EFEMERIDES MES DE DICIEMBRE.Memoria de la transición españolas. Lecturas contra el olvido XII
Finalizo esta serie de efemérides con la entrega correspondiente al mes diciembre, ya lo publiqué en el año 2011, pero este además tiene un mapa de la represión tardo franquista y un apunte sociológico de mucho interés, así mismo incluyo casos olvidados o descubiertos posteriormente a la fecha que los envié . El próximo año amenazo con daros la vara y desmontar una falacia que circula por los medios, avalada por la particular visión que tiene Pío Moa de nuestra guerra civil o como yo la llamo “Revolución Española”, el que avisa no es traidor Hasta siempre compañeros/as.
EFEMERIDES MES DE DICIEMBRE
Lecturas contra el olvido XII
EFEMERIDES MES DE DICIEMBRE
Lecturas contra el olvido XII
Era domingo - 04 de diciembre – Málaga. 1977. Durante la celebración en Málaga de una manifestación, a favor de la autonomía andaluza, es asesinado por la policía José Manuel García Caparrós, de 18 años. 1
Fue un sábado - 08 de diciembre – Valladolid. 1979. Mueren dos jubilados, Manuel Álvarez Blanco, de 69 años y Victoria Arranz, de 64, a consecuencia de un incendio provocado en la sede del Movimiento Comunista (MC), de Valladolid por un grupo fascista.
Era lunes - 12 de diciembre – Tenerife. 1977. Es asesinado en Tenerife, por disparos de la Guardia Civil, el estudiante de 22 años Javier Fernández Quesada.
Fue un jueves - 13 de diciembre – Madrid – 1979. Tras una manifestación estudiantil contra la Ley de Autonomía Universitaria (LAU), mueren a consecuencia de los disparos efectuados por la policía, los estudiantes José Luis Montañés Gil y Emilio Martínez Menéndez. Fueron encausados tres policías, pero fueron absueltos por el tribunal, hoy sabemos que estuvieron presentes durante la autopsia y no se retiraron hasta que el forense les entregó las balas extraídas de sus cuerpos. Interrogados los policías por psicólogos, dijeron que; "(…) disparamos porque vimos mucho odio en sus miradas"¿? ¡Malditos bastardos!, perros asesinos, guardianes del sistema por 40 ensangrentadas monedas.
Era lunes -20 de diciembre – Madrid. 1976. El 15 de Diciembre, durante una manifestación a favor de la abstención en el referéndum de la Ley para la Reforma Política, es apaleado por la policía Ángel Almazán Luna, y a consecuencia de esto fallece el día 20.
Fue un jueves – 20 de diciembre (1978) – Anglet (Francia) Es asesinado por un comando de militares españoles — en un acto claramente de venganza o Ley del Talión—, José
Fue un sábado - 08 de diciembre – Valladolid. 1979. Mueren dos jubilados, Manuel Álvarez Blanco, de 69 años y Victoria Arranz, de 64, a consecuencia de un incendio provocado en la sede del Movimiento Comunista (MC), de Valladolid por un grupo fascista.
Era lunes - 12 de diciembre – Tenerife. 1977. Es asesinado en Tenerife, por disparos de la Guardia Civil, el estudiante de 22 años Javier Fernández Quesada.
Fue un jueves - 13 de diciembre – Madrid – 1979. Tras una manifestación estudiantil contra la Ley de Autonomía Universitaria (LAU), mueren a consecuencia de los disparos efectuados por la policía, los estudiantes José Luis Montañés Gil y Emilio Martínez Menéndez. Fueron encausados tres policías, pero fueron absueltos por el tribunal, hoy sabemos que estuvieron presentes durante la autopsia y no se retiraron hasta que el forense les entregó las balas extraídas de sus cuerpos. Interrogados los policías por psicólogos, dijeron que; "(…) disparamos porque vimos mucho odio en sus miradas"¿? ¡Malditos bastardos!, perros asesinos, guardianes del sistema por 40 ensangrentadas monedas.
Era lunes -20 de diciembre – Madrid. 1976. El 15 de Diciembre, durante una manifestación a favor de la abstención en el referéndum de la Ley para la Reforma Política, es apaleado por la policía Ángel Almazán Luna, y a consecuencia de esto fallece el día 20.
Fue un jueves – 20 de diciembre (1978) – Anglet (Francia) Es asesinado por un comando de militares españoles — en un acto claramente de venganza o Ley del Talión—, José
Miguel Beñaran Ordeñana (Argala). Se le hacía responsable de la voladura del coche del almirante Luis Carrero Blanco. En el atentado participaron 8 oficiales militares españoles dirigidos por “Leónidas” —bajo este seudónimo se esconde cuando le entrevistan los medios de comunicación—, que colocaron una bomba en los bajos de su coche, un Renault5.
Era martes - 30 de diciembre – Valencia. 1980. El ultra fascista José Palazón Sánchez, mata a tiros a Francisco José Rodríguez López, de 21 años, que estaba prestando el servicio militar y se encontraba de vacaciones en Valencia, y hiere a otros seis jóvenes más.
Era martes - 30 de diciembre – Valencia. 1980. El ultra fascista José Palazón Sánchez, mata a tiros a Francisco José Rodríguez López, de 21 años, que estaba prestando el servicio militar y se encontraba de vacaciones en Valencia, y hiere a otros seis jóvenes más.
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LOS HECHOS
José Manuel García Caparrós. Fuente: Primera Plana
Málaga golpeada. Diciembre 1977
A Málaga, como al resto del País Andaluz, la golpeó con dureza la muerte de José Manuel García Caparrós. José Manuel cayó en el puente de Tetuán a causa de una bala. Luego — el seis de diciembre — el País Andaluz se vestiría de luto y Málaga sería nuevamente golpeada. La autonomía andaluza tiene su primer mártir. Manuel García Caparrós, 19 años y militante del PCE y de Comisiones Obreras. Hoy se sabe ya con exactitud que cayó por la bala que disparó un Policía Armada. Donde la sangre joven se derramó, mientras pronunciaba una última palabra “justicia”, los malagueños se dan cita con claveles rojos, verdes, blancos. Hay un letrero: “Crimen Fascista”. Y en el suelo: “Justicia popular”.
El día 4 de Diciembre, cuando millón y medio de andaluces, en las nueve provincias, en sus calles y plazas gritaban por una Andalucía libre y los brazos de los andaluces más jóvenes se alzaban en Cataluña pidiendo autonomía, José Manuel García Caparros daba el último estertor. Un hilo de sangre salió por su boca. La calle de Comandante Benítez ya se conoce popularmente por calle Manuel García. La Andalucía abnegada, cargada de promesas incumplidas, pisoteada por el centralismo y el caciquismo… La Málaga refugio y solaz de quienes hicieron enormes fortunas a la sombra del franquismo, se levantó cuando se supo la muerte de un joven, de dos heridos más por bala y otros muchos contusionados por una acción de la policía que todos calificaron de brutal. La convocatoria del Día de Andalucía en Málaga venía cargada ya de negros presagios. Días antes, el Presidente de la Diputación, el falangista Francisco Cabeza López, había manifestado que la bandera verde-blanca-verde no ondearía en el edificio provincial. Meses antes, el pleno de la Diputación aprobaba el uso de la bandera. Pero Cabeza López dijo no.
Y nadie le obligó, ni le pudo obligar a colocarla. La espoleta ya estaba puesta. Lo otro fue ya una cadena que no terminó en masacre gracias a la serenidad del pueblo malagueño que no cayó en la trampa. Elementos de Fuerza Nueva y del Frente Anticomunista Español que capitanea por estas tierras un alférez provisional, Enrique del Pino, calentaron los ánimos días antes. La bandera verdiblanca, símbolo de una nueva Andalucía fue destrozada por estos ultras en la víspera del Día de Andalucía. La espoleta de unos incidentes Un joven escala la fachada de la Diputación de Málaga para colocar la bandera andaluza el 4–D Cuando la cabeza de la manifestación pasaba por delante de la Diputación Provincial, los parlamentarios, líderes de partidos y centrales sindicales pararon unos segundos. Mirada de desprecio en algunas caras y de dolor en otras. Pero ya otros manifestantes iban colocando banderas andaluzas en sus ventanas Un joven del PC sujetó, con cadena y candado, una bandera a la verja de la puerta de entrada. Otro más osado y al parecer sin militancia activa en ningún partido, como una araña humana, escaló hasta el balcón principal con el objeto de colocar la bandera andaluza en el mismo mástil donde estaba sólo la enseña nacional. Cuando culminó su arriesgado trabajo, miles de gargantas gritaron “¡Viva Andalucía!”. Poco duró. La Policía hizo su aparición y cargó contra el grupo de manifestantes delante de la Diputación.
Fueron los primeros botes de humo, las primeras carreras, las primeras caras de pánico, de terror, de tragedia. Los gritos de “Cabeza, fascista, dimite” fueron sustituidos por “Cabeza al paredón”. Y luego, los gritos contra la policía… las piedras. Y más carreras. Hoy, con los ánimos más templados, nadie en Málaga se explica el porqué de la acción de la Policía. Fantasmas del norte del país parece que sobrevolaban las cabezas de los policías. Y aunque desmentido por el Ministro Martín Villa, la imagen del Comandante Imaz parecía rondar por las calles malagueñas. Es cierto que en algunas ocasiones la Policía se sintió acorralada, pero también lo es la extrema dureza empleada contra personas solitarias, contra conductores de coches y motos. Se lo oímos decir a un miembro de la COPEL en el lugar donde cayera Manuel José García Caparros: “Esto sucede en el Norte y estalla” .
Disparos, no sólo al aire La Policía española reprime Cuando regresaba el grueso de la Manifestación desde el Puente de las Américas hasta el centro del casco urbano sonaron los primeros disparos de pistola. Por la espina dorsal de miles de malagueños corrió la duda y el temor. Y una pregunta en la
cara de todos: “¿Qué pasa?”. A los disparos de pistola les siguieron los botes de humo y las balas de goma hacia el barrio del Perchel y la Trinidad. Serían las dos y cuarto de la tarde. En la versión oficial se dice que la policía se sintió acorralada y sin dotación antidisturbios en las confluencias de las calles Alameda de Colón, Avda. del Generalísimo y Puente de Tetuán y tuvo que tirar de la pistola. Esta versión ha sido rebatida por testigos presénciales, aunque alguno de ellos reconociera que efectivamente hubo momentos en que la Policía estaba copada, pero disponía de las porras y otros medios. Igualmente sorprende que la policía, nada más comenzar los incidentes, agotara su dotación antidisturbios. Es verdad que la policía disparó al aire pero también hubo muchos disparos sin levantar las armas al cielo. El lugar donde cayó Manuel José García Caparros está acribillado por varias balas. Antonio Ortiz Carrasco nos contaría como una bala le pasó por la cabeza, disparada al parecer, por el mismo causante de la muerte del joven, un sargento grueso. Luego todo fue una batalla campal. Este periodista, a pocos metros de su estomago tuvo una pistola. Dos diputados, Francisco de la Torre (UCD) y Román (PSOE) estaban allí y declararían haber visto pistolas fuera de sus fundas, palos, miedo, pavor, pánico, carreras, mujeres histéricas, desbandada, acoso a la policía, más botes de humo, más balas de goma, piedras, y palos. Indignación popular Los jóvenes toman Málaga Lo que empezó como una jornada de alegre confianza en poder alcanzar una autonomía que le permita salir del subdesarrollo, se convirtió en jornada de dolor y de luto. Descanse en paz Manuel y que la paz llegue a Andalucía.
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Javier Fernández Quesada Memoria histórica / Canarias Semanal/12/12/2007
Acotaciones de un crimen de estado.
“Durante la Transición se echó tierra sobre el asesinato de Javier Fernández Quesada, se hizo burla del sentido más elemental de la justicia”.
Hace treinta y cinco años el estudiante de 2º curso de Biológicas Javier Fernández Quesada era asesinado por la Guardia Civil en las escaleras de la ULL (Universidad de La Laguna), mientras se producía una protesta de apoyo a diversos sectores de trabajadores en huelga. El asesinato de Fernández Quesada aún permanece impune, como el del obrero y militante del PUCC Antonio González Ramos, el del joven Bartolomé García Lorenzo y otros muchos cometidos en todo el Estado durante esos conflictivos años. La aparición del número 11 de la revista de Historia 'Canarii', dedicado a este "Crimen sin juzgar", ha vuelto a suscitar la discusión sobre un caso cuya comprensión exigiría reflexionar seriamente sobre la llamada "Transición a la democracia". Publicamos aquí los textos del periodista Julián Ayala, "Acotaciones de un crimen de Estado".
Julián Ayala. (*)
Mi aportación al tema principal de este número de Canarii lleva por título “El asesinato de Javier Fernández Quesada, Acotaciones de un crimen de Estado”, pues estaba convencido — y la documentación manejada para elaborar el artículo me lo ha ratificado — que la actitud de las autoridades e instituciones del Estado en la investigación posterior al suceso fue una verdadera confabulación para ocultar la verdad sobre el mismo, que todavía hoy, treinta años después, sigue sin conocerse del todo.
Se echó tierra al asesinato de Javier, se hizo burla del sentido más elemental de la justicia, por una razón de Estado. Los Pactos de La Moncloa habían establecido lo que ahora se llama una “hoja de ruta” (perdonen el tópico) por la que debía circular la transición a la democracia. Todo lo que se saliera de ella debía ser evitado, y si se producía, combatido con todas las armas del poder, entre ellas las de la ocultación y la mentira. Eso fue lo que se hizo con la muerte de Javier Fernández Quesada y con gran parte de los asesinatos a manos de la fuerza pública ocurridos en aquellos tiempos en diversos lugares del Estado.
Contra la visión cuasi-idílica y apta para la exportación de la transición española, se alzan estos crímenes que nunca debieron haberse producido y que en su mayoría permanecen impunes, viciando de origen no sólo el proceso de la transición sino el propio sistema democrático light en el que ahora nos movemos.
Para realizar este monográfico nos hemos basado principalmente en documentos hasta ahora inéditos, como son las actas de la Comisión de investigación nombrada por el Congreso de los Diputados y ante la cual comparecieron y testificaron más de treinta personas, y el decreto de sobreseimiento de la causa 200/1977 incoada por la jurisdicción militar por la muerte del estudiante y las heridas causadas a uno de sus compañeros. También hemos tenido en cuenta las informaciones aparecidas en la prensa de la época. Yo mismo trabajaba entonces en El Día, que bajo la dirección de Ernesto Salcedo era un periódico serio y fiable que procuraba prestar un servicio a la sociedad, absolutamente en las antípodas de la sectaria hoja parroquial (con homilía incluida los domingos) que es hoy. Muchas de las noticias y crónicas que sobre los sucesos del 12 de diciembre y los días siguientes se publicaron en El Día las redacté yo. Puedo decir, pues, que fui testigo, en parte presencial, de aquellos acontecimientos que no creo sea exagerado afirmar que marcaron a toda una generación de estudiantes y activistas sindicales y políticos de la izquierda tinerfeña.
