Colombia: La planificación del Terror Estatal y la estrategia de confundir. Azalea Robles y mucho mas .. (Recomendado)
...“Cátedras de Cultura de Paz” cuya línea se dedica a esquivar el análisis de la raíz de la guerra. Cátedras impartidas en Europa o EEUU, en países en los que radican las principales empresas fabricantes de armas, y las depredadoras energéticas: unas cátedras que se centran en “enseñarles” a becados provenientes de países como el Congo, Afganistán, Colombia, etc, la manera de ser más “pacíficos”, de “resolver los conflictos desde la civilidad” y de “desarrollar una cultura de paz”, obviando olímpicamente que la guerra y la paz tienen raíces económicas y se desarrollan en contextos de desigualdad social, y no son meros asuntos de Cultura. Así los países que dedican millonarios presupuestos en guerras imperialistas y cuya supremacía mundial radica en una historia de prácticas colonialistas y genocidas, muy lejanas de la Cultura de Paz que pregonan de fachada, imparten cátedras de asimilación mental a la cultura de la aceptación del saqueo más desmedido, a la vez que ‘bombardean humanitariamente’ en su relance colonial....
Por Azalea Robles
Las
contradicciones entre acumulación de capital y supervivencia de la
humanidad y del planeta alcanzan niveles ostensiblemente críticos,
el complejo militar-industrial implementa cada vez más guerras para
seguir su crecimiento perverso. En este contexto aparece como un
imperativo ético y político el análisis medular de las guerras: no
podemos ya contentarnos con las explicaciones postizas y seudo
antropológicas de “guerras tribales” o de “no hay cultura de
paz en esos pueblos”: pronunciamientos cuya naturaleza destila
colonialismo y constituye la argucia para evitar ir al centro del
problema. Evidentemente hay plétora de seudo estudios e
instituciones que difunden, algunos más sutilmente que otros, esas
premisas cosméticas. Aquellos que tienen un altísimo interés en
impedir la comprensión de la realidad, y por consiguiente la
posibilidad concreta de transformación de la misma, financian estos
tanques de pensamiento.
1. ‘Cultura de Aceptación del Saqueo’ disfrazada de ‘Cultura de Paz’
Sería
digna de aguaceros de risas en una representación de teatro
grotesco, la existencia de “Estudios de Preservación del Medio
Ambiente”, financiados por la industria farmacéutica o petrolera,
o bien la existencia de “Cátedras de Cultura de Paz” cuya línea
se dedica a esquivar el análisis de la raíz de la guerra. Cátedras
impartidas en Europa o EEUU, en países en los que radican las
principales empresas fabricantes de armas, y las depredadoras
energéticas: unas cátedras que se centran en “enseñarles” a
becados provenientes de países como el Congo, Afganistán, Colombia,
etc, la manera de ser más “pacíficos”, de “resolver los
conflictos desde la civilidad” y de “desarrollar una cultura de
paz”, obviando olímpicamente que la guerra y la paz tienen raíces
económicas y se desarrollan en contextos de desigualdad social, y no
son meros asuntos de Cultura. Así los países que dedican
millonarios presupuestos en guerras imperialistas y cuya supremacía
mundial radica en una historia de prácticas colonialistas y
genocidas, muy lejanas de la Cultura de Paz que pregonan de fachada,
imparten cátedras de asimilación mental a la cultura de la
aceptación del saqueo más desmedido, a la vez que ‘bombardean
humanitariamente’ en su relance colonial. Así los becarios de
países que sufren la voracidad capitalista de las guerras por el
saqueo de los recursos, son adiestrados en la retórica que sirve
para perder de vista el núcleo del problema; es el zorro
enseñándoles a las gallinas con qué salsa deben ser comidas.
Los
apelativos “guerras tribales” y demás expresiones consagradas en
el campo semántico destinado a prolongar el estatus quo, encubren
guerras por la acumulación de recursos, guerras fomentadas con fines
geopolíticos y económicos claramente definidos por los verdaderos
‘Señores de la guerra’ que son los fabricantes de armas, los
mercaderes de la energía, de la alimentación industrial, y las
multinacionales de químicos, todos motores de la maquinaria
depredadora del planeta.
