Garzón: fin de un demofascista
En el
ejercicio jurisdiccional como juez instructor este ex juez –pues la
sentencia es firme- fue el introductor en el Estado Español de las tesis
de Gunter Jacobs, las tesis del derecho penal del enemigo, y con ese
bagaje jurídico-ideológico fue capaz en 1997 de establecer la máxima
del “todo es ETA” para aplicar de modo indiscriminado a todos cuantos no
se habían sometido a la Constitución de 1978, reivindicaban una lengua,
una cultura y forma de ser y de pensar. Por ello encarceló a 27
personas en 1997 y las tuvo presas durante dos años –quién quiere estar
detrás del muro dos años de su vida- para que el Tribunal Constitucional
posteriormente viniera a sentenciar que eran inocentes. Con este
criterio del derecho penal del enemigo también tuvo participación en la
causa 18/98 contra Egin, cerrando la rotativa y llevándola a la ruina, y
encarcelando a esas personas. Años después, muchos años después se
sentenció que eran inocentes, pero el daño ya estaba hecho. Las
rotativas estaba podridas, los periodistas y trabajadores estaban
desarbolados y buscando la vida por donde pudieran. Este individuo
–Garzón- metió en la cárcel a personas que luego resultaron ser
inocentes. Por eso, sólo por eso, ya se le tendría que haber retirado el
poder jurisdiccional.
Éste es el juez que inició procedimientos de narcos que luego se le escaparon de las manos por una mala instrucción.
Pero esto no atenta contra las libertades, en todo caso contra la
seguridad y la salud de los ciudadanos. Este individuo es el mismo que
ordenó las escuchas en las cárceles –y no sólo él- entre presos y sus
abogados. Piensan los jueces que lo pueden todo, y todo no lo pueden, si
es que se quiere que vivamos en un mundo en que el Derecho prevalezca
sobre la arbitrariedad judicial. A todos nos suena esa frase “es un juez
y puede mandarte a la cárcel”. Es cierto que pueden enviarte a la
cárcel, y Garzón cuando tenía poder jurisdiccional, con cientos de
personas que después salieron libres sin culpa alguna. Sus tesis
“jurídico políticas” fueron las que dieron lugar a la ley de partidos
políticos de 2002, y su artículo 9º. Hizo felices a los
ultraderechistas Acebes y Mayor Oreja, porque les dio el soporte
intelectual para establecer en Euskal Herria un Estado de excepción
contra los independentistas.
Este superjuez, defensor de
los derechos de la humanidad, jamás investigó el horrendo crimen que
suponen las torturas de la Guardia Civil y de la Policía. Torturas que
fueron denunciadas sistemáticamente por organismos internacionales
(Amnistía Internacional, Comisión Europea de Prevención de la Tortura,
TAT, etc.), él que ahora se acoge al derecho internacional para defender
su propia causa. Ante miles de casos documentados, la Audiencia
Nacional –y Garzón tuvo delante de su cara a torturados- jamás abrió
unas diligencias para esclarecer los hechos que los detenidos
denunciaban. “Todo son invenciones y cuentos”, y así despachaba la
tortura cada mañana en su despacho.
El juez Garzón ha sido
durante muchos años el juez estrella en esa Audiencia Nacional, y el que
más detenidos ha interrogado, escuchando cientos de estremecedoras
denuncias. Detenidos, insistimos, por orden suya y bajo su única
responsabilidad. Jamás abrió unas diligencias para esclarecerlas.
Escuchar o leer esos testimonios de tortura es lo más parecido a lo que
escuchamos a los represaliados del 36. Garzón además ha sido promotor
del encarcelamiento los últimos años de cientos de personas por su
exclusiva militancia política, cerrando medios de comunicación, etc. Que
ahora, en nombre de los derechos humanos o de los fusilados del 36,
algunos grupos salgan en defensa del juez Garzón, alabando su “decencia
ética y democrática” nos parece un cruel sarcasmo. Un insulto a todos
los represaliados de ayer y de hoy. Lo más horroroso que les podríamos
hacer a las víctimas del franquismo es poner su memoria en manos de
personajes así, que pretenden lavar su tenebroso pasado con la limpia
bandera de nuestros fusilados. Con nosotros y nosotras que no cuenten.
[Asociación de Familiares de Asesinados Navarros (AFAN)].
Hago mía esta declaración, contundente y terminante.
No
se debe confundir lo que no se ha de confundir, y en este caso, quien
fue encausado por poner el cazo en 2006 a lo que le daba el Banco
Santander, pretende limpiar su imagen de represor de las libertades y
cercenador de derechos apuntándose a la lista de jueces honrados -.que
los hay y los habrá siempre, pocos, pero los hay- asumiendo la lucha
contra la corrupción en el caso Gurtel –muy sonoro- y en el asunto de la
memoria histórica, más sonado todavía.
Ha sido condenado por
prevaricador por un tribunal plagado de fascistas, pero no lo condenaron
por atacar al fascismo, sino porque hizo algo –vulnerar el derecho de
defensa al que se deben los operadores jurídicos- que afectaba a los
amigos de los fascistas. Para resumir, ese derecho es patrimonio de la
derecha, pero no deben reclamarlo los ciudadanos. Que ninguno nos veamos
en manos de un juez que no respeta el derecho fundamental de defensa,
porque entonces estamos perdidos. Eso fue lo que hizo. Por eso se le
condenó, y a esa conducta criminal se le llama prevaricación.
Yo
brindo por el fin de todos los jueces demofascistas. Espero que como las
hienas se acaben devorando unos a otros, pues muy pocos merecen mi
respeto intelectual. Acabar con los fascistas que ocupan los sillones
del Tribunal Supremo es cosa que habrá que hacer en un futuro.
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