Los hechos que condujeron a la muerte de Javier Fernández el 12 de diciembre de 1977 están enmarcados en el contexto de las luchas sociales que agitaban por entonces a la sociedad tinerfeña. La crisis económica de los ’70 tuvo en Canarias, y particularmente en Tenerife, una connotación especialmente conflictiva. Importantes sectores económicos que integraban a gran número de trabajadores fueron sometidos a una forzada restructuración que dio al traste con muchos puestos de trabajo. Entre los más importantes estaban el transporte interinsular y el tabaco. Unos mil trabajadores de la empresa Transportes de Tenerife, S.L., se encontraban en huelga desde el 13 de octubre y alrededor de cuatro mil empleados de 15 empresas tabaqueras lo estaban desde el 14 de noviembre. A ellos se sumaba un núcleo de trabajadores, reducido por su número, pero importante por las tareas que realizaban en el sector portuario del frío industrial, encargado de la conservación de los alimentos de la población. Ninguno de los sindicatos firmantes de los Pactos de La Moncloa tenían presencia en los citados sectores, representados por sindicatos autónomos, como la FASOU, en transportes, la Asociación de Trabajadores del Tabaco y Derivados, y en el sector del frío la Confederación Canaria de Trabajadores, de tendencia claramente independentista y antisistema. Ante el agotamiento de algunas de las huelgas (concretamente la de las guaguas), estos sindicatos, agrupados en lo que se denominó Asamblea de Sectores en Lucha, convocaron una huelga general de solidaridad para el 12 de diciembre. El llamamiento, al que se sumaron el SOC y la Liga Comunista Revolucionaria, tuvo escaso eco entre la población laboral (de las grandes empresas sólo pararon los estibadores portuarios, adscritos a la FASOU, y la Caja General de Ahorros, donde era mayoritario el SOC), pero sí fue ampliamente acogido por la vanguardia estudiantil de La Laguna, lo que dio lugar a la desproporcionada y brutal reacción de la guardia civil.
El periodismo está muy acotado por la realidad.
Los periodistas que pretenden ser coherentes en el ejercicio de su profesión se ven fuertemente encorsetados por esta referencia a lo real, deben limitarse a exponer al receptor los datos de que disponen con la mayor objetividad posible, sin dar vuelo alguno a la imaginación.
Pero como yo soy un periodista jubilado, ya de vuelta de corsés y de acotaciones, me gusta a veces ponerme en la piel del protagonista de un hecho ajeno e insólito y tratar de recrear aquellos momentos que marcaron su viaje particular hacia la historia.
Así, he imaginado que la lluviosa mañana del lunes 12 de diciembre de 1977, Javier Fernández Quesada se levantó tarde. La noche anterior, había estado de tertulia en un bar de San Honorato, tal vez comentando en algún momento de la conversación cómo sería la huelga convocada para el día siguiente.
Javier asistía como libre oyente al segundo curso de Biológicas y estaba más preocupado por el examen de Bioestadística que iba a realizar el martes que por la marcha concreta de las clases de aquel lunes, que se presentaba problemático en tal sentido. Así, que no se apresuró a ir a la Universidad. Sus hermanos, con los que convivía en el piso, habían marchado ya, y él desayunó y salió a dar una vuelta por La Laguna, donde pudo captar la tensión del ambiente, con los piquetes de estudiantes y obreros recorriendo las calles del casco y la inusual presencia policial en puntos estratégicos, como la Avenida de La Trinidad, la Glorieta del Padre Anchieta o el cruce de la Cruz de Piedra.
Sin prisas, llegó a la Universidad sobre las once y media o las doce, y fue al despacho de un profesor a quien quería realizar una consulta sobre el examen del día siguiente. El profesor se encontraba ocupado y como el asunto no era para resolverlo en unos minutos concertó una cita con él para las cuatro de la tarde.
La Universidad estaba casi vacía. Apenas se había impartido clases esa mañana y después de una asamblea en el hall, la mayor parte de los asistentes o bien marcharon a sus casas o bien fueron a engrosar los grupos que, en unión de obreros de los sectores en huelga, pretendían extender el paro por la ciudad, obstaculizando el tráfico y obligando a cerrar los comercios.
Precisamente en las cercanías del campus universitario, en la calle Delgado Barreto, un piquete había levantado una barricada y hostigaba con piedras y algún neumático incendiado a un destacamento de la Policía Armada que abajo, cerca de la Cruz de Piedra, custodiaba un camión cisterna accidentado. Es posible que Javier se acercara a este grupo a saludar a algún amigo o conocido y a interesarse por la marcha de los acontecimientos. Su hermano Carlos se encontró con él en una de las zonas ajardinadas del campus. Fue la última vez que lo vio con vida. La segunda vez que lo vio ese día, ya anochecido, fue en el depósito del cementerio, para reconocer su cadáver.
Sobre las dos y media de la tarde, la Policía Armada se retiró de las inmediaciones del campus. Eufóricos, los estudiantes que cortaban el tráfico en Delgado Barreto se fueron también, unos a la Universidad, donde se había convocado una asamblea para hacer balance de la mañana, y otros a sus casas. Javier se quedó en la Universidad. Dada la hora, seguramente se disponía a tomar algún tentempié en el bar para asistir luego a la cita con su profesor.
Fue entonces cuando varios números de la guardia civil, seis o siete, según los testigos, irrumpieron en el campus a bordo de dos vehículos por la puerta que da a la Avenida de La Candelaria, donde había estado apostado un retén durante toda la mañana. Rápidamente bajaron de los coches disparando sus armas contra los estudiantes provenientes de Delgado Barreto y contra los que estaban en los jardines y en las escaleras de acceso al centro. Tres de ellos subieron varios tramos de escalinatas sin dejar de disparar hacia la fachada de la Universidad. Los estudiantes corrieron acosados por las balas, unos hacia fuera del campus, por las calles Delgado Barreto y Antonio González, y otros hacia la puerta principal del edificio. Entre estos últimos estaba Javier, a quien algún testigo vio correr por el camino de coches que hay a ambos lados de la escalera central. En esa escalera, dos o tres peldaños antes de llegar arriba, fue alcanzado por una bala. La propia inercia de la carrera le hizo subir trastabillando los escalones que quedaban hasta caer en el descansillo delante de la puerta, desde allí fue arrastrado por sus compañeros al interior, donde expiró minutos después.
Dicen que el guardia que lo mató era joven, bajo y delgado. Llevaba una gorra de visera, no el tradicional tricornio, y disparaba una pistola sujetando la mano derecha con la izquierda. En la confusión que siguió a la muerte de Javier y cuando lo bajaban por la escalera para trasladarlo al Hospital, alguno de los presentes oyó cómo sus compañeros lo llamaban “Polilla”, que es el sobrenombre que se da dentro del Cuerpo a los agentes recién salidos de la academia.
De haber seguido vivo, Javier hubiera cumplido este año los 54. Estaría casado seguramente, quizá con la misma chica que se despidió de él con un beso la noche de aquel domingo, sin pensar que iba a ser el último que le iba a dar. Es posible incluso que tuviera hijos. Y aunque no era lo que se podría considerar un estudiante modelo, es muy probable que dada su gran afición a las ciencias de la naturaleza, hubiera terminado con aprovechamiento su carrera y hoy podría ser investigador o profesor, quizá en esta misma universidad de La Laguna donde ahora lo recordamos. Escribía, con buen estilo, reflexiones propias de un joven sensible, como pueden ustedes comprobar en este número de Canarii. Quienes le mataron, no solamente robaron 30 años de vida a una persona, causando un dolor sin consuelo a su familia, también truncaron de golpe sus probables aportaciones a la sociedad, así como la oportunidad de vivir a sus hipotéticos hijos. De un solo tiro mataron no uno ni dos, sino una verdadera bandada de pájaros.
Por boca de Sócrates, nos dice Platón, en el Gorgias, que el malvado que causa un mal injusto es desgraciado. Lo es más si no paga la pena debida y repara así su culpa, y lo es menos si paga la pena y alcanza el castigo que se merece. “Cometer injusticia es peor que sufrirla”, concluía el filósofo hace dos mil quinientos años. Pero los guardias civiles no suelen leer a Platón, por lo que imaginamos que sus textos no los conmoverán poco ni mucho. Al menos al coronel que ordenó disparar a mansalva contra ciudadanos inermes. Esta falta de curiosidad por los clásicos no es su mayor defecto.
El mayor, en este caso, fue la falta de humanidad y la cobardía demostrada por unos jefes, unas autoridades y unas instituciones que se empezaban a llamar democráticas y que protagonizaron unos hechos típicamente franquistas. Sobre ellos y otros similares se ha levantado nuestra presente democracia. Así nos va.
La muerte de Javier Fernández, fue un acto criminalmente gratuito. Le tocó a él como pudo haberle tocado a cualquier otro de los que se encontraban aquel día en la Universidad de La Laguna. Javier era un estudiante normal, sin especial relevancia política, pese a las versiones interesadas, que posteriormente han tratado de convertirlo en una especie de símbolo del nacionalismo y la independencia de Canarias.
Su muerte, como la del militante del PUCC Antonio González Ramos, en 1975, y la del joven Bartolomé García Lorenzo, en 1976, debe inscribirse en los últimos coletazos de la agonizante bestia franquista, si bien agravada con la obscenidad oficial del simulacro de investigación y juicio militar posterior, que fueron cerrados completamente en falso. El asesino de Antonio González Ramos, el tristemente famoso comisario Matute, fue procesado y posteriormente amnistiado. Igual pasó con los policías que mataron por error a Bartolomé García Lorenzo. Pero el carpetazo a la causa de Javier no se basó siquiera en este tipo de requisitos formales. Simplemente el tribunal militar, atendiendo sólo a las declaraciones del coronel jefe del 15º Tercio de la Guardia Civil y desatendiendo, por “tendenciosas”, las declaraciones de las numerosas personas que testificaron en sentido contrario, llegó a la conclusión de que la bala que mató a Javier no había sido disparada por los guardias y, en consecuencia, sobreseyó provisionalmente el caso. Que es tanto como decir que lo cerró definitivamente, pues demasiado sabían que para nada existieron los “francotiradores” o “pistoleros” a los que de manera ambigua hicieron alusión en sus declaraciones los mandos de la Guardia Civil, e incluso sigue sosteniendo hoy un individuo tan cuestionado por su papel en aquellos hechos como el ex gobernador civil de Tenerife, Luis Mardones Sevilla.
¿Qué más puedo decirles? Aunque se me han quedado muchas cosas en el tintero, creo que ya me he extendido demasiado. Ahora, ustedes tienen la palabra.
(*) (Palabras pronunciadas en la presentación del nº 11 de la revista de Historia Canarii, correspondiente a abril de 2008. La Laguna, 26 de marzo de 2008)
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Nota de Canarias Insurgente. 12 de diciembre de 1977, un día escrito con sangre en la historia de nuestras islas. Algunos de los miembros de Canarias Insurgente fuimos testigos presenciales del asesinato del compañero Javier, en ese preciso momento intentábamos acceder a la Universidad cuando oímos los disparos, —aunque en ese momento no sospechamos de lo que sucedió en realidad —militábamos en la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) y como todos esos días íbamos a montar las mesas para repartir propaganda. Sucedió todo muy de prisa, si no recordamos mal fue un compañero de las Juventudes Maoístas (organización juvenil de la Organización Revolucionaria de Trabajadores) — que estudiaba medicina — quien primero atendió a Javier. Podía haberle sucedido a cualquiera de nosotros, pero la victima de este crimen fue Javier. Lo recordamos, no lo olvidamos. Nosotros también somos Javier, hemos muerto con Javier y con todos los luchadores antifascistas que entregaron su vida por lograr el triunfo de la democracia. Aunque no precisamente de esta democracia burguesa que nos sigue explotando y sometiendo.
¡Javier no te olvidamos!
¡Ni olvido! ¡Ni perdón! ¡Justicia! y ¡Reparación!
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APUNTE
El artículo original contiene numerosos enlaces a otras versiones del mismo tema, he decidido no incluirlos para no hacer demasiado largo este apartado, si queréis leerlos podéis acceder a ellos en la página;
http://canariasinsurgente.typepad.com/almacen/2008/04/acotaciones-de.html
Es de lamentar que un asesinato levante tantas discordias, pero así es este país, no tenemos remedio, y esto ocurre cuando han pasado ¡ya! treinta y cinco años, y todo por el afán que tienen algunos de capitalizar para sus intereses políticos un hecho trágico, como es el asesinato de un joven, qué como dicen algunos no fue porque tuviese, tal o cual ideología, sino porque estaba allí y una bala asesina le segó su vida para siempre.
De cualquier forma he decidido incluir este episodio para dejar constancia de un hecho irrefutable, la “modélica” transición española está salpicada de centenares de asesinatos repartidos por todos los rincones del mapa, si eso no fueron actos premeditados está muy cerca de serlo, carezco de documentación que avale esta sospecha, pero no deja de ser preocupante esta sucesión de asesinatos demenciales contra los más jóvenes.
V. Antonio López.
Madrid, diciembre de 2012
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“La verdad siempre resplandece al final, pero…cuando ya se ha ido todo el mundo” Julio Cerón Ayuso
José Miguel Beñaran Ordeñana (Argala) (1949-1978)
El día 21 de diciembre se cumplirán treinta y cuatro años
desde que la guerra sucia dirigida desde Madrid atentó contra la vida del dirigente de ETA José Miguel Beñarán Ordeñana, (Argala). (“Flaco”, en castellano). Gari MUJIKA
Para: GARA 20/12/2010
El ideólogo independentista volverá a ser recordado en Arrigorriaga y otros puntos de Euskal Herria.