Los
países concebidos en la lógica global capitalista como ‘bodegas
de recursos’, cada día sufrirán de manera más cruenta la
violencia del saqueo y su correlativo empobrecimiento, que a la vez
causa éxodos masivos. Hay una carrera del gran capital por hacerse
cada día con más recursos planetarios.
El
estudio del caso colombiano arroja luces indeclinables sobre la
realidad mundial: es una muestra en quintaesencia del capitalismo.
Por esta razón hay un constante esfuerzo mediático en tergiversar
la realidad colombiana, en invisibilizarla e impedir la comprensión
de una realidad que es una radiografía de las metástasis más
atroces del sistema capitalista. La resistencia del pueblo colombiano
es asimismo tergiversada e invisibilizada en ese esfuerzo constante
de los monopolios de difusión de implementar la guerra mediática
contra la comprensión de la realidad, haciendo ver a las
resistencias populares como “terrorismo”. El estudio a las
fuentes de los sujetos históricos y sociales deviene una verdadera
hazaña en medio del amedrentamiento contra la investigación social
y el pensamiento crítico: no obstante su peligrosidad, ese estudio
es indispensable.
2.
Acumulación capitalista y Terrorismo de Estado en Colombia
En
la realidad colombiana se plasma el despojo y reacomodo territorial
destinado a escala planetaria a todas las zonas que presenten un
interés económico; una lógica capitalista que no admite escrúpulos
y constituye un ecocidio doblado de un genocidio. En Colombia son
acicateadas las estrategias del Terror correlativas al saqueo
capitalista. Estas son también exportadas como método de control
social, sabotaje, exterminio de la reivindicación y
contrainsurgencia a países de la región (México, Honduras,
Venezuela, etc).
Las
cifras del Terrorismo de Estado en Colombia son elocuentes: según un
reciente informe, un total de 19 defensores de derechos
humanos fueron asesinados en Colombia durante el primer trimestre de
2015, y otros 276 fueron agredidos [1].
Otro
informe documenta que Colombia es el segundo país líder en el
asesinato de ambientalistas en el mundo, con 25 asesinados en el 2014
[2] . El 80% de las violaciones a los derechos humanos y el 87% de
los desplazamientos poblacionales han ocurrido en regiones donde las
multinacionales operan la explotación minera. El 78% de los
atentados contra sindicalistas fueron contra aquellos que trabajan en
el área minero-energética [3].
La
planificación de la acumulación de tierras mediante
el despojo violento se expresa en la existencia de 6,3 millones de
personas despojadas y desplazadas de sus tierras para beneficio del
gran capital, millones de personas malviviendo en cinturones de
miseria [4]. El despojo se acelera: el 40% del territorio colombiano
está pedido en concesión por multinacionales [5].
El
Terrorismo de Estado se expresa también en: 9.500 presos políticos
[6]; la eliminación física de un partido político: La Unión
Patriótica (5.000 personas asesinadas por las herramientas
paramilitares y oficiales del Estado) [7].
El
exterminio contra la oposición política es tal que: "En
Colombia se cometen el 60% de los asesinatos de sindicalistas que se
presentan en todo el mundo, por una violencia histórica,
estructural, sistemática y selectiva que se convirtió en pauta de
comportamiento del Estado colombiano”, según
denuncia la CUT [8]. El Tribunal Sindical
Mundial condenó al Estado colombiano: “por ser responsable
de los hechos sistemáticos de violación del principio de libertad
sindical, en calidad de autor directo, coautor, cómplice o
encubridor de homicidios, lesiones, torturas, privaciones ilegítimas
de la libertad, atentados(…)”[9].
El
genocidio se plasma en los niveles de desaparición forzada: la ONU
estima que más de 57.200 personas han sido desaparecidas en Colombia
[10].
Un
informe de la Fiscalía documenta: 173.183 asesinatos y 34.467
desapariciones forzadas, cometidos por la herramienta paramilitar, en
un lapso de solo 5 años [11] .
Una
estimación de Piedad Córdoba, basada en el cotejo de informes y el
conocimiento de la sistemática subvaloración de los registros
oficiales, cifró en unos 250.000 los desaparecidos en 20 años [12].
