¿Cómo se gesta y a quién beneficia la privatización de la sanidad?
Desde redroja- Escrito por Ángeles Maestro
Mucha
gente piensa que la privatización de la sanidad es un fenómeno reciente
producto de las políticas del PP. Este es un grave error, un mal
diagnóstico, que impide un tratamiento adecuado de las causas, porque al
igual en una enfermedad, si tratamos sólo los síntomas no estamos
actuando eficazmente y el proceso se agrava.
Las privatizaciones de empresas y
servicios públicos forman parte medular de la respuesta del gran capital
a la gran crisis económica que vivimos ahora, que se inicia en la
década de los setenta y que se conoce como políticas neoliberales. Se
trata de una estrategia general dirigida a intentar reducir la caída de
la tasa de ganancia. De ella forman parte la drástica reducción de la
fiscalidad de las rentas del capital, la instauración de políticas de
reducción del déficit – con la correspondiente disminución de
presupuestos sociales - , la liquidación de derechos laborales y
sociales y las privatizaciones.
Son políticas de largo alcance,
implementadas por gobiernos de todo color político, en un marco de lucha
de clases marcado por la cooptación de las cúpulas sindicales y el
correspondiente retroceso del poder de la clase trabajadora.
El primer asalto de las privatizaciones
tiene lugar sobre las empresas públicas. El negocio privado está
asegurado, no sólo porque se venden a precio de saldo y prácticamente en
régimen de monopolio, sino porque – en la medida en que producen bienes
de primera necesidad (luz, combustibles, transportes, comunicaciones,
agua, etc) la clientela está asegurada.
En el Estado español este proceso se
inicia a mediados de los ochenta, por el PSOE, coincidiendo con la
entrada en la CEE, y es continuado por los gobiernos del PP.
El segundo asalto son los servicios públicos, y sobre todo la sanidad, que consume un % considerable del PIB (el 7% en 2013).
Ya con el gobierno de UCD tuvieron lugar
reuniones en el Ministerio de Sanidad en las que participaron
aseguradoras privadas, la industria farmacéutica, representantes de
bancos y grandes empresas, junto a dirigentes de los grandes medios de
comunicación. El objetivo era planificar, y financiar, campañas de
desprestigio de la sanidad pública. El argumentario es bien conocido: es
burocrática, despilfarradora, poco ágil y su personal rinde poco porque
tiene sus puestos asegurados, frente a la competitividad y la eficacia
de la empresa privada.
En el año 1991 se pretendió dar un salto
cualitativo. A semejanza de Gran Bretaña donde se publicó un informe,
“Working for Patients”, que sirvió como hoja de ruta para la
privatización y el desmantelamiento del mejor servicio sanitario de
Europa Occidental, el Pleno del Congreso aprobó la elaboración de un
Informe para la “Consolidación y Modernización del Sistema Nacional de
Salud”.
El PSOE, gobernando con mayoría
absoluta, encargó su elaboración a Fernando Abril Martorell, antiguo
Procurador de las Cortes de Franco y vicepresidente del Banco Central
Hispano. El Informe era todo un programa de preparación de la sanidad
para su privatización, incluyendo la introducción de copagos por el uso
de servicios sanitarios y de los medicamentos para los pensionistas. La
presentación pública del Informe fue abortada porque como Diputada,
entonces, de IU, tuve acceso a sus conclusiones y pude hacerlas
públicas, convenientemente explicadas, antes de que fueran presentadas
oficialmente. Ante el enorme rechazo suscitado el Informe nunca fue
votado en el Parlamento pero sus propuestas básicas fueron ejecutadas.
Se procedió a la privatización -
“externalización” - de servicios hospitalarios tales como limpiezas,
lavanderías, cocinas, ambulancias, etc, y se ampliaron progresivamente
los conciertos con la sanidad privada de la cirugía de baja complejidad
(la más rentable), radiodiagnóstico, etc. Destaco por su trascendencia
la privatización de los servicios de limpieza hospitalaria, que fueron a
parar en gran parte a empresas constructoras tales como Ferrovial, FCC o
Dragados y que tuvo como resultado un drástico recorte de plantillas y
precariedad en el empleo. Estos hechos son directamente responsables del
espectacular aumento de las infecciones hospitalarias, con el
correspondiente incremento de la mortalidad y del gasto hospitalario1.
En el año 1997, gobernando el PP en
minoría, se aprobó la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión que ampara
la entrada masiva de la empresa privada en la gestión de todo tipo de
centros sanitarios. Esta Ley fue votada por PP, PSOE, PNV, CiU y CC. Al
día siguiente de su votación, CC.OO. emitió un comunicado
congratulándose del gran apoyo parlamentario recibido “por una Ley clave
para la modernización del SNS”2.
La empresa privada tenía abierto el
camino y los diferentes gobiernos autonómicos (del PP, del PSOE, o del
PSOE con IU y otros partidos de izquierda como el tripartito catalán o
el pentapartito balear) lo ejecutaron. Era el negocio más seguro que
podían soñar, máxime en tiempos de crisis: financiación y clientela
públicas y beneficio privado.