“(…) de un manantial agotado surgen otros manantiales, y el torrente se hace mucho más arrollador. Porque aquí el torrente arrollador es el Pueblo”
Lo escribió el histórico dirigente abertzale Telesforo de Monzón tras la muerte en atentado de Beñaran, en Angelu, un día como hoy de hace 34 años:
“No os engañéis. El vacío de Argala en Euskadi lo habéis logrado y lo sentimos todos. Pero no es más que un simple manantial agotado. Porque aquí pasa al revés que en la Naturaleza. De un manantial agotado surgen otros muchos manantiales. Y el torrente se hace mucho más arrollador. Porque aquí —como en todos los movimientos nacionales vivos— el torrente incontenible es el Pueblo. Agur José Miguel y agur Argala. En medio del combate, a los dos os quise y a los dos os saludo”.
El veterano Monzón no fue el único que reconocía la talla del dirigente de ETA nacido en Arrigorriaga. Adversarios políticos e incluso enemigos también la reconocieron. Tanto el recién nacido diario “El País” como “El Diario Vasco” lo llevaron a portada y editorializaron tras su muerte. Con amplias fotografías sobre el estado en el que quedó el Renault de Argala en el que colocaron la bomba, los dos rotativos informaban del «asesinato» del dirigente de ETA en Angelu. Ambos admitían su relevancia política, para lo que recogían declaraciones y notas de condena de grupos como el PSOE de Euskadi, que condenó «este brutal atentado». Mario Onaindia, por su parte, tildaba de «asesinato fascista» la muerte. Y el que fuera consejero de Transportes y Comunicaciones del Consejo General Vasco, Juan María Bandrés, decía que Argala era una de las personas de la organización armada con más capacidad de análisis político.
El que fuera presidente del PNV en aquellas fechas, Xabier Arzalluz, en una entrevista concedida a la revista ``Interviú'' declaraba lo siguiente: “Quienes entregan la vida por su pueblo merecen nuestra admiración y respeto, aunque reconozcamos todo cuanto nos separa de sus modos de actuación”.
Decenas de organismos y agentes políticos denunciaron el atentado contra Argala.
En estos días en los que peyorativamente se subraya la juventud de los actuales militantes de ETA, cabe resaltar que José Miguel Beñarán Ordeñana falleció en Angelu con tan sólo 29 años. Una edad casi impensable para la ingente labor política que dejó en su haber. Nacido en 1949 en una familia abertzale en Arrigorriaga, las problemáticas obreras y las injusticias sociales fueron su principal acicate para la toma de conciencia y su implicación total en la lucha por la liberación nacional y social de Euskal Herria.
Cinco años después del «carrerazo»
Lo recordaba también el recientemente fallecido Javi Larreategi, Atxulo, compañero de filas de Argala, con el que participó en una de las acciones con mayor alcance político jamás llevado a cabo por la organización armada ETA: la muerte del almirante y sucesor de Franco, Luis Carrero Blanco.
“Había fracasado el intento de Xiberta y todas las posibilidades de afrontar la ruptura con el franquismo desde la unidad de acción con el PNV habían fracasado. Argala estaba muy preocupado con eso y decía que se había perdido una oportunidad histórica y que quedaba lucha, por lo menos, para otros veinticinco años”
Señalaba a GARA Atxulo, justo en el veinticinco aniversario de su muerte a manos de la guerra sucia.
Tras el referéndum del 6 de diciembre en el que la Constitución fue rechazada en Euskal Herria, los servicios secretos españoles dirigidos por José María Bourgon llevaron a cabo una de sus acciones más ambiciosas. Justamente cuando se cumplían cinco años del atentado que se cobró la vida del sustituto de Franco en Madrid, una potente carga explosiva se llevó la vida de Argala. Días antes, el que fuera ministro español del Interior Rodolfo Martín Villa había dado cuenta de que en próximas fechas habría importantes noticias con respecto a ETA.
La organización armada de cuya dirección formaba parte Argala emitió una nota al día siguiente en la que hacía una semblanza del joven militante de Arrigorriaga:
“Nosotros, que durante largos años de militancia en ETA hemos compartido con él las alegrías y las penas de la vida clandestina, conocemos muy bien su gran espíritu de sacrificio, su enraizamiento total en la lucha revolucionaria y en la causa nacional y social del Pueblo Trabajador Vasco. Argala no era, como algunos han pretendido, un combatiente ocasional nacido durante la época franquista. Argala era más que eso, era un revolucionario en todo el sentido del término. Pero un revolucionario vasco con sus raíces en las esencias patrimoniales del Árbol Vasco”.
Después de que la represión policial forzase su huida de Arrigorriaga cuando contaba con tan solo 21 años, en 1970, Argala comienza a asumir y a formar parte de la historia de ETA y, por consiguiente, también del país. Al poco de huir de su pueblo natal, y pese a estar enmarcado en el aparato militar de ETA, jugó un papel importante en el denominado VI Biltzar Nagusia, entre 1971 y 1972. Eran años claves para el futuro de ETA como organización armada. Beñaran Ordeñana acuñó entonces la frase de;
“(…) yo discuto con todos; intelectualizo ante los militares y militarizo ante los intelectuales”.
Unas palabras que reiteran la conexión entre la teoría y la práctica. Esa praxis llegó con el secuestro del empresario Zabala, en el que, según recogen publicaciones de la época, participó el propio Argala y que derrumbó la tesis de algunos sectores que se esforzaban en intentar vincular a ETA con el empresariado y la burguesía.
En aquellas épocas convulsas, en las que el goteo de caídas de militantes de ETA era incesante, Argala no pudo, por motivos de seguridad, acudir a una asamblea, de modo que fue castigado por indisciplina. Aquellas sanción afectó personalmente al joven militante, hasta el punto de que llegó a plantearse la posibilidad de ir a América del Sur a seguir su lucha desde allí.
Pero el destino tenía otra tarea para Argala. El año 1973 le llega en Madrid, donde pasa casi todo al año hasta llevar a cabo la sonada acción armada contra la vida del sucesor de Franco, el almirante y presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco. Primero se planeó su secuestro y al verse imposible, ETA optó por matarlo. UN atentado que sitúa en una encrucijada a las autoridades fascistas y a quienes diseñaban ya un postfranquismo sin ruptura ni reforma alguna.
La circunstancia de que por aquel entonces ETA estuviera dividida en cuatro frentes y las continuas tensiones entre los «obreristas» y los «militaristas» derivó finalmente en una nueva escisión. De esta última asamblea, en 1974, surgirían ETA-pm. y ETA-m. Argala tuvo, una vez más, un importantísimo papel en estos debates y, por consiguiente, en el diseño de la estructura, el funcionamiento y los presupuestos políticos que la nueva organización armada hacía ante la esperada muerte del dictador de El Ferrol y la llegada de un anunciado postfranquismo.
Un militar español asume el atentado, y el trabajo de Ángel Amigo fija la mirada en neofascistas italianos. En el 25 aniversario de la muerte de Argala, en 2003, «El Mundo» sorprendía en portada con un titular más que singular: “Yo maté al asesino de Carrero Blanco”. Bajo el seudónimo de «Leónidas», el militar español asume y detalla cómo llevó a cabo, junto a otros siete oficiales del Ejército, el atentado que se cobró la vida del militante vasco, afirmaba «Leónidas».
“Nunca entendimos que el Gobierno diera una amnistía a la gente que atentó contra don Luis Carrero. Por eso, tras el atentado contra Argala nos sentimos tranquilos: habíamos cumplido con nuestro deber y habíamos hecho justicia a nuestro almirante”
“Como familiares, lo que queremos es que el conflicto se solucione y traigamos la paz.”
Pablo y Maite Beñaran Ordeñana, hermanos de Argala, no dudaron cuando GARA contactó con ellos para charlar sobre la muerte de su hermano hace treinta años. Lejos de repetir con qué sentimientos vivieron aquel trágico suceso, Pablo y Maite repasan algunos hechos recientes y miran hacia al futuro reclamando que, “(…) como familiares, lo que queremos es que el conflicto se solucione. Que las causas que lo generan se solucionen, que reconozcan el derecho de autodeterminación y que el pueblo pueda decidir sobre su futuro de forma que, de una vez por todas, traigamos la paz a este pueblo y que no haya sufrimiento para nadie más”.
Hace exactamente cinco años, en el veinticinco aniversario de su fallecimiento, un acto político recordó la figura de Argala en Arrigorriaga. En ese acto participó Arnaldo Otegi, por lo que después fue condenado por los tribunales españoles. Los dos tienen claro que aquello fue “(…) un juicio político y el objetivo, que Arnaldo Otegi fuera a la cárcel”. Pablo recuerda que el mensaje que se lanzó entonces fue «un mensaje de paz», pero considera que “(…) antes de empezar el juicio la sentencia estaba ya escrita”. Y eso que incluso “(…) el periodista de `El Mundo' reconoció que le obligaron a sacar la noticia de aquella manera para facilitar la condena contra Otegi”.
La plaza de Arrigorriaga se llama Argala, aunque los intentos para eliminarla son continuos.
“El Estado español intenta borrar cualquier recordatorio a los gudaris vascos. Ellos no son nadie para quitar algo que fue acordado por unanimidad, dos veces, por el ayuntamiento. Y si tanto respetan la decisión del pueblo, se ve que quitarla sería totalmente antidemocrática». Un caso parejo se vivió cuando el alcalde intentó organizar un acto por «las víctimas del terrorismo» en el que junto a un Policía español y un taxista quisieron incluir a José Miguel Beñarán. Lo hizo sin informar a la familia de Argala, pero éstos sí le comunicaron que «consideramos que nuestro hermano no tiene que estar ahí. Porque él nunca perdió la dignidad. Argala se dignificó él solo con su lucha, su sacrificio y el objetivo que llevaba su lucha”.
Preguntados sobre cómo vivieron aquel 21 de diciembre, sin responder evidencian que el paso del tiempo no merma, ni mucho menos, el recuerdo. “Lo que nunca he sentido es odio”, asegura Maite, a lo que le añade que “(…) cuando oigo a las `víctimas del terrorismo' y el odio que despiden, la utilización política...”
G.M.
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Contesto histórico de los hechos
La Ley de Autonomía Universitaria (LAU)
Juan Celada Crespo / Javier de la Puerta - 01/02/ /1980
El rechazo del conjunto de la política educativa del Gobierno, la exigencia de retirada del proyecto de ley orgánica de autonomía universitaria (LAU) de las Cortes y emplazar a los partidos parlamentarios de izquierda a que asuman esta posición del movimiento estudiantil han sido las principales conclusiones de la coordinadora estatal de estudiantes, celebrada en Madrid los días 19 y 20 de enero.
En torno a estos objetivos se realiza la huelga estatal del 28-3 y la manifestación celebrada ayer, que llevan a cabo los universitarios y en la que también participan otros sectores de la enseñanza: enseñanza media, formación profesional, profesores y apoyo de las asociaciones de padres de alumnos. Esta reunión, mal que les pese a algunos, ha constituido un paso decisivo hacia adelante del movimiento surgido en diciembre.
Por su incuestionable representatividad (503 representantes y 87 observadores de 41 provincias, además de Ceuta y Melilla) y el carácter democrático que posibilitó un vivo debate sobre cuestiones verdaderamente relevantes, que se resolvió por amplia mayoría, adoptándose posiciones nítidas que apuntan esencialmente a preservar el protagonismo de los universitarios como problema clave para el éxito de la lucha contra la LAU. Que esta LAU no se discuta en las Cortes, exigiendo su retirada, es la única postura que cabía tomar, por dos razones fundamentales, que desarrollaremos en dos bloques.
1. Por el contenido
Esta ley profundiza la degradación de nuestra universidad, abre vías para el control de parcelas de la investigación y la docencia de la universidad pública por el capital privado, niega, de hecho, una real autonomía e impone (en regresión respecto de la realidad actual de algunas universidades) una estructura no sólo de gestión, sino también en el conjunto de la vida académica, antidemocrática y jerarquizada. No sólo no serviría para levantar nuestra ya postrada universidad, sino que la hundiría aún más en su actual miseria, salvando, eso sí, los específicos y contados casos de universidades, centros y actividades que sean rentables a los monopolios privados, y éstos tengan a bien potenciar, con arreglo a sus particulares intereses (que no son los del conjunto de la sociedad), discriminando al resto que no le es útil en estos momentos de crisis. Nuestro rechazo es, pues, global, por considerar que esta antedicha es la filosofía que subyace al conjunto del articulado y que sobre la base del texto gubernamental no cabe esperar una ley favorable a la universidad.
Entrar a discutir el proyecto del Gobierno en la Comisión de Enseñanza del Parlamento no tiene sentido desde la perspectiva de un movimiento que aspira al máximo: derribar por completo la ley. La aritmética parlamentaria adversa asegurará que los ejes fundamentales que la hacen inaceptable permanezcan inalterados, aceptándose todas aquellas enmiendas que no toquen el fondo y permitan recabar para la LAU una legitimidad parlamentaria que no se corresponde con él nulo apoyo social y universitario de que goza. Prestarse a la discusión en la Comisión de Enseñanza del Parlamento es apuntar muchísimo más bajo de lo que ahora lo hace el movimiento estudiantil: intentar mejorar esta ley, enmendarla, planteándose un objetivo que, a pesar de los argumentos de «realismo y responsabilidad parlamentaria» que se esgrimen, es francamente utópico por dos hechos claros: El primero, que esta ley, por su contenido, es «inmejorable», vamos, ¡que no hay quien la enmiende! La impregna una concepción de la universidad casi imposible de volver del revés artículo por artículo. Y más aún si consideramos el segundo hecho (números parlamentarios cantan): si el Gobierno, a pesar de todo, no retira la ley, no será precisamente para permitir que ni un ápice de lo fundamental quede vulnerado en el texto. Es por esto que la coordinadora estatal de estudiantes ha emplazado a los partidos parlamentarios de izquierda a que, apoyando la voz del movimiento estudiantil desde el Parlamento, pidan la retirada (entendida como negativa tajante a entrar en discusión sobre la base del actual proyecto) y, en lógica consecuencia, se vayan de la Comisión de Enseñanza, para que de este modo, si el Gobierno no retira la ley, decidiéndose por el enfrentamiento con los universitarios, el resultado sea que se estrelle con su LAU y ésta sea papel mojado, huérfana también de toda legitimación en el Parlamento y aislados políticamente sus responsables. El propio ministro dice en su proyecto: «De nada serviría ninguna ley si los profesores y estudiantes no asumen el proyecto de vida académica que se propone.» Saque él sus propias conclusiones a la vista del «entusiasmo generalizado» con que ha sido recibida su obra.