La
Coordinación Colombia-Europa-EEUU expresó que hay un: “continuo
aumento de los casos(…) Las desapariciones forzadas han sido usadas
históricamente como un instrumento de persecución política y de
control social basado en el terror, perpetrado por agentes del Estado
y por grupos paramilitares que actúan con su tolerancia, omisión y
aquiescencia y que se benefician de la impunidad(…)
Las
desapariciones forzadas forman parte de una práctica sistemática de
ataques contra la población civil, que han sido funcionales al
sostenimiento de las élites sociales, políticas y económicas del
país”[13].
Hay
mecanismos para la impunidad: “El subregistro de casos de
desaparición forzada, la impunidad que se consolida con diversos
mecanismos legales y sociales y la presencia de los perpetradores en
las comunidades (…)
Muchos
casos no se denuncian por la mala administración de justicia, la
ineficacia de los mecanismos de denuncia, el ambiente generalizado de
temor e intimidación que viven los familiares de las víctimas, sus
abogados, los testigos(…)[Ibíd.]. Se suman las leyes que excluyen
a gran parte de las víctimas de desaparición forzada de los
registros, las leyes que amplían el accionar represivo de la
policía, y las leyes que intentan cobijar de impunidad a los
responsables: “el Gobierno del presidente Santos está promoviendo
un nuevo marco normativo con preocupantes limitaciones a los derechos
de las víctimas de desapariciones forzadas.” [14]
La
mayor fosa común de Latinoamérica fue hallada detrás del batallón
militar en la Macarena, con 2000 cadáveres de desaparecidos por la
Fuerza Omega del Plan Colombia, fuerza que tiene estrecha ‘asesoría’
estadounidense [15].
3.
Planificación de los Crímenes de Estado en el marco de la lógica
de "disuadir la reivindicación mediante el terror"
Hay
una lógica en el Terrorismo de Estado: y es que a mayor tortura y
degradación de las víctimas, mayor alcance del “mensaje
disuasivo” en las comunidades. La estrategia de la disuasión
mediante el terror está teorizada en los manuales del ejército: se
concibe a la población como “el enemigo interno”, y se preconiza
claramente el empleo de una herramienta paramilitar para realizar las
masacres y torturas. El paramilitarismo fue preconizado para Colombia
desde la misión estadounidense Yarborough [16], y reiteradamente
apuntalado hasta nuestros días. La herramienta paramilitar es
adiestrada para torturar, y entrenada por (de)formadores de EEUU e
Israel, como el mercenario Yair Klein [17]. Se trata de perpetrar
Crímenes de Estado como el crimen contra la niña Alida Teresa
Arzuaga, de 9 años, violada y asesinada para torturar a su padre
(preso político), a la par que inyectar miedo en la oposición
política[18]; o como la masacre de la familia del militante
comunista y de la UP Julián Vélez, cuyo hijo fue torturado y
castrado [19].
Se
trata, en el marco de esta planificación del Terror Estatal, de
perpetrar masacres como la masacre de Mapiripán.
Los
paramilitares fueron trasladados en aviones del ejército del norte
al sur de Colombia, y llevados por el ejército al sitio de la
masacre [20].
Estuvieron
amputando y violando durante 10 días, mientras el ejército impedía
que entrara o saliera nadie: debido al cerco del ejército nadie pudo
darle auxilio a la población. Unas 60 personas fueron asesinadas:
sometidas a toda clase de torturas. Hasta hoy hay dificultad para
identificar a las víctimas dada la barbarie con que la herramienta
paramilitar procedió a descuartizarlas y lanzarlas al río. Según
lo confesó el General Uzcátegui en una grabación: “¿sabe qué
hizo la Brigada militar Móvil 2? Colocó un colchón de seguridad
para que salieran los paramilitares. El ejército no sólo tiene
vínculos con los paramilitares, no sólo no los combatió, sino que
combatió a las FARC para que las FARC no golpearan a los
paramilitares” [Ibíd.]. Mientras los paramilitares torturaban, el
ejército garantizaba las atrocidades combatiendo a las FARC que
intentaron romper el cerco militar para auxiliar a la población. El
ejército garantizó que la masacre comprendiera las torturas más
aberrantes: no era “una bala perdida”, era una operación de
Terrorismo de Estado dentro de la estrategia de tierra arrasada en
los Llanos Orientales, en la que estuvo envuelta la asesoría
estadounidense. El Obispo del Guaviare testimonió: “Pasaron
camiones con alrededor de 120 hombres de civil sin armas, después de
pasar por el batallón salieron con uniformes y armados (…) otro
grupo de paramilitares también se desplazó pero por el río
Guaviare, pasando por el punto de control militar sobre el
río”[Ibíd.].
