populares
con la gente más consciente, que cada vez serán más, y a través de la
construcción de nuevas formas de lucha, más poderosas a medida que las
contradicciones se agudicen, es el único camino.
Nuestro objetivo no es aislarnos con los
revolucionarios más puros, sino demostrar en la práctica de la
movilización obrera y popular -poniéndonos a la cabeza de las tareas más
concretas y siendo los primeros y las primeras en la lucha en el seno
del movimiento popular- el compromiso y la superioridad de nuestras
propuestas; en definitiva, su mayor utilidad para los intereses reales
del pueblo, Es un combate en el que las propuestas que defendemos deben
disputar – cuerpo a cuerpo y día a día – con el reformismo la hegemonía
en el movimiento popular, y conseguir que las posiciones revolucionarias
aparezcan como las más sensatas y adecuadas.
6 de septiembre de 2013
[1] “Más
del 95% de las transacciones financieras internacionales son
estrictamente especulativas y con un plazo promedio de 48 hs. El monto
de estas operaciones alcanza a 20 veces el PIB mundial. Su dimensión es
de 1.200 billones de dólares”. http://www.argenpress.info/2013/06/importancia-de-la-reaccion-de-rusia-y.html
[3] Relacionados, entre otras cosas, con la importante presión a la
baja derivada de la incorporación de la clase obrera de los países del
Este, de China y de la India, calculada en torno a 1.500 millones de
personas, al mercado de trabajo mundial.
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