¿« Responsabilidad parlamentaria» equivale a hacer de convidado de piedra en el hemiciclo? ¿Equivale a plegarse, por ingenuo respeto, al formalismo parlamentario, a una presencia estéril y testimonial, desprovista de cualquier efectividad que no sea lavarle la cara y taparle las vergüenzas a una ley que se quiere imponer sin más? ¿No es precisamente de este modo como se deja, por falta de reacción, que se haga del Parlamento un formalismo, un mero trámite de paso, un adorno inoperante? Si los partidos parlamentarios de izquierdas, a pesar del llamamiento del movimiento estudiantil, en un beato alarde de purismo parlamentario, no exigen claramente la retirada de la LAU y entran en la discusión de enmiendas en la Comisión, estarán apostando por la derrota, por la impotencia parlamentaria de quien (como ya ha ocurrido tantas veces) aguanta estoicamente la barrida sistemática de toda enmienda significativa.
Alguien se podría preguntar: ¿Tiene acaso el movimiento estudiantil, o cualquier movimiento social, derecho a inmiscuirse en un terreno, el de la táctica en el Parlamento, que es competencia exclusiva de los partidos que están en él? Todo lo expuesto anteriormente aclara suficientemente que lo que se hace en el Parlamento y cómo se hace afecta al futuro de un movimiento social, a sus posibilidades de desarrollo y potenciamiento, no siendo indiferente la actitud que tomen los partidos de izquierda en el Parlamento. «El movimiento estudiantil no se supedita ni concede cheques en blanco a las enmiendas a la totalidad que puedan defender los partidos de izquierda en el Parlamento. Lo que queremos es que sea el propio movimiento quien tenga el protagonismo, siendo el principal artífice de la elaboración de una alternativa junto al resto de los sectores sociales después de un amplio debate público.
2. Por su forma de elaboración
Los estudiantes reivindicamos un nuevo proceso democrático de elaboración de la LAU que cuente con participación universitaria, porque el seguido en esta ocasión nos ha marginado absolutamente. Entrar a discutir esta ley es un reconocimiento implícito del modo antidemocrático como se ha elaborado, ya que permite darle una credibilidad al resultado de la discusión en la medida que se ha aceptado participar en ella sobre las bases en que la ha plantado el Gobierno. Hacer problema de cómo se ha elaborado la ley no es formalismo estúpido. Está en el candelero la puesta en cuestión de toda una concepción de la democracia, la que practica el Gobierno, que sobre la base de las elecciones del día 1 de marzo de 1979, cree tener derecho a negar toda participación y todo recurso a la protesta y la contestación, legislando absolutamente al margen de los sectores afectados por sus leyes y en contra de la opinión mayoritaria expresada por ellos. Ya se sabe: «Esperar a las próximas elecciones, haber si hay suerte, que entre tanto aquí mando yo.» No es esta nuestra forma de entender la democracia y por ello el Gobierno trata de presentarnos como peligrosos desestabilizadores del sistema parlamentario. Sustraer, so pretexto de existir el Parlamento y ser éste «el único sitio donde se deben discutir las cosas y hacer política», las decisiones y las leyes a toda influencia y participación popular efectiva, es la mejor manera de implantar una nueva forma de dictadura y dejar la democracia, que es participación, diluida en huecas palabras de paternalismo parlamentario de los padres de la patria. ¿No desestabiliza más al sistema parlamentario un Gobierno que se empeña en imponer una práctica legislativa al margen de sus destinatarios y que se enfrenta con la opinión mayoritaria de éstos? ¿O no significa estabilidad tener una casa asiento y apoyo sobre una amplia base?
Desde estas mismas páginas solicitábamos, no hace mucho tiempo, del señor González Seara, antes de que tuviera la ocurrencia del debate televisivo con los parlamentarios, que mostrando la capacidad de su Gobierno para tratar al movimiento estudiantil de manera distinta a como lo ha venido haciendo en los últimos tiempos (y persevera en los actuales), nos concediera la categoría de personas normales (que saben lo que hacen y por qué lo hacen y actúan con la responsabilidad de quien tiene sus propias razones) y entrara en público debate con nosotros.
Le sugeríamos un debate en Televisión. Ahora nos roba la idea para seguir marginándonos. Téngase en cuenta que una ley que sirva para algo más que para salir aprobada en el Parlamento necesita además, o mejor dicho, en mayor medida, que el apoyo de los parlamentarios (y la propia LAU, como hemos visto antes, lo reconoce) la aceptación de sus destinatarios (y los estudiantes somos la parte más importante, no se olvide), cosa bastante difícil si no se cuenta con ellos. Lo cuál no nos dejaría otra alternativa que recurrir a la defensa incondicional de las conquistas alcanzadas por el movimiento universitario, desoyendo un texto legal antipopular e impidiendo su aplicación en la práctica. Señor ministro, sepa que algunos estudiantes sí hemos leído su ley... y no nos ha gustado nada. De verdad ¿sigue pensando que no tenemos nada que decir?
Juan Celada Crespo / Javier de la Puerta Eran miembros de la Coordinadora de Estudiantes de las Universidades Madrileñas y este artículo fue discutido y aprobado por la comisión de portavoces de dicha Coordinadora.
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APUNTE
Gobernaba el Estado la (UCD) Unión de Centro Democrático, herederos del franquismo, y regía el Ministerio del Interior un militar y antiguo nazi, Antonio Ibáñez Freire. Las manifestaciones y movilizaciones contra la LAU (Ley de Autonomía Universitaria) estaban en su punto álgido.
El movimiento estudiantil no había perdido del todo la fuerza de los años anteriores y el movimiento obrero aún conservaba una
pizquita de energía que perdería enseguida y para siempre. Aquel día 13 de Diciembre confluyeron en Atocha una manifestación sindical de CCOO y del SINDICATO UNITARIO con varias pequeñas manifestaciones estudiantiles. La policía, como se demostró con pruebas periciales y testigos presenciales, disparó a placer sus subfusiles. Dos estudiantes muertos e innumerables heridos fueron el resultado. Como anécdota, recogida por varios testigos, el pataleo de los policías nacionales sobre los charcos de sangre. La campaña de ocultación de hechos y mentiras a través de TVE fue repulsiva, incluyendo las calumnias del ex-nazi y ministro de la UCD Ibáñez Freire, insultando a los asesinados. Pero la gravedad de los hechos consiguió que por primera vez unos policías fueran procesados. Salieron absueltos. Es muy interesante leer lo que Alfredo Grimaldos relata lo que sucedió cinco años después en el mismo lugar y el mismo día. Hace treinta dos años (¡ya!), pero Emilio Martínez Menéndez y José Luis Montañés Gil, siempre estarán en nuestra memoria. Compañeros del alma, compañeros...
V. Antonio López Madrid, diciembre de 2012
“La sombra de Franco en la Transición”
Editorial Oberon – Octubre 2005
Alfredo Grimaldos Feíto
“Los policías presentan también numerosas piedras que, según ellos, han sido lanzadas contra el Land Rover. Luego se comprueba que proceden de un río. Televisión Española repite hasta la saciedad que a José Luis Montañés se le ha encontrado una bolsa con setenta mil pesetas. Lo que no se aclarará más tarde es que, investigada la procedencia del dinero, se puede comprobar que el estudiante fallecido trabajaba como cobrador en la agencia de viajes Marsans y ese es el resultado de la recaudación del día.
Todos los sobres con el dinero llevan el membrete de Marsans. Uno de ellos, que contiene 38.403 pesetas, está, curiosamente, a nombre de la mujer del ministro de Universidades, González Seara. Es el pago por unos billetes para el vuelo Madrid-Viena.
El día de la reconstrucción judicial de los hechos, dirigida por Clemente Auger, los policías presentes no cesan de amenazar e intimidar a quienes hemos sido citados como testigos y el juez tiene que ordenarles que se retiren unos metros. Cuando la autoridad judicial desaparece, destrozan a patadas el pequeño túmulo construido con velas en el lugar donde cayeron muertos los dos jóvenes. Un documental elaborado en súper ocho por dos estudiantes de la facultad de Ciencias de la Información, en el que se recogen esclarecedores testimonios y se reconstruyen minuciosamente los hechos, es secuestrado por la autoridad gubernativa, que también ordena detener a los autores de la cinta. El juez Clemente Auger eleva la instrucción del caso a la Audiencia Provincial, solicitando el procesamiento de los tres policías.
Forman parte de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial los magistrados Francisco Alberto Gutiérrez Moreno y Alberto Leiva Rey, este último ha sido gobernador civil de Sevilla en vida de Franco.
Cuando tomó posesión de ese cargo en la ciudad hispalense, manifestó públicamente en su declaración de intenciones: “Hago poco, pero duro”. Y el gracejo sevillano lo bautizó como “el estreñido”. Preside la sala el magistrado Luis Pérez Lemaur García, a quien le gusta lucir ostensiblemente la bandera nacional con el aguilucho franquista en su chaqueta. El procesamiento de los tres policías es denegado y se archiva el caso.
El 13 de diciembre, en Madrid, tras una manifestación estudiantil contra la Ley de Autonomía Universitaria (LAU), mueren, a consecuencia de los disparos efectuados por la policía, los estudiantes José Luis Montañés Gil y Emilio Martínez Menéndez. Ese día se celebran cuatro manifestaciones en la capital. Una por la mañana, autorizada, patrocinada por el movimiento sindical universitario, a la que asisten decenas de miles de estudiantes y en la que se producen fuertes enfrentamientos con la policía.
Las otras tres tienen lugar por la tarde. Una en Cuatro Caminos, convocada por la Coordinadora de Enseñanza Media y Formación Profesional, en la que se reproducen los enfrentamientos con las FOP. Otra en la calle de Princesa, donde los estudiantes de las universidades madrileñas han convocado a la misma hora una concentración.
Los estudiantes de las dos manifestaciones estudiantiles, disueltos violentamente por la policía, van protagonizando distintos “saltos” por el centro de la ciudad, acercándose a una tercera manifestación, convocada por CCOO, USO y el Sindicato Unitario, que en esos momentos transcurre por la calle de Embajadores. Los estudiantes y los obreros confluyen a la altura de la Ronda de Valencia, cerca de la Glorieta de Embajadores, donde se levantan barricadas para impedir el paso de los vehículos policiales. La dotación de un Land Rover policial comienza a disparar sus subfusiles y provoca dos muertos y varios heridos de bala. En el costado de un autobús de la EMT, cruzado en la Ronda de Valencia, se pueden ver decenas de orificios de bala, a la altura de la cabeza de los manifestantes. Cuando la concentración está prácticamente disuelta, policías antidisturbios, en obvio estado de ebriedad, se dedican a introducir sus dedos en los agujeros que han provocado los proyectiles, entre risotadas, y chapotean con sus botas en los charcos que la sangre de los muertos ha dejado sobre el asfalto. Varios testigos presenciales de aquella barbarie somos citados a declarar ante el juez instructor del caso, Clemente Auger, magistrado del juzgado de Instrucción nº 3, que, por primera vez en la Transición, solicita el procesamiento de tres policías como presuntos autores de un delito de homicidio. Son los funcionarios Francisco Antonio Garrido Sánchez, Juan José López Tapia y Manuel Ortega García
Editorial Oberon – Octubre 2005
Alfredo Grimaldos Feíto
“Los policías presentan también numerosas piedras que, según ellos, han sido lanzadas contra el Land Rover. Luego se comprueba que proceden de un río. Televisión Española repite hasta la saciedad que a José Luis Montañés se le ha encontrado una bolsa con setenta mil pesetas. Lo que no se aclarará más tarde es que, investigada la procedencia del dinero, se puede comprobar que el estudiante fallecido trabajaba como cobrador en la agencia de viajes Marsans y ese es el resultado de la recaudación del día.
Todos los sobres con el dinero llevan el membrete de Marsans. Uno de ellos, que contiene 38.403 pesetas, está, curiosamente, a nombre de la mujer del ministro de Universidades, González Seara. Es el pago por unos billetes para el vuelo Madrid-Viena.
El día de la reconstrucción judicial de los hechos, dirigida por Clemente Auger, los policías presentes no cesan de amenazar e intimidar a quienes hemos sido citados como testigos y el juez tiene que ordenarles que se retiren unos metros. Cuando la autoridad judicial desaparece, destrozan a patadas el pequeño túmulo construido con velas en el lugar donde cayeron muertos los dos jóvenes. Un documental elaborado en súper ocho por dos estudiantes de la facultad de Ciencias de la Información, en el que se recogen esclarecedores testimonios y se reconstruyen minuciosamente los hechos, es secuestrado por la autoridad gubernativa, que también ordena detener a los autores de la cinta. El juez Clemente Auger eleva la instrucción del caso a la Audiencia Provincial, solicitando el procesamiento de los tres policías.
Forman parte de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial los magistrados Francisco Alberto Gutiérrez Moreno y Alberto Leiva Rey, este último ha sido gobernador civil de Sevilla en vida de Franco.
Cuando tomó posesión de ese cargo en la ciudad hispalense, manifestó públicamente en su declaración de intenciones: “Hago poco, pero duro”. Y el gracejo sevillano lo bautizó como “el estreñido”. Preside la sala el magistrado Luis Pérez Lemaur García, a quien le gusta lucir ostensiblemente la bandera nacional con el aguilucho franquista en su chaqueta. El procesamiento de los tres policías es denegado y se archiva el caso.
El 13 de diciembre, en Madrid, tras una manifestación estudiantil contra la Ley de Autonomía Universitaria (LAU), mueren, a consecuencia de los disparos efectuados por la policía, los estudiantes José Luis Montañés Gil y Emilio Martínez Menéndez. Ese día se celebran cuatro manifestaciones en la capital. Una por la mañana, autorizada, patrocinada por el movimiento sindical universitario, a la que asisten decenas de miles de estudiantes y en la que se producen fuertes enfrentamientos con la policía.
Las otras tres tienen lugar por la tarde. Una en Cuatro Caminos, convocada por la Coordinadora de Enseñanza Media y Formación Profesional, en la que se reproducen los enfrentamientos con las FOP. Otra en la calle de Princesa, donde los estudiantes de las universidades madrileñas han convocado a la misma hora una concentración.