Las empresas constructoras, tras el
estallido de la burbuja inmobiliaria, han entrado con fuerza en la
gestión de los hospitales de gestión privada: Sacyr, Dragados, FCC,
Acciona, .. una parte ellas implicadas en la trama Gürtel como BEGAR,
Ploder, Hispanica, otras “donantes” del PP como OHL, o el Grupo
Cantoblanco de Arturo Fernández. Estas empresas aparecen formando parte
de UTEs junto a Cajas de Ahorros “nacionalizadas” tras el
correspondiente saqueo como la CAM o receptoras de ingentes fondos
públicos como BANKIA, y al lado de aseguradoras privadas como Sanitas o
Adeslas.
Mención especial merece la empresa
CAPIO, propiedad de CVC Capital Partners. Este grupo, de capital riesgo y
dedicado a la especulación, tiene una oficina central en Londres y su
sede se encuentra en Luxemburgo. Esta empresa tiene todos los visos de
llegar a ser en el gran monopolio de la gestión privada de la sanidad
pública, con sus negocios principales en Madrid (Hospitales Jimenez
Díaz, Móstoles, Valdemoro y Collado Villalba3, además de dos
centros de especialidades) en Castilla la Mancha (hospitales de
Villarrobledo, Tomelloso, Manzanares y Almansa) y en Cataluña, con
importantes conciertos, y con el Hospital Universitari Sagrat Cor,
integrado en la red de utilización pública.
La vinculación entre decisiones
políticas e intereses empresariales es evidente. Ex Consejeros de
Sanidad como Manuel Lamela, con intereses en Capio, o Güemes, que tuvo
que dimitir como consejero de Unilabs, propiedad de Capio, empresa a la
que él adjudicó la gestión de análisis clínicos de seis hospitales, lo
ilustran. Otro caso es el Antonio Burgueño, actual Director General de
Hospitales de la Comunidad de Madrid, quien fue director médico de
Adeslas, empresa integrada en Ribera Salud y principal impulsor del
primer hospital de gestión privada, el de Alzira, y cuyo hijo, Antonio
Burgueño Jerez, trabaja como jefe de la Unidad de Desarrollo de Negocio y
Calidad en Ribera Salud, empresa adjudicataria del Hospital de
Torrejón
Pero el fichaje
de “conseguidores” no sólo se circunscribe a las filas del PP. Nicolás
Redondo Terreros es Consejero de FCC, empresa que gestiona le Hospital
de Arganda, al que hay que añadir la larga lista de ex Ministros y ex
Ministras de Sanidad de PSOE que son Consejeros de grandes
multinacionales, incluidas las de la industria farmacéutica4.
El robo de la sanidad por las empresas
privadas, con la connivencia necesaria de los gobiernos, no es solamente
un expolio de recursos públicos, es además un crimen.
El negocio en la sanidad, imposible si
se presta una atención universal y de calidad, se consigue atentando
contra la vida y la seguridad de las y los pacientes, además de
incrementando el coste.
La explicación de los mecanismos para conseguirlo sobrepasan los límites de este artículo. Enumero algunos de ellos:
-
Disminución de la cantidad de personal (en torno al 30%) y de la cualificación del mismo.
-
Selección de pacientes, dejando los no rentables para la sanidad pública.
-
Sobreindicación de intervenciones quirúrgicas rentables.
-
Priorización de pacientes en función de los ingresos que su atención reporta a la empresa.
-
Presión sobre las administraciones sanitarias, a través de la
connivencia de políticos, para elevar las cuantías que les paga la
sanidad pública.
La ejecución de los mecanismos de ahorro
(altas precoces, baja utilización de recursos caros de diagnóstico y
tratamiento), vitales para conseguir el negocio, requieren de la
“colaboración” sobre todo del personal médico, que es quien indica el
gasto. Para lograrlo son determinantes los contratos temporales, la
inseguridad en el trabajo y que una parte importante del salario esté
vinculada al cumplimiento de objetivos de disminución del gasto.
La realidad descarnada es que todo este
engranaje tiene una cobertura legal incuestionable, refrendada por
sentencias de los tribunales ante los que se ha denunciado: la Ley 15/97
de Nuevas Formas de Gestión.
Dejo para la reflexión de quienes lean
estas líneas la valoración de lo que para sus propias vidas supone la
privatización de la sanidad y la consecuente decisión acerca de la
actuación necesaria para impedir que tamaña salvajada culmine.
Es preciso, a mi juicio, que en este
momento nos centremos, no tanto en manifestaciones masivas, como en la
creación y extensión de colectivos locales, suficientemente coordinados,
capaces de pasar a la ofensiva y bloquear la ejecución de los planes de
privatización, Es decir, que el poder popular se manifieste y actúe con
tres grandes objetivos:
Ni una privatización más
Derogación de la Ley 15/97
Devolución a manos públicas todo lo privatizado.
[1]Entre los numerosos estudios realizados puede verse: Rampling, A.,
Wiseman, S., Davis, L., Hyett, P., Walbridge, A. N., Payne, G. C.,
& Cornaby, A. J. (2001). Evidence that hospital hygiene is important
in the control of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Journal
of Hospital Infection, 49: 109-116. 50
[3]Capio recibe por este hospital construido y cerrado, para ahorrar
según la Consejería de Sanidad de Madrid, más de 900.000 euros
mensuales.
Fuente: Público
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