Otro
crimen de Estado que evidencia de manera flagrante esta planificación
del terror, es aquel cometido por militares y paramilitares contra la
comunidad del Cacarica, cuando "jugaron fútbol con la cabeza"
del líder campesino afrodescendiente Marino López.
La
Operación Militar ‘Génesis’ consistió en aterrorizar a la
comunidad para forzarla a un masivo desplazamiento poblacional: “Los
paramilitares y también militares rodearon todo el caserío. Nos
juntaron a todos (…) Dos de los doce militares tomaron a Marino(…)
Lo insultan, lo golpean. Uno de los criminales coge un machete y lo
corta en el cuerpo, Marino intenta huir, se arroja al río, pero los
paramilitares lo amenazan, ‘si huye, le va peor’. Marino regresa,
extiende su brazo izquierdo para salir del agua. Uno de los
paramilitares le mocha la cabeza con la macheta. Luego le cortan los
brazos en dos, las dos piernas... Y empiezan a jugar fútbol con su
cabeza. Todas y todos lo vimos. Todo fue terror.”[21].
Los
habitantes denunciaron el accionar de la Brigada XVII. Varios
paramilitares del bloque Elmer Cárdenas, al mando de Freddy Rendón,
alias "El Alemán", señalan al General Rito Alejo del Río
como uno de los máximos responsables: "Se trató de una
operación conjunta" relataron ante el Fiscal de Justicia y Paz
[22].
La
lista de crímenes de Lesa Humanidad perpetrados de manera
sistemática por el Estado colombiano contra la población, en el
marco de una planificada estrategia del terror y desposesión, sería
interminable.
El
Estado colombiano y su mentor estadounidense pretenden continuar
viabilizando el saqueo de los recursos aterrorizando a la población
cuya reivindicación entra en conflicto con la depredación
capitalista. Se pretende eliminar toda oposición, sea esta armada o
no.
El
testimonio de Marinelly Hernández, presa política, es ilustrativo
de las aberrantes torturas
que el Estado colombiano comete contra los familiares de los
opositores políticos, máxime si estos son insurgentes, una realidad
silenciada: “A nuestro padre el Ejército colombiano, en unión con
los paramilitares lo colgó vivo de sus manos introduciendo ganchos
en sus extremidades como si fuera carne de carnicería, luego le
chuzaron el estómago y todo su cuerpo con una navaja, después
arrollaron sus labios como se les taja a los pescados, por último,
le dieron un tiro de gracia; según medicina legal a nuestro padre lo
torturaron vivo. Tenía 70 años, ¿Cómo es posible que hagan eso
con un anciano, tildándolo de guerrillero? Acaso por yo ser
revolucionaria ¿Tenían que cobrarlo con la vida de mi padre?”
[23].
Aquí
la tortura aberrante claramente tiene por objetivo enviar un mensaje
de terror a los que piensen ingresar en la insurgencia. Estas
prácticas genocidas son recurrentes.
Marinelly
expresa la correlación entre el saqueo de los recursos y las
masacres perpetradas por el ejército y la herramienta paramilitar
contra la población de las zonas codiciadas por el gran capital.
Aquí
se refiere a la masacre del Río Nare: “El Capitán Martínez con
sus tropas ingresaron a unas minas de oro donde se encontraban los
campesinos sacando el mineral: un día antes, lanzaron panfletos
diciéndoles que desalojaran, y al otro día entraron con motosierras
y hachas: amarraron a los trabajadores en cadena… los iban soltando
de uno en uno, sin asesinarlos, les quitaban los brazos, las piernas
y luego de cada persona recogían un solo brazo, una