Los estudiantes de las dos manifestaciones estudiantiles, disueltos violentamente por la policía, van protagonizando distintos “saltos” por el centro de la ciudad, acercándose a una tercera manifestación, convocada por CCOO, USO y el Sindicato Unitario, que en esos momentos transcurre por la calle de Embajadores. Los estudiantes y los obreros confluyen a la altura de la Ronda de Valencia, cerca de la Glorieta de Embajadores, donde se levantan barricadas para impedir el paso de los vehículos policiales. La dotación de un Land Rover policial comienza a disparar sus subfusiles y provoca dos muertos y varios heridos de bala. En el costado de un autobús de la EMT, cruzado en la Ronda de Valencia, se pueden ver decenas de orificios de bala, a la altura de la cabeza de los manifestantes. Cuando la concentración está prácticamente disuelta, policías antidisturbios, en obvio estado de ebriedad, se dedican a introducir sus dedos en los agujeros que han provocado los proyectiles, entre risotadas, y chapotean con sus botas en los charcos que la sangre de los muertos ha dejado sobre el asfalto. Varios testigos presenciales de aquella barbarie somos citados a declarar ante el juez instructor del caso, Clemente Auger, magistrado del juzgado de Instrucción nº 3, que, por primera vez en la Transición, solicita el procesamiento de tres policías como presuntos autores de un delito de homicidio. Son los funcionarios Francisco Antonio Garrido Sánchez, Juan José López Tapia y Manuel Ortega García
La reconstrucción de los hechos realizada por el juez difiere enormemente de la versión oficial dada por la Dirección General de Seguridad y el ministro del Interior Antonio Ibáñez Freire. José Luis Montañés ingresa ya cadáver en el Hospital Provincial, a consecuencia de un disparo que le atraviesa el cuello. Emilio Martínez presenta una herida en el hemitórax derecho y se le extrae la bala. Se comprueba que ha sido disparada por un policía nacional Manuel Ortega García. Otro funcionario, Antonio Francisco Garrido Sánchez, reconoce haber disparado ocho veces al aire. Sin embargo, sus balas hieren a Luis Sáenz Robles en una rodilla y a Esteban Montero en el cuerpo.
Se producen enormes presiones policiales y hay una gran crispación en los centros sanitarios donde están ingresados los heridos. La policía intenta recuperar las balas. La versión policial de que el jeep estaba acorralado no se sostiene, la desmienten numerosos testigos presenciales y, además, resulta elocuente comprobar la ubicación de algunos de los heridos: María Patricia McAnurty, de nacionalidad británica, que se encuentra visitando Madrid como turista, recibe un impacto de bala en la calle de Bernardino Obregón. Esteban Montoro es herido de bala cuando está en la Glorieta de Embajadores.
Sólo Luis Sáenz Robles recibe el disparo a menos de 50 metros del jeep, cuando está junto a la calle de Valencia. Pero el gobernador civil Juan José Rosón no varía su versión. Continúa sosteniendo que el jeep policial ha sido agredido y rodeado, a pesar de las evidencias en contra que va desvelando la instrucción judicial.
El sumario cuestiona también claramente las roturas que presenta el vehículo, supuestamente maquillado para la ocasión por orden del comandante de las FOP Jaime Togores Franco Romero, jefe de servicio en la DGS el 13 de diciembre, quien, según sus propias declaraciones, se encarga de conducir él mismo el coche policial, desde la Casa de Socorro a las dependencias de la DGS en la Puerta del Sol. La dotación del jeep tarda más de tres horas en llegar desde el lugar de la manifestación hasta el centro sanitario, que está a menos de dos kilómetros. Al parecer, “por problemas de tráfico”.
Cinco años más tarde, el 13 de diciembre de 1984, uno de los testigos de los asesinatos de José Luis y Emilio, José Luis Carrero Arranz, participa en una manifestación en recuerdo de los dos jóvenes asesinados, que también es reprimida por la policía. Cuando ya se retira de la zona, recibe un balazo por la espalda. Afortunadamente, el disparo de la policía no le afecta a ningún órgano vital y consigue salvar la vida. En el hospital del Instituto de Cirugías Especiales (ICE), en San Bernardo, donde es operado con éxito el herido, se vuelve a repetir una historia ya vivida en 1979. Que casualidad, un testigo de aquel día es alcanzado por un disparo.
Ahora está en el gobierno el PSOE y el ministro del Interior es José Barrionuevo, antiguo miembro del SEU franquista, reconvertido al socialismo de Felipe González, pero hay cosas que no cambian. Esta vez, los policías sí consiguen arrebatar el proyectil a los médicos. Dos agentes esperan a pie de quirófano a que termine la intervención y obligan al cirujano a que les entregue la bala que ha herido a José Luis Carrero. Nunca se sabrá qué policía disparó contra él”.
APUNTE
Esclarecedor, ¿verdad?, eso es lo que Victoria Prego no cuenta nunca, ni esta ni ningún periodista de la falsimedia pesebrera, pero no es solo culpa de los desinformadores el olvido y el secuestro de nuestra memoria, también es culpa de los políticos, no hay voluntad política de reparar tanto escarnio, con leyes tan pacatas como la reciente Ley por la Recuperación de la Memoria Histórica y el ataque fascista contra el juez Baltasar Garzón no hay muchas esperanzas de que se avance ni un milímetro, y la prueba la tenemos en la intervención de Joan Tardá i Coma diputado de ERC en el Congreso de los Diputados el 27 de Julio de 2011.
Estando de acuerdo con su intervención, discrepo totalmente cuando llama a los diputados del PSOE, “compañeros de izquierda”, no sé si son o no compañeros, pero… ¿de “izquierdas”?, este puñado de falangistas, que jamás se les vio luchando contra el fascismo, que jamás protestaron ante tanto crimen, es más, a su ex jefe, Felipe González Márquez, le escoltó la Brigada Político Social hasta Suresnes (Francia), — según cuenta Alfredo Grimaldos en otro dossier titulado; “La CIA en España”. Editorial DEBATE (2006) — donde fue elegido Secretario General en un claro pucherazo, al mejor estilo de los caciques del siglo XIX. Os dejo con el Acta transcrita del diario de sesiones del Congreso de los Diputados, os dejo con la intervención de Joan Tardá.
Joan Tardá, diputado de ERC - 27 Julio de 2011
INTERVENCIÓN:
El señor PRESIDENTE: Señor Tardà tiene la palabra.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, hace pocos días este diputado republicano, conjuntamente con los compañeros Gaspar Llamazares, Nuria Buenaventura, Joan Ridao y Francesc Canet, así como con todos ustedes, rindió homenaje en este Parlamento a las víctimas del terrorismo. Creemos que es una obligación del Estado reconocer y reparar a las víctimas de la violencia y nos congratulamos por ello, por eso firmamos la proposición de ley que dio lugar a esta ley, pero creemos que deben ser reconocidas y reparadas todas las víctimas. El día del homenaje, el presidente Bono dijo aquí: “Nadie muere mientras no se le olvida”, pero la indiferencia es tan dura como el olvido. Pues ustedes hoy tienen en sus manos hacer posible que centenares de ciudadanos víctimas de la violencia del Estado y de grupos fascistas durante los años de la transición no mueran para siempre, reclamando que también sean reconocidos.
Señorías del Partido Popular y señorías del Partido Socialista, ustedes han decidido hoy — salvo que hoy también rectifiquen — consagrar la existencia de dos clases de víctimas y ello es inadmisible y vergonzante.
Muchos más ciudadanos y ciudadanas, todos ellos/as víctimas de la violencia política de los años de la transición; personas muertas en las calles de Barcelona, de Ferrol, de Vitoria, de Valencia, de Madrid, de Pamplona, en tantas y tantas manifestaciones por los derechos y las libertades; muertos en las playas de Almería, muertos en Carabanchel, muertos en las laderas de Montejurra y en tantos lugares que presenciaron la inmolación de hombres y mujeres por nuestras libertades.
Señorías, las víctimas de aquellos años de la transición hoy han sido olvidadas, como olvidadas sí, como olvidadas — ¡Señor Zapatero, mire, por favor! — fueron otras. Este es el retrato del olvido: Salvador Puig Antich. (El señor Tardà i Coma muestra su fotografía). Hoy no se reconocen las víctimas del terrorismo de Estado, no se reconocen las víctimas de los grupos fascistas durante los años de transición, de igual manera que no han querido reconocer en la Ley de la Memoria otras víctimas de unos años —pocos, muy pocos— anteriores, como Salvador Puig Antich. Y esto es una vergüenza. ¿Se imaginan ustedes que pierdan las elecciones y vuelva la derecha?
(Varios señores diputados: ¡Hala!—Grandes protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. (Pero continúan las protestas.)
El señor TARDÀ I COMA: ¿Se imaginan ustedes?
(Protestas. —La señora diputada Durán Ramos pronuncia palabras que no se entienden.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Un momento, señor Tardà. Señora diputada, el orador tiene el mismo derecho a pronunciarse con libertad que a ser contradicho, pero del modo que establece el Reglamento. Exactamente así.
(La señora Durán Ramos pronuncia palabras que no se entienden.)
El señor PRESIDENTE: Así es, señora diputada. Adelante, señor Tardà.
Se producen enormes presiones policiales y hay una gran crispación en los centros sanitarios donde están ingresados los heridos. La policía intenta recuperar las balas. La versión policial de que el jeep estaba acorralado no se sostiene, la desmienten numerosos testigos presenciales y, además, resulta elocuente comprobar la ubicación de algunos de los heridos: María Patricia McAnurty, de nacionalidad británica, que se encuentra visitando Madrid como turista, recibe un impacto de bala en la calle de Bernardino Obregón. Esteban Montoro es herido de bala cuando está en la Glorieta de Embajadores.
Sólo Luis Sáenz Robles recibe el disparo a menos de 50 metros del jeep, cuando está junto a la calle de Valencia. Pero el gobernador civil Juan José Rosón no varía su versión. Continúa sosteniendo que el jeep policial ha sido agredido y rodeado, a pesar de las evidencias en contra que va desvelando la instrucción judicial.
El sumario cuestiona también claramente las roturas que presenta el vehículo, supuestamente maquillado para la ocasión por orden del comandante de las FOP Jaime Togores Franco Romero, jefe de servicio en la DGS el 13 de diciembre, quien, según sus propias declaraciones, se encarga de conducir él mismo el coche policial, desde la Casa de Socorro a las dependencias de la DGS en la Puerta del Sol. La dotación del jeep tarda más de tres horas en llegar desde el lugar de la manifestación hasta el centro sanitario, que está a menos de dos kilómetros. Al parecer, “por problemas de tráfico”.
Cinco años más tarde, el 13 de diciembre de 1984, uno de los testigos de los asesinatos de José Luis y Emilio, José Luis Carrero Arranz, participa en una manifestación en recuerdo de los dos jóvenes asesinados, que también es reprimida por la policía. Cuando ya se retira de la zona, recibe un balazo por la espalda. Afortunadamente, el disparo de la policía no le afecta a ningún órgano vital y consigue salvar la vida. En el hospital del Instituto de Cirugías Especiales (ICE), en San Bernardo, donde es operado con éxito el herido, se vuelve a repetir una historia ya vivida en 1979. Que casualidad, un testigo de aquel día es alcanzado por un disparo.
Ahora está en el gobierno el PSOE y el ministro del Interior es José Barrionuevo, antiguo miembro del SEU franquista, reconvertido al socialismo de Felipe González, pero hay cosas que no cambian. Esta vez, los policías sí consiguen arrebatar el proyectil a los médicos. Dos agentes esperan a pie de quirófano a que termine la intervención y obligan al cirujano a que les entregue la bala que ha herido a José Luis Carrero. Nunca se sabrá qué policía disparó contra él”.
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Esclarecedor, ¿verdad?, eso es lo que Victoria Prego no cuenta nunca, ni esta ni ningún periodista de la falsimedia pesebrera, pero no es solo culpa de los desinformadores el olvido y el secuestro de nuestra memoria, también es culpa de los políticos, no hay voluntad política de reparar tanto escarnio, con leyes tan pacatas como la reciente Ley por la Recuperación de la Memoria Histórica y el ataque fascista contra el juez Baltasar Garzón no hay muchas esperanzas de que se avance ni un milímetro, y la prueba la tenemos en la intervención de Joan Tardá i Coma diputado de ERC en el Congreso de los Diputados el 27 de Julio de 2011. Estando de acuerdo con su intervención, discrepo totalmente cuando llama a los diputados del PSOE, “compañeros de izquierda”, no sé si son o no compañeros, pero… ¿de “izquierdas”?, este puñado de falangistas, que jamás se les vio luchando contra el fascismo, que jamás protestaron ante tanto crimen, es más, a su ex jefe, Felipe González Márquez, le escoltó la Brigada Político Social hasta Suresnes (Francia), — según cuenta Alfredo Grimaldos en otro dossier titulado; “La CIA en España”. Editorial DEBATE (2006) — donde fue elegido Secretario General en un claro pucherazo, al mejor estilo de los caciques del siglo XIX. Os dejo con el Acta transcrita del diario de sesiones del Congreso de los Diputados, os dejo con la intervención de Joan Tardá.
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Joan Tardá, diputado de ERC - 27 Julio de 2011
INTERVENCIÓN:
El señor PRESIDENTE: Señor Tardà tiene la palabra.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, hace pocos días este diputado republicano, conjuntamente con los compañeros Gaspar Llamazares, Nuria Buenaventura, Joan Ridao y Francesc Canet, así como con todos ustedes, rindió homenaje en este Parlamento a las víctimas del terrorismo. Creemos que es una obligación del Estado reconocer y reparar a las víctimas de la violencia y nos congratulamos por ello, por eso firmamos la proposición de ley que dio lugar a esta ley, pero creemos que deben ser reconocidas y reparadas todas las víctimas. El día del homenaje, el presidente Bono dijo aquí: “Nadie muere mientras no se le olvida”, pero la indiferencia es tan dura como el olvido. Pues ustedes hoy tienen en sus manos hacer posible que centenares de ciudadanos víctimas de la violencia del Estado y de grupos fascistas durante los años de la transición no mueran para siempre, reclamando que también sean reconocidos.
Señorías del Partido Popular y señorías del Partido Socialista, ustedes han decidido hoy — salvo que hoy también rectifiquen — consagrar la existencia de dos clases de víctimas y ello es inadmisible y vergonzante.
Muchos más ciudadanos y ciudadanas, todos ellos/as víctimas de la violencia política de los años de la transición; personas muertas en las calles de Barcelona, de Ferrol, de Vitoria, de Valencia, de Madrid, de Pamplona, en tantas y tantas manifestaciones por los derechos y las libertades; muertos en las playas de Almería, muertos en Carabanchel, muertos en las laderas de Montejurra y en tantos lugares que presenciaron la inmolación de hombres y mujeres por nuestras libertades.
