Querella en Argentina contra Martín Villa, el suegro de Gallardón, torturadores y jueces del franquismo
Querella en Argentina contra Martín Villa, el suegro de Gallardón, torturadores y jueces del franquismo
La red ciudadana de crímenes
contra el franquismo pedirá la imputación como responsables de delitos
de lesa humanidad de los exministros Martín Villa, por el asesinato de
cinco obreros en Vitoria, y Utrera Molina, por la condena a muerte de
Puig Antich; de 'Billy el niño' por tortura sistemática; y de más de 300
responsables de la represión franquista....
La causa por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por
la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio
de 1977 continúa adelante en la Justicia argentina. Tras recoger más de
trescientas querellas, la Red ciudadana contra los crímenes del
franquismo (Red Aqua) ha decidido pasar a una segunda fase: pedir la
imputación por crímenes de lesa humanidad de más de 300 responsables de la represión franquista.
La documentación previa a la querella, a la que ha tenido acceso Público, contempla la petición de imputación de los exministros Rodolfo Martín Villa, por el asesinato de cinco obreros durante una huelga en Vitoria y José Utrera Molina (suegro de Gallardón),
por firmar la condena a muerte de Puig Antich. Asimismo, también
solicita la imputación del "torturador" de la Brigada Político Social
(la policía política del franquismo) Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el niño.
Por último, la querella también contempla la imputación del exministro de Trabajo Fernando Suárez y del guardia civil golpista Jesús Muñecas Aguilar,
conocido por su célebre frase en el Congreso de los Diputados el 23 de
febrero de 1981: “No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a
que venga la Autoridad Militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros”.
“Ya va siendo hora de que la Justicia condene de una puñetera vez a la dictadura, el franquismo y sus colaboradores, que después se vistieron de demócratas”, señala a Público José María Galante 'Chato', miembro de la asociación de expresos y presas del franquismo La Comuna.
La causa contra el franquismo en
Argentina fue abierta el 14 de abril de 2010 tras la negativa de la
Justicia española a investigar los crímenes de la dictadura española.
La denuncia apeló a que la Constitución argentina reconoce el principio
de la jurisdicción universal para juzgar a los
culpables de los delitos de lesa humanidad. A la querella inicial se han
sumado ya otras trescientas que están siendo tramitadas ante el Juzgado
Federal Nº 1 de Buenos Aires. La Justicia argentina contempla la pena
de 25 a 30 años de prisión por este delito
La voluntad de los querellantes es que la causa abierta por la magistrada argentina María Servini termine con “la impunidad del franquismo”,
“restablezca la verdad" y abra la vía a "la reparación de todo el dolor
producido”. Reclaman la recuperación a cargo del Estado de los restos
abandonados en fosas comunes y su devolución a los familiares, la anulación de todos los procesos judiciales de los tribunales especiales de la dictadura;
la condena del expolio económico que sufrieron los republicanos por
parte de los vencedores en la Guerra Civil; y, por último, la aplicación
de la legislación de crímenes de lesa humanidad contra los
supervivientes de la dictadura que tengan las manos manchadas de sangre.
1. Rodolfo Martín Villa, "la porra de la Transición"
El exministro, exsenador y
exasambleario de la Asamblea de Madrid Rodolfo Martín Villa fue conocido
durante su periodo como ministro de Gobernación (76-79) como “la porra
de la Transición” por la dureza empleada en la represión de las
manifestaciones obreras y estudiantiles. Asimismo, se le acusa de ser
parte responsable de la intensa actividad parapolicial que se desarrolló
a lo largo de estos años con una nutrida implicación de organizaciones
fascistas.
De manera más específica, la querella pedirá su imputación como ministro de Relaciones Sindicales y corresponsable de la muerte de cinco trabajadores en
Vitoria durante la jornada de huelga del 3 de marzo de 1976 cuando la
Policía asaltó la iglesia de Vitoria de San Francisco de Asís, lugar
habitual de las reuniones de las Comisiones Representativas de las
empresas en lucha, y disparó a bocajarro contra los más de 5.000 obreros que habían acudido a la asamblea.
El resultado: cinco trabajadores
muertos (Pedro María Martínez Ocio de 27 años; Francisco Aznar Clemente
de 17 años; Romualdo Barroso Chaparro de 19 años; José Castillo García
de 32 años; Bienvenido Pereda Moral de 30 años) y alrededor de 150
heridos.
Martín Villa comenzó su carrera
política en el régimen en 1962 como Jefe Nacional del Sindicato Español
Universitario (SEU) alcanzando el puesto de Gobernador Civil en 1974 y
ministro de Relaciones Sindicales en 1975. Ya en democracia, fue
diputado en las Cortes por la provincia de León (UCD) y de la provincia
de Madrid por el Partido Popular años después. Asimismo, también
presidió la Comisión de Justicia e Interior del Congreso entre 1996 y
1997. En enero de 2003, fue nombrado comisionado del Gobierno para el
desastre producido por el hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas de Galicia.
Su pasado franquista tampoco le impidió dar el salto al mundo empresarial. Desde diciembre de 2003 fue consejero de Sogecable
y presidente del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva
de la misma compañía desde marzo de 2004 hasta octubre de 2010.
Asimismo, también fue presidente de Endesa, cuando era parcialmente
pública, presidente de Endesa Italia o presidente de la Comisión de Control de Caja de Ahorros de Madrid (1993-1997) entre otros muchos cargos de relevancia.
2. José Utrera Molina, el suegro de Gallardón
La complicidad de Utrera Molina, de 86
años, con el régimen franquista ni siquiera ha sido disimulada en
democracia. Actualmente, forma parte del Fundación Francisco Franco.