Señorías, las víctimas de aquellos años de la transición hoy han sido olvidadas, como olvidadas sí, como olvidadas — ¡Señor Zapatero, mire, por favor! — fueron otras. Este es el retrato del olvido: Salvador Puig Antich. (El señor Tardà i Coma muestra su fotografía). Hoy no se reconocen las víctimas del terrorismo de Estado, no se reconocen las víctimas de los grupos fascistas durante los años de transición, de igual manera que no han querido reconocer en la Ley de la Memoria otras víctimas de unos años —pocos, muy pocos— anteriores, como Salvador Puig Antich. Y esto es una vergüenza. ¿Se imaginan ustedes que pierdan las elecciones y vuelva la derecha?
(Varios señores diputados: ¡Hala!—Grandes protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. (Pero continúan las protestas.)
El señor TARDÀ I COMA: ¿Se imaginan ustedes?
(Protestas. —La señora diputada Durán Ramos pronuncia palabras que no se entienden.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Un momento, señor Tardà. Señora diputada, el orador tiene el mismo derecho a pronunciarse con libertad que a ser contradicho, pero del modo que establece el Reglamento. Exactamente así.
(La señora Durán Ramos pronuncia palabras que no se entienden.)
El señor PRESIDENTE: Así es, señora diputada. Adelante, señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Decía… ¿Se imaginan ustedes que pierdan dos elecciones y que el Partido Popular, la derecha, gobierne ocho años? ¿Se lo imaginan?
(Rumores. —Un señor diputado: Eso va a pasar.)
El señor TARDÁ I COMA: Es decir, vamos a plantearnos…
(Continúan los rumores. —Un señor diputado: ¡Qué cara tiene!)
El señor PRESIDENTE: Adelante, señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: ¿Vamos a plantearnos la injusticia del olvido en el año 2020? ¿Puede ser esto posible? ¿Es o no es el mismo dolor de las madres y de la misma sociedad? ¿Una persona, un joven, un ciudadano español muerto ejerciendo sus funciones de guardia civil en una acción terrorista es un dolor distinto —no digo solo de las madres o de las familias, sino de la misma sociedad— que el dolor de un joven muerto en las playas de Almería también a manos de un guardia civil? ¿No es el mismo dolor? ¿Cómo puede ser posible eso hoy aquí, cuando afirmamos que por mucho que hagan los Estados, por mucho que hagan las democracias en favor de la reparación de las víctimas siempre será poco? Por esto, nosotros estamos al lado de todas las víctimas, de todas las víctimas. Y no comprendemos, presidente Zapatero, no comprendemos que hoy ustedes aquí no sean capaces en el año 2011, en el núcleo del mundo democrático, donde la democracia es no solamente un valor de civilización sino incluso una delicatessen, de entenderlo. ¿Cómo es posible que seamos capaces de consagrar dos tipos de víctimas? En nombre de la fraternidad y el fortalecimiento de los valores democráticos les pedimos, por favor, compañeros de la izquierda, que rectifiquen.
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Premonitorio el diputado señor Tardá, la derecha ya está aquí, — mejor dicho, nunca se fue— y ha venido para quedarse. Siempre las dos Españas, siempre las dos varas de medir, siempre la historia escrita por los vencedores. ¿Hasta cuándo? Qué decir de la “señora” o lo que sea, Durán Ramos, además de hacer apología del terror fascista, se hace cómplice, y protesta, ¿o será por eso? Por ser cómplice…
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EN MEMORIA DE:
ENERO (17)
Liborio Arana Gómez, María Paz Armiño, Luis Javier Benavides Orgaz, Ana Teresa Berroeta Álvarez, Pacífico Fica Zuloaga, José Fraguas Fernández, Serafín Holgado de Antonio, Juan Manuel Iglesias, María Luz Nájera Julián, Francisco Rodríguez Ledesma, Ángel Rodríguez Leal, Arturo Ruiz García, Carlos Saldise Corta, Manuel Santacoloma Velasco, Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco, Efrén Torres Abrisketea, Enrique Valdevira Ibáñez,
FEBRERO (5)
Vicente Cuervo Calvo, Teófilo del Valle Pérez, Pancho Egea, Yolanda González Martín, Jesús María Zubikaray Badiola.
MARZO (11)
José Luis Aristizábal Lasa, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Luis Castillo García, Vicente Antonio Ferrero, Pedro María Martínez Ocio, Bienvenido Perea, Ángel Valentín Pérez, Juan Gabriel Rodrigo Knafo, Agustín Rueda Sierra, Isidro Suspeguerri Aldako,
ABRIL (10)
Joxe Bernardo Bidaola “Txirrita”, Jorge Caballero Sánchez, Antonio de León Cubillo Ferreira, Juan Carlos Delgado de Codes, Andrés García Fernández, Manuel Garmendia “Korta”, Elvira Parcero Rodríguez, Felipe Sagarne Ormazabal, Oriol Solé Sugranyes, Felipe Suárez Delgado
MAYO (15)
María Josefa Bravo del Barrio, José Luis Cano Pérez, Miguel Clemente del Caño Ibáñez, José Luis Escribano, Francisco Javier Fernández Núñez, Manuel Fuentes Mesa, Juan Carlos García Pérez, Rafael Gómez Jáuregui, Juan Mañas Morales, Carlos Martínez Bermejo, Joaquín Martínez Mecha, Luis Montero García, Arturo Pajuelo Rubio, Ricardo Pellejero García, Luis Santamaría Miquelerena
JUNIO (9)
José Ramón Ansa Atexebarría, María Luisa Carrasco, Felipe Carro Flores, Gladis del Estal Ferreño, Aurelio Fernández Cario, José Emilio Fernández Pérez, Javier Martín Izaguirre, Alberto Soliño Mazas, Vicente Vadillo Santamaría
JULIO (10)
Salomé Alonso Varela, Agurtzane Arregui Letamendía, Joseba Barandiarán Urkiola, María Contreras Gabarra. Anastasio Leal Serradillo, María Norma Menchaca Gonzalo, Eduardo Moreno Bergaretxe “Pertur”, Roque Peralta Sánchez, Germán Rodríguez.
AGOSTO (6)
Ángel Etxabe Olabarría, Jesús María Etxeveste Toledo, Emilio Fernández Castro, José Prudencio García Sánchez Soler, Juan José Lopetegui Carrasco, Francisco Javier Verdejo Lucas
SEPTIEMBRE (15)
José Luis Alcazo Alcazo, Antonio Carrión Muela, Luis María Elizondo Arrieta, Perico Elizarán, José España Vivas, Carlos Gustavo Frechen Solana, Bartolomé García Lorenzo, Carlos González Martínez, Valeriano Martínez Pérez, Manuel Medina Ayala, Gustavo Adolfo Muñoz Bustillo, Miguel Obeloiz Atexebarría, Juan Peñalver Sandoval, Ignacio Quejera Celarán, Jesús María Zabala Erasun.
OCTUBRE (3)
Andrés Fraguas Fernández, Miquel Grau Gómez, David Salvador Bernardo
NOVIEMBRE (9)
Juan Acaso González, Joaquín Atismasvere Escoz, Esperanza Arana López, Joaquín Alfonso Echevarria, Jean-Pierre Haramendi, Emilia Larrea Sáez de Adacia, José Muñoz Expósito, Santiago Navas Aguirre, José Javier Nuin Azcárate
DICIEMBRE (9)
Ángel Almazán Luna, Manuel Álvarez Blanco, Victoria Arranz, José Miguel Beñarán Ordeñana (Argala), Javier Fernández Quesada, José Manuel García Caparrós, Emilio Martínez Menéndez, José Luis Montañés Gil, Francisco José Rodríguez López.
Finalizo esta serie de efemérides con estas 9 víctimas delmes de diciembre, a lo largo de los 12 meses analizados se contabilizan 123 asesinatos en esta llamada pomposamente: “modélica transición española” — existen muchos heridos graves pero no se dan noticias de su evolución posterior—, a esto nos llevó la dejadez de Felipe González con su política de cambiar la injusticia por “paz social”, (según sus propias palabras) y la política reformista de Santiago Carrillo y su “reconciliación nacional” uno y otro cómplices políticos de tanta muerte, ni uno consiguió paz social ni el otro la reconciliación nacional. No debieran pasar 100 años para contar la Historia de este país, existen libros, artículos y ensayos que demuestran que la transición fue edificada con la sangre de muchas víctimas, que no tienen Asociación, homenajes, ni subvenciones, ni recuerdos, están rescribiendo nuestro pasado más reciente. Estas víctimas están en el olvido y sin memoria oficial, hagamos que se instalen para siempre en la memoria colectiva del pueblo. Muchas gracias por vuestra atención y el apoyo que he recibido durante este año. Gracias, gracias, gracias, por vuestra acogida, por vuestros comentarios y por vuestras críticas.
¡VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN!
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MAPA DE LA REPRESIÓN
Apunte sociológico de las víctimas de la represión
Más
datos de las víctimas y sus ejecutores
COMENTARIO SOCIOLÓGICO A MODO DE BALANCE FINAL
La decisión de no pasar del año 1980—salvo el caso Almería—, fue por dos motivos principales.
1. Debía de marcarme una fecha y elegí 1980 como podía haber elegido otra. Quizás la cifra de 123 víctimas sean algunas más, pero…son enfrentamientos y no veo muy claro si las debía considerar víctimas de la represión o combatientes contra el Estado español, caídos/as por defender sus ideas, además me obligaría a publicar también el nombre de las víctimas ocasionadas por ETA o el GRAPO y a eso no llego.
2. Es cierto que a partir de 1980, la actividad de los grupos fascistas prácticamente desaparece, este hecho se `puede interpretar de dos formas a) el poder se siente tan seguro que no ve necesario azuzar a la bestia fascista, b) pueden haber recibido órdenes tajantes de parar, para no alimentar el crecimiento de la otra parte. De todas formas estoy seguro de que los grupos fascistas están ahí para cuando sea necesario sacarlos del “letargo invernal”.
A partir de 1980 los episodios de muertes violentas tanto de las fuerzas represivas estatales, como los atentados fascistas son casos esporádicos y no la regla general del periodo estudiado —aunque la guerra particular de ETA y GRAPO continuó—, 1976-1980. También es cierto que el movimiento obrero después de los Pactos de la Moncloa apenas existe, por lo tanto el enfrentamiento tampoco.
En un análisis superficial se puede observar que la gran mayoría de los 123 asesinados son hombres (106) y (17) son mujeres, de estos/as son: trabajadores/as (69), hay varios/as menores de edad (10), estudiantes (28) —estos pueden estar solapados, es decir; son menores y además contabilizar también como estudiantes, lo mismo ocurre con militantes de CC.OO y PCE, algunos son de CC.OO. y a su vez del PCE —, jubilados/as (6), ecologista (1), travesti (1), abogados (4), otros sin clasificar (13). Partidos afectados; ETA, HB, JUVENTUDES COMUNISTAS DE ESPAÑA, MIL, LKI/LCR, MCE, MPAIAC, Partido Carlista, PCE, PCE(i), PCE(r), PTE, Sindicatos afectados; CGT; CNT, y CC.OO. Asociaciones de Vecinos afectadas: Orcasitas (Madrid) y prácticamente todas las de la Coordinadora por una vivienda digna de Palomeras —Puente Vallecas— (Madrid), porque los abogados asesinados de Atocha eran sus asesores jurídicos. Con estos datos no hace falta decir cómo le afectó la “modélica transición” a la clase trabajadora española, no veo a ningún capitoste asesinado por las fuerzas que en teoría están para servir al pueblo, que los paga.
A esto debo añadir a (4) víctimas más, fueron muertos al saltarse los controles de carreteras en el País Vasco y otros lugares, son: Kepa Tolosa Goikoetxea, Felipe Suárez Delgado, Antonio Rubio Lara y Carlos Hernández Expósito y otros más, pero no se tienen muchos datos al respecto, fueron víctimas de policías, o guardias civiles acostumbrados a aplicar la ley de fugas a cualquier conductor despistado o asustado, lo podíamos definir como; “daños colaterales” de la dichosa transición
Erratas y olvidos
A lo largo de este año algunos meses han cambiado sus datos o he añadido otros, unos por tener errores, otros por que los lectores me han solicitado que añada nombres y datos, (lo cual agradezco) por ejemplo; en el mes de marzo en el apartado: “Contesto Histórico de los hechos” estaba repetido y era el mismo que el de enero, lo he corregido y he puesto en su lugar “La Ley de Amnistía 46/ 1977”, cosa que está bien por que esta dichosa Ley es una atadura para todas las reclamaciones de las distintas Asociaciones memorialistas. En el mes de enero me faltó poner este caso;
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Fue un martes – 15 de enero – Lezo (Guipúzcoa). (1980) Es asesinado de un tiro a bocajarro Carlos Saldise Corta, de 33 años, miembro destacado de las gestoras pro amnistía, reivindica el asesinato los Grupos Armados Españoles (GAE).
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En abril me olvidé este caso, me lo recordó un amigo, que fue compañero de Instituto de Andrés García Fernández.
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Fue un domingo – 29 de abril (1979) – Madrid. Asistir al cine para ver determinadas películas podía servir de escusa a los grupos fascistas para descargar su furia asesina contra cualquier persona. La película era “Siete días de enero” sobre la matanza de Atocha, dirigida por Juan Antonio Barden. El día 29 de abril de 1979, la víctima elegida fue el joven Andrés García Fernández de 18 años de edad, estudiante de COU y militante de las Juventudes Comunistas de España, es asesinado con un machete militar por miembros del Frente de la Juventud, escisión de Fuerza Joven rama juvenil de Fuerza Nueva, el modus operandi es exacto al del asesinato de Jorge Caballero Sánchez. Los responsables del Ministerio del Interior y el Gobernador Civil son los de siempre; Rodolfo Martín Villa y Juan José Rosón Pérez respectivamente, este último comentó:
“Sí, es cierto que durante los últimos días se han generado unas anormales relaciones de tipo político en esta ciudad. Creo, sin embargo, que la cota de violencia es normal en Madrid, globalmente considerada”.
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Dicho de otra manera, debíamos acostumbrarnos a pagar con una cota de asesinatos determinada por vivir en Madrid, es repugnante tener estos gobernantes protectores de fascistas y además a los asesinatos los llama; “(…) anormales relaciones de tipo político”.
Es para alucinar en colores.
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En el mes de junio cometí un error y me salté lo siguiente:
Fue un viernes – 16 de junio (1978) – Zaragoza. La trabajadora de la empresa Yuma, María Luisa Carrasco, es atropellada por el automóvil de una esquirol que la pasa por encima, cuando formaba parte de un piquete informativo de huelga de su empresa.
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La tenía en la lista pero no se por qué motivo la olvidé, en el mes de julio no conocía el caso de los gitanillos de Bilbao y un barrendero, me apareció buscando otro caso, dice así:
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Era miércoles - 23 de julio (1980) - Bilbao. Estalló una bomba en la plaza Amezola colocada en un contenedor que había junto a una guardería gestionada por una persona de la izquierda abertzale. Según parece, María Contreras Gabarra, embarazada y su hermano Antonio Contreras Gabarra, de raza gitana de 17 y 12 años respectivamente, que buscaban entre las basuras como modo de vida cotidiano, tocaron el artefacto y éste explotó; ambos murieron allí mismo al instante. Además, un cristal roto por la explosión hirió gravemente a Anastasio Leal Serradillo, empleado del servicio de limpiezas del Ayuntamiento de Bilbao, de 58 años; que murió horas después. Reivindica el Batallón Vasco Español (BVE).
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El siguiente también lo tenía en la lista que manejo, no se por qué lo salté, seguro estoy que hay más pero me he cansado de mirar y remirar.
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Fue un sábado – 30 de agosto (1980) – Ondarroa (Vizcaya). Es asesinado Ángel Etxaniz Olabarría, militante de Herri Batasuna, lo reivindica el Batallón Vasco Español (BVE).
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Adjunto documentos de la Ley de Amnistía 46/1977 y del caso de Andrés García Fernández
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Dispongo del documento completo y corregido en formato PDF.
Si alguien lo quiere se lo mando.
No está protegido, se puede copiar y pegar en otro formato, incluso está preparado para imprimir y encuadernar, (Yo lo haré cuando tenga ganas) muy chulo, son 297 páginas, ocupa un espacio en el CPU de 12.836KB.
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EL CONTEXTO HISTÓRICO DE LOS HECHOS
Ley de Amnistía de España 46/1977
Esta es la cara que puso Adolfo Suarez cuando fue aprobada la Ley, no pudo disimular su inmensa alegría.
La Ley de Amnistía 46/1977, de 15 de octubre, fue promulgada en España el 15 de octubre de 1977, entrando en vigor desde su publicación en el BOE el 17 de octubre de ese año. Incluía la amnistía de los presos políticos, así como un amplio espectro de delitos que incluían actos políticos, rebelión, sedición (incluidos los delitos y faltas cometidos a consecuencia de ambas) y denegación de auxilio cometidos antes del día 15 de diciembre de 1976. Puesta en vigor en plena Transición española, su objetivo era eliminar algunos efectos jurídicos que pudieran hacer peligrar la consolidación del nuevo régimen.
Varias décadas después, a raíz de las denuncias interpuestas por delitos contra la humanidad como genocidio y desaparición forzada, supuestamente cometidos durante la Guerra Civil Española y el régimen franquista, y que se encontraron con el obstáculo infranqueable de la ley, que impedía juzgar delitos pertenecientes a esa época, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional solicitaron en repetidas ocasiones al Gobierno de España la derogación de la citada ley, al considerarla incompatible con el Derecho internacional, pues impide juzgar delitos considerados imprescriptibles
El 10 de febrero de 2012, Navanethem Pillay, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió formalmente a España la derogación de la ley, argumentando que incumplía la normativa internacional sobre Derechos Humanos. Según expertos juristas, la Constitución española de 1978 impediría tal derogación, pues la reactivación de una responsabilidad penal que ya ha sido extinguida violaría el principio de irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables establecido en el artículo 9.3 de la Constitución Española.
Contexto y antecedentes
A la muerte de Francisco Franco en 1975, se inició en España un proceso de transición encaminado al establecimiento de la Democracia como estatus político. Uno de los asuntos más espinosos en este proceso era la reconciliación entre los dos bandos enfrentados en la Guerra Civil Española, así como el perdón por los graves delitos contra la humanidad cometidos durante y después del conflicto. Dentro de la reforma política de 1977, la amnistía representaba la renuncia del estado al ejercicio del ius puniendi, o ejercer la coacción penal sobre quienes vulneraron bienes jurídicos básicos,[3] así como la liberación de diversos presos políticos y presos de ETA que aún se encontraban en prisión por razones ideológicas. Se propugnaba que a través de este proceso el país se encontraría en condiciones de ratificar una nueva constitución.
Amnistía parcial de 1976
La Ley de Amnistía tuvo un precedente cuando el 30 de julio de 1976 se proclamó una amnistía parcial para algunos presos encarcelados por motivos políticos.[6] El B.O.E. num.186 de 4 de agosto de 1976, páginas 15097-15098, referencia 1976/14963, publicó el Real Decreto Ley 10/1976 de 30 de julio sobre Amnistía, dado en La Coruña, firmado por el Rey Juan Carlos y refrendado por el Presidente del Gobierno Adolfo Suárez González, consecuencia de una propuesta del Consejo de Ministros reunido el 28 de julio de 1976.
En este Decreto fueron indultados los delitos y faltas de intencionalidad política y opinión que no hubieran “puesto en peligro” la vida de nadie. El objetivo de este Decreto, según se establece en su párrafo inicial, es "promover la reconciliación de todos los miembros de la Nación", y entre las medidas propuestas para este fin se destaca "la reintegración de los derechos pasivos a los militares sancionados después de la pasada contienda, de los distintos indultos concedidos y de la prescripción, por ministerio de la ley, de todas las responsabilidades penales por hechos anteriores al 1 de abril de 1939."
Ampliación de la amnistía parcial y aprobación de la Ley de Amnistía
La amnistía parcial de 1976 no pareció suficiente a la mayoría de la clase política, y el 11 de enero de 1977, en una reunión entre cuatro representantes de la oposición democrática, Antón Cañellas, Felipe González, Julio de Jáuregui y Joaquín Satrústegui, con el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez se expuso y se solicitó al presidente del Gobierno una amnistía total para todos los hechos y delitos de intencionalidad política ocurridos entre el 18 de julio de 1936 y el 15 de diciembre de 1976. En mayo se desarrolló la semana pro-amnistía de mayo de 1977, una serie de movilizaciones populares que tuvo lugar en las provincias de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra para reclamar la amnistía de todos los presos relacionados con penas de raíz política.
Presentada por el partido en el gobierno, UCD y, en palabras de su portavoz, Rafael Arias-Salgado, como;
“(…) el presupuesto ético-político de la democracia, de aquella democracia a la que aspiramos, que por ser auténtica no mira hacia atrás, sino que, fervientemente, quiere superar y trascender las divisiones que nos separaron y enfrentaron en el pasado.”
La ley fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 15 de octubre de 1977, siendo apoyada por casi todos los grupos parlamentarios: Unión de Centro Democrático, Partido Socialista Obrero Español, Partido Socialista Popular, Partido Comunista de España, la Minoría Vasco-Catalana y el Grupo mixto, con la abstención de Alianza Popular y los diputados Francisco Letamendia (Euskadiko Ezquerra) e Hipólito Gómez de las Roces (Candidatura Aragonesa Independiente de Centro). En total, 296 votos a favor, dos en contra, 18 abstenciones y uno nulo.
Redacción
La redacción del texto corrió a cargo de una comisión compuesta por representantes de los grupos políticos que consensuaron la ley, todos excepto Alianza Popular, que no apoyó la ley argumentando que no era una buena solución para los ataques a la democracia. Esta comisión la compusieron Pilar Bravo y Marcelino Camacho (PCE), Xabier Arzallus y Miguel Unzueta (MVC), Plácido Fernández Viagas y Pablo Castellano (PSOE) y Donato Fuejo (GM).
Texto de la Ley
Artículo primero.
I. Quedan amnistiados:
a) Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis.
b) Todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis y el quince de junio de mil novecientos setenta y siete, cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España.
c) Todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad a los contemplados en el párrafo anterior realizados hasta el seis de octubre de mil novecientos setenta y siete, siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas.
II. A. los meros efectos de subsunción en cada uno de los párrafos del apartado anterior, se entenderá por momento de realización del acto aquel en que se inició la actividad criminal. La amnistía también comprenderá los delitos y faltas conexos con los del apartado anterior.
Artículo segundo.
En todo caso están comprendidos en la amnistía:
a) Los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ellos, tipificados en el Código de justicia Militar.
b) La objeción de conciencia a la prestación del servido militar, por motivos éticos o religiosos.
c) Los delitos de denegación de auxilio a la Justicia por la negativa a revelar hechos de naturaleza política, conocidos en el ejercicio profesional.
d) Los actos de expresión de opinión, realizados a través de prensa, imprenta o cualquier otro medio de comunicación.
e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.
f) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del
orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas. La Ley de Amnistía ha sido uno de los obstáculos para el enjuiciamiento de los supuestos crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil Española y el régimen de Francisco Franco, por lo que la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han solicitado repetidamente su derogación, interpretando que atenta contra los derechos humanos. Imagen de la exhumación, por parte de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, de una fosa de represaliados de la guerra civil en Balboa (provincia de León).
Causa contra el franquismo
El 18 de julio de 2007 varias asociaciones de derechos humanos presentaron denuncias ante la Audiencia Nacional para la investigación de los crímenes del franquismo, pero éstas fueron desestimadas, ya que; "los delitos habían prescrito o, en todo caso, estaban sujetos a la Ley de Amnistía de 1977". En septiembre de 2008, el juez de Instrucción número 5 de la Audiencia, Baltasar Garzón, volvió a impulsar estas denuncias, acompañadas de los nombres y apellidos de 130 000 desaparecidos del franquismo. El fiscal de la Audiencia Nacional alegó que los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad no estaban tipificados en el Código Penal de 1932, que regía cuando se cometieron, y que no se podían aplicar con carácter retroactivo. Garzón, amparándose en que son delitos que no prescriben, imputó al régimen franquista el 14 de octubre, un delito de genocidio por estos y otros sucesos.
Finalmente, Garzón declaró extinguida la responsabilidad penal de los imputados ya fallecidos y remitió la causa a distintos juzgados de los lugares donde habían sucedido los hechos. Por otra parte, el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela admitió a trámite una querella interpuesta por las formaciones ultraderechistas Falange Española y Manos Limpias contra Garzón acusándole de prevaricación por asumir la causa contra el franquismo, al entender que no tenía las competencias para ello. La Ley de Amnistía fue uno de los varios insalvables obstáculos surgidos en el proceso contra el franquismo, lo que acarreó una incipiente corriente de críticas y los primeros movimientos desde 1977 que pedían su derogación
Críticas
A pesar de que en la época de su promulgación la ley fue considerada necesaria y positiva para el asentamiento de la democracia, con el paso del tiempo su significado cambió para algunos; sobre todo al comprobar los efectos que tendría sobre cualquier denuncia efectuada acerca de los hechos que un importante sector de la opinión pública considera como graves delitos contra la humanidad cometidos durante la dictadura del general Franco. En este sentido, algunas organizaciones sostienen que los recuerdos de la guerra y el franquismo estaban muy presentes e influyeron para asegurar la impunidad de estos crímenes a través de la Ley de Amnistía. Sus argumentos defienden que durante la transición en España no se debatió fuerte y abiertamente sobre los crímenes franquistas. El catedrático de Economía Joan Martínez Alier, quien fue varias veces candidato al Congreso por el partido Los Verdes ha manifestado que:
"(…) la denuncia y el debate político de tales crímenes contra los derechos humanos habría sido cortada por la Ley de Amnistía de octubre de 1977, que amnistiaba (art. 2f) los delitos cometidos por funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas (tales como el no perder la vida y vivir en libertad). Quienes habían impedido el ejercicio de tales derechos, fueron amnistiados. Mejor dicho, se auto‐amnistiaron con la aquiescencia de los partidos políticos de centro y de izquierda que habían ganado escaños en las primeras elecciones en España desde 1936, las de 1977".
El político socialista José María Benegas la ha definido como;
"(…) una ley de punto final, renunciamos a revisar el pasado y exigir las responsabilidades generadas durante cuarenta años de dictadura”.
Peticiones de derogación
A raíz de las denuncias contra los crímenes del franquismo y otras por delitos cometidos durante la Guerra Civil Española, como las matanzas de Badajoz y Paracuellos, y que se encontraron con el obstáculo infranqueable de la ley, organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional solicitaron al Gobierno de España su derogación, al considerarla incompatible con el Derecho internacional, pues impide juzgar delitos considerados imprescriptibles. En 2009, el Comité de Derechos Humanos transmitió a España su recomendación de que considerase la derogación de la Ley de Amnistía, recordando que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Igualmente, expresó su preocupación por los obstáculos encontrados por las familias de desaparecidos.
ONU
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos ordena al Estado Español
“El Estado parte debe: a) considerar la derogación de la Ley de Amnistía de 1977; b) tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales; c) prever la creación de una comisión de expertos independientes encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura, y d) permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas y, en su caso, indemnizarlas”.
El Gobierno de España respondió cuestionando la competencia del Comité en dicha materia y recordando que la Ley de Amnistía fue una demanda de toda la oposición al franquismo que contribuyó a la transición a la democracia. También en 2009, el Comité contra la Tortura pidió información a España acerca de si la Ley de Amnistía está en contradicción con la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y cuál es la posición de España respecto del ejercicio de la acción penal en los casos amnistiados. El Gobierno español respondió al requerimiento informando de que la Ley de Amnistía fue una demanda de toda la oposición democrática al franquismo, que los hechos amnistiados por ella son anteriores a la entrada en vigor de la Convención contra la Tortura y que el Estado realiza acciones para restablecer los derechos de las víctimas.
El Comité, pese a reconocer que la Ley de Amnistía es anterior a la entrada en vigor de la Convención, solicitó a España que los delitos de tortura y desapariciones forzadas no queden sujetos a amnistía. Solicitó igualmente que el Estado prosiga con el esclarecimiento de la suerte de las víctimas. En septiembre de 2010, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias manifestó que la Ley de Amnistía chocaba con la "Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas" de 1992, que impondría a España "la obligación de investigar, perseguir y sancionar a los responsables de desapariciones". El 10 de febrero de 2012, Navanethem Pillay, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió formalmente a España la derogación de la ley, argumentando que incumplía la normativa internacional sobre Derechos Humanos.
Aspectos legales
Aunque Luciano Varela manifestó en el auto de la querella contra el juez Garzón de 2010 que
"El Poder Legislativo podrá entonces derogar la ley española de amnistía de 1977 y redefinir el alcance de la retroactividad de las normas sobre prescripción. Solamente restará, en tal caso, examinar si con tal decisión se supera el canon constitucional",
Según expertos juristas, la Constitución española de 1978 impediría tal derogación, pues la reactivación de una responsabilidad criminal que ha sido extinguida violaría el principio de irretroactividad establecido en el artículo 9.3 de la carta magna.