Su carrera en el régimen franquista comenzó en el Frente de Juventudes
(la organización juvenil del partido fascista) y finalizó en 1975 como
Ministro Secretario General del Movimiento y vicepresidente del Consejo
Nacional del Movimiento poco antes de la muerte del dictador. Además,
fue presidente del Banco Rural desde marzo de 1975 hasta su dimisión el 3
de abril de 1978.
La Red Aqua pide su imputación en la
querella contra el franquismo por firmar el decreto o 'enterado' para la
ejecución de la sentencia a muerte, por garrote vil, de Salvador Puig
Antich, condenado a muerte por un tribunal militar tras ser acusado por
el asesinato en Barcelona del subinspector de la Brigada Político
Social, Francisco Anguas Barragán, cuando se procedía a su detención.
En 2010, Utrera Molina escribió un artículo de opinión en el diario ABC en el que calificaba la Ley de Memoria Histórica y la retirada del monumento al teniente general Millán Astray como una “vandálica invasión del Gobierno socialista”.
“Vivimos un tiempo en el que corremos el riesgo de avergonzarnos de
pertenecer a una Nación gloriosa y antigua como ha sido España”,
escribe.
3. Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el niño
Dentro de todos los casos de torturas
denunciados a lo largo de la larga noche de la dictadura franquista, el
caso de González Pacheco, Billy el niño, miembro de la Brigada Político Social, es el más impactante. De hecho, tiene un amplio dossier de diligencias judiciales por presuntas torturas en
los últimos años del franquismo. Su nombre llega a aparecer hasta en 17
querellas, presentadas en Argentina, unido de manera indisoluble al
delito de tortura.
En 1974 llegó a ser condenado, junto a otros tres policías, por el Juzgado Municipal número 19 de Madrid, a pagar 1.000 pesetas por una falta de malos tratos y otra de coacciones al
estudiante Francisco Lobatón. Un año antes, en 1973, ya había sido
condenado por otra falta de lesiones interpuesta por Enrique Aguilar
Benítez de Lugo.
El resto de procesos pendientes se sobreseyeron tras no presentarse reiteradamente a los juicios en los que estaba encausado y beneficiarse, posteriormente, de la ley de Amnistía de 1977
que se extendió a “los delitos y faltas que pudieran haber cometido las
autoridades, funcionarios y agentes del orden público con motivo u
ocasión de la investigación y persecución de los actos Incluidos en esta
ley”. Así, también prestó declaración ante la Audiencia Nacional por su
presunta relación con los asesinos de los abogados de Atocha y por los
grupos antiterroristas paramilitares Antiterrorismo ETA y Batallón Vasco Español, autores de varios asesinatos durante la Transición.
Pero la Ley de Amnistía no fue
suficiente para limpiar su honor. El 1 de julio de 1977 el Ministro del
Interior, Rodolfo Martín Villa, le condecoró con la Medalla de Plata al Mérito Policial
y se le organizó una cena homenaje “como desagravio a la persecución de
la que es objeto por parte de algunos medios de comunicación”. Al acto
asistieron cien policías, entre ellos Manuel Ballesteros que será Jefe
del Mando Único de la Lucha Antiterrorista. Ese mismo año pasó a formar
parte de la Brigada Central de Información, que más tarde daría lugar a
la Brigada Antiterrorista donde actúa como segundo de Roberto Conesa,
que también fue su superior en la BPS.
En 1985 González Pacheco aparece como jefe de seguridad de la empresa automovilística Talbot
en Madrid, donde también trabaja en diversas empresas de seguridad. En
2011, según la documentación previa a la demanda de la Red Aqua, figura
como jefe de tráfico de la empresa Loomis.
4. Jesús Muñecas, golpista del 23-F
Jesús Muñecas es, actualmente, propietario de un centro de equitación en Valdemoro. Recibe la pensión máxima de jubilación
por sus servicios prestados al Estado a lo largo de su dilatada
trayectoria como guardia civil. Su nombre no pasó a la historia, como el
de Tejero, pero sí su intervención en el 23-F. Él fue el primero en
dirigirse a los diputados para comunicarles la "próxima" llegada de la "autoridad, militar,
por supuesto". Durante el secuestro de los diputados en el hemiciclo,
él mismo se ocupó de dirigir el grupo armado que tuvo a su cargo la
vigilancia de las puertas del Parlamento.
Previamente, había sido denunciado en varias ocasiones por delitos de torturas
en la Comandancia de Zarautz y en la Comandancia de la Guardia Civil de
Tolosa, dependiente de la de San Sebastián. No fue condenado por
ninguna de ellas. Sí lo fue tras el 23-F por “delito consumado de rebelión militar”por
el que es condenado a tres años y seis meses de prisión. Salió en
libertad en octubre de 1984, tras cumplir las tres cuartas partes de la
condena y obtener setenta y cuatro días de reducción por trabajos
realizados.
5. Fernando Suárez, en segunda fila
Fernando Suárez inicia su carrera
política, como tantos otros políticos del régimen, en las filas del SEU
donde fue jefe de la sección de Oviedo entre 1954 y 1956. Tras pasar por
varios puestos de designación política de segundo nivel como director
del Instituto de la Juventud o director general del Instituto Español de
Emigración, da el salto al Gobierno en 1975 para ocupar la cartera de Trabajo.
Ese mismo año firma, junto al resto de ministros, la sentencia a muerte de los últimos asesinados por el franquismo en septiembre de 1975: José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui. Por ello, la Red Aqua pide su imputación como responsable directo de crímenes de lesa humanidad.
Ese mismo año firma, junto al resto de ministros, la sentencia a muerte de los últimos asesinados por el franquismo en septiembre de 1975: José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui. Por ello, la Red Aqua pide su imputación como responsable directo de crímenes de lesa humanidad.
Fuente: Público
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