Sólo a través de una revisión constitucional puede reactivarse la responsabilidad criminal ya extinguida. También podría ser un obstáculo la redacción del artículo 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por España el 27 de abril de 1977. Es reseñable el dato de que, en el tiempo transcurrido desde 1979, cuando España ratificó la Convención Europea de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no haya tenido que dictar ninguna sentencia relativa a la Ley de Amnistía, pese a lo polémica que parece ser la controversia al respecto.
Apoyos a la Ley de Amnistía
Las críticas a la Ley de Amnistía distan de ser unánimes, pues un importante sector político, jurídico y de opinión pública sigue considerándola como un logro de la oposición democrática al franquismo, además de como una forma de superar la larga confrontación sufrida por los españoles desde 1936. En julio de 2011, el Bloque Nacionalista Gallego presentó en el Congreso de los Diputados una proposición para derogar la Ley y la propuesta fue rechazada por una amplia mayoría formada por partidos de diversas ideas políticas (el resultado fue de 8 votos a favor de la derogación, 320 en contra y 8 abstenciones). El Partido Socialista Obrero Español resaltó que la Ley fue la forma de superar las guerras civiles y que el olvido era recíproco para ambos bandos, sin embargo, Patxi Benegas reconoce que; “es una Ley de punto final”2, la coalición nacionalista catalana Convergencia y Unión hizo hincapié en que la Ley de Memoria Histórica “ya había reconocido la ilegitimidad de los tribunales franquistas”; en cuanto al Partido Popular, sucesor de la Alianza Popular que se abstuvo en 1977 en la votación de la Ley, expresó su apoyo a la misma y reprochó a los partidarios de su derogación que volvieran a "traer rencores".
Esta posición es también la que mantienen los sectores que todavía simpatizan con el franquismo, pues consideran que la izquierda política pretende derogar la Ley de Amnistía para realizar unos juicios selectivos sólo a uno de los bandos que intervino en el Guerra Civil, manteniendo la impunidad para los crímenes cometidos por el bando vencido. Por último, no faltan quienes, como el Partido Nacionalista Vasco, consideran “irrelevante el debate por no quedar personas vivas” a quienes se pudiera juzgar por los presuntos delitos de genocidio o lesa humanidad.
Desde un punto de vista jurídico, se señala que la Ley de Amnistía no violó el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva pues, aunque extinguió la responsabilidad criminal, mantuvo subsistente la responsabilidad civil. Por consiguiente, los perjudicados han tenido abiertas las vías de los tribunales civiles y/o contenciosos administrativos para solicitar una reparación
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APUNTE
No tengo palabras para describir a la clase política de este país, es indescriptible, lo que dicen, lo que hacen, rebasan mi capacidad de entendimiento, según sus palabras primero el PSOE, por boca de Benegas, reconoce que es una “Ley de punto final”. El otro partido que se turna en el poder, el heredero de las ignominias franquistas, el PP, nos cuenta que se hizo para no “traer rencores”, ¿Piensan acaso que con este engendro de ley las víctimas se olviden de sus afrentas?, ¿Piensan que con esta bochornosa claudicación se restablece el buen nombre de miles de asesinadas/as?, ¿Acaso piensan que con esta rendición digna del socialdemócrata y traidor Casado, se hace justicia a tantas y tantas víctimas? Porque señores “socialistas”, señores “peperos”, no solo es la guerra civil, existen 40 años de asesinatos, secuestros de niños—mejor dicho, robos— mujeres vejadas y humilladas, torturas y consejos de guerra sumarísimos, Grimau, Antich y los últimos del FRAP y ETA, con el dictador ya en agonía. Y no solo eso, para más inri los culpables de esos crímenes de lesa humanidad, han sido premiados, ascendidos o, se han muerto plácidamente en sus camas
Ver
“Dossier de Genocidios, Holocaustos y Exterminios” de Jesús
Arastegui y Julio Marco en la Revista Hispania Nova Nº10 (2012)
Continuo con el nacionalista burgués del PNV, nos dice: “Esta discusión es irrelevante, pues no quedan personas vivas a las que juzgar”. ¿De verdad piensa Vd., eso?, y si le dijera que algunos firmantes de las últimas penas de muerte del régimen fascista están vivas, ¡qué me diría?, seguro estoy que diría; ¡va!, pelillos a la mar. Para Vds. lo importante es la nacionalidad ese es el eje central de todo pensamiento nacional burgués, (el trapo) la ikurriña y el terruño, eso si es relevante.
No podía faltar el “seny” catalán, siempre tan legalistas, tan moderados y centrados ellos, su comentario mueve a la risa; “(…) la Ley de Memoria Histórica ya había reconocido la ilegitimidad de los tribunales franquistas”, si es así ¿Porqué se rechazan las revisiones de los Consejos de Guerra que mandaron al paredón o al garrote vil a Grimau, Antich o Baena?, por no extender la lista al infinito. ¿Por qué se acusa al juez Garzón de prevaricador cuando quiere aplicar la pacata Ley de la Memoria Histórica? ¿Por qué no se anulan todos los juicios y consejos de guerra franquista, se restablece el honor y el buen nombre de todas las víctimas?
Yo se lo diré; por qué existe una Ley de punto final —léase Ley de Amnistía nº 46/1977— que todos Vds. han firmado a sabiendas de lo que hacían, saben que para cambiar esa Ley se necesita cambiar la Constitución y para eso se necesita voluntad política y Vds., para eso no tienen reaños, no tienen tiempo y el fondo los que están en contra de la apertura de las fosas comunes franquistas es por que están de acuerdo con mantenerlas en el olvido, en lugar de hacerlas monumentos a su memoria, por su sacrificio por la justicia y la libertad, Vds.
han traicionado su memoria y por eso los campos de España, 75 años después, mantienen ocultos los restos de cientos de miles de españoles. V. Antonio López Madrid, marzo de 2012
Andrés García Fernández
El otro País (De este mundo)
Alfredo Grimaldos - 30 de abril de 2009
Andrés García Fernández fue asesinado el 29 de abril de 1979 en Madrid. En la calle de Goya, considerada entonces “zona nacional” por la bandas ultraderechistas manejadas por el ministro del Interior Rodolfo Martín Villa y su gobernador civil en la capital, Juan José Rosón. “Le han partido el corazón en dos”, le dijo el forense a Carmen Fernández, la madre del joven comunista, después de hacerle la autopsia al cadáver. El chico había pasado la tarde en el cine Carlos III, en la propia calle de Goya, y a las nueve de la noche, cuando él y otros cuatro amigos salieron de ver la película, decidieron acercarse a comer unos perritos calientes a un pequeño bar de la calle de Alcalá, situado junto al cine Benlliure.
Subieron por la acera de los impares de Goya, cruzaron las calles de Velázquez y Núñez de Balboa y pasaron junto al bar Marjoa — lugar de encuentro ultra— y por delante de la cafetería California 47. “En la puerta había un tapón de jóvenes, de pie, y enfrente otro grupo, unos de pie y otros apoyados en un coche”, comentaba para la revista La Calle, días después del asesinato de Andrés García, Alberto, uno de sus amigos, que le acompañaba aquel triste día.
“Nos llamó la atención uno que llevaba un brazalete con la cruz gamada. Le miramos y pasamos de largo. Unos metros más allá, uno de nosotros volvió la cabeza y nos dijo que estaban pegando o zarandeando a un señor mayor. Yo les dije a todos que no volvieran la cabeza. Seguimos. Antes de llegar a General Mola, José nos dijo que nos seguían. Empezamos a ponernos nerviosos y aceleramos el paso. Cuando cruzamos General Mola, ellos empezaron a correr. Yo iba con otro detrás. Andrés iba delante de nosotros. De repente, sentí algo, como un puño envuelto en algo. Me volví y les dije: ‘¿pero qué hacéis?’
El muchacho que había fallado el golpe se volvió entonces hacia los que venían, y yo grité: "Salid corriendo que están armados”. Cuando Andrés y los otros amigos llegaron a la altura de la cervecería Cruz Blanca, en la confluencia de las calles de Goya y Alcalá, Andrés ya no estaba con ellos. Había quedado tendido en el suelo, más atrás, con dos puñaladas en el corazón.
EL PROTECTOR DE LA EXTREMA DERECHA
Cuarenta y ocho horas después de su asesinato, el gobernador civil de Madrid, Juan José Rosón, declaraba en rueda de prensa:
“Sí, es cierto que durante los últimos días se han generado unas anormales relaciones de tipo político en esta ciudad. Creo, sin embargo, que la cota de violencia es normal en Madrid, globalmente considerada”.
La manifestación del 1 de mayo de ese año se convirtió en un homenaje a Andrés, y centenares de miles de personas gritaron indignadas por las calles de la capital: “Fuerza Nueva, asesina” y “Vosotros, fascistas, sois los terroristas”.
Por su participación en el asesinato, fueron detenidos José Luis Martínez Merino, de 17 años, autor material de las dos puñaladas mortales que recibió Andrés y miembro del Frente de la Juventud; Federico Baudín Pichardo, también de 17 años, que sujetó a Andrés por la espalda mientras Martínez le clavaba un machete militar, con una hoja de 18 centímetros; Claudio Alonso Becerro de Bengoa, de 17 años, y un menor, José María Vega Dosal, de sólo 15 años. Según el auto judicial, “las dos cuchilladas eran de carácter mortal y produjeron a Andrés García Fernández la muerte instantánea por hemorragia traumática con el consiguiente colapso circulatorio”.
Inmediatamente, los asesinos salieron corriendo hacia la cafería California, situada en la misma calle de Goya y, durante los años de la Transición, un reducto de la extrema derecha. Allí, Martínez Merino se lavó las manos y limpió de sangre el machete. Días después, el asesino entregó el arma del crimen a su madre, para que se lo guardara en la finca familiar de Los Enebros, situada en las proximidades de la localidad madrileña de San Agustín de Guadalix. Entre los encubridores de Martínez Merino también se encontraban un tal “Fredy” y un tal “Chema Vega”, pero la instrucción judicial no avanzó tampoco nada por ese camino.
Martínez Merino había sido detenido anteriormente como sospechoso de haber participado en el asalto a la sede del PCE en la calle de Elfo, en el madrileño barrio de Quintana. Estudiaba segundo curso de BUP en el Colegio de los Padres Agustinianos de Madrid, de donde fue expulsado por su comportamiento agresivo. Durante el transcurso del juicio, varios psicólogos y psiquiatras requeridos por el fiscal, el acusador particular y las defensas, manifestarían que Martínez Merino era un sujeto socialmente peligroso, que podría volver a repetir lo que hizo, dada su desviación de personalidad, que le hacía muy irritable.
En el momento del crimen, formaba parte del Frente de la Juventud, grupo al que se había afiliado en el mes de septiembre de 1978, tras darse de baja de Fuerza Joven, en donde había militado desde diciembre de 1977. El Frente de la Juventud, formado a partir de una escisión de Fuerza Nueva, era oficialmente legal desde el 30 de noviembre de 1978. A pesar de que varios de sus militantes aparecieron implicados en asesinatos y múltiples actos violentos durante los últimos años de la década de los 70, como el asalto a la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, la formación ultraderechista nunca llegaría a ser ilegalizada.
FAMILIA DE COMUNISTAS
Andrés había nacido en el seno de una familia obrera y comunista emigrada a Francia en 1969, cuando él era un niño. Los García regresaron a Madrid en 1977, sólo dos años antes del crimen. El joven asesinado era miembro de la Agrupación de las Juventudes Comunistas de Retiro. Estaba terminando COU en el instituto Tirso de Molina, en la Avda. Buenos Aires, del Puente de Vallecas (Madrid) en el que asistía a las clases nocturnas.
En la línea que caracterizó a los Tribunales de Justicia durante aquellos años, a la hora de abordar los asesinatos protagonizados por miembros de la extrema derecha, la sentencia exculpa al menor y a Claudio Alonso, de quien se dice que “sólo intervino en la persecución del grupo formado por el fallecido y sus amigos sin participar en la agresión contra el mismo”. Todo ello, a pesar de haber quedado acreditado que Claudio Alonso Becerro de Bengoa “formaba parte del grupo que persiguió a Andrés García y sus amigos, que vio a Andrés herido, que no le prestó ayuda y que luego marchó a su casa silenciando totalmente los hechos”.
El propio Becerro de Bengoa había reconocido, según consta en el sumario, que; “(…) poco antes del cruce con la calle de General Mola, José Luis Martínez Merino mostró a los que le acompañaban un cuchillo que portaba en la cintura”, del cual el dicente vio solo la empuñadura, que era de grandes dimensiones y de color negro, diciendo: ‘Tengo ganas de estrenarlo”.
En la misma declaración, hay otra manifestación de Becerro Bengoa, en la que reconoce su presencia física mientras se producía el apuñalamiento de Andrés: “Viendo el declarante cómo, instantes después, caía desplomado el agredido y oyendo que alguien del grupo decía: ‘fuera’, por lo que todos echaron a correr por la calle de Goya hacia Colón”.
Sólo José Luis Martínez y Federico Baudín son condenados por el “homicidio”, de Andrés García. Además, se les aplica la atenuante de la minoría de edad, con lo cual la pena queda reducida a “ocho años de prisión mayor, accesorias y costas”
Además, se condena a ambos procesados a que indemnicen, “por partes iguales y sustituyéndose solidariamente en caso de insolvencia, con dos millones de pesetas a los herederos de Andrés García Fernández”.
Los padres de Andrés, María del Carmen Fernández y Andrés García Oset, ambos fallecidos ya, quedaron destrozados tras el asesinato de su hijo y nunca se recuperaron de la tragedia. A Andrés García Fernández no se le considera oficialmente víctima del terrorismo.
Alfredo Grimaldos Feito.
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(*)(*) Esta Asociación forma parte de la Red AQUA (Apoyo a la Querella Argentina) contra los crímenes del franquismo, y ya son más de 50 asociaciones... Si se puede.
1 Si os apetece podéis indagar el verdadero nombre de este joven unos lo llaman José Manuel y otros Manuel José, imposible descifrar el misterio.
2 Ver “Dossier de Genocidios, Holocaustos y Exterminios” de Jesús Arastegui y Julio Marco en la Revista Hispania Nova Nº10 (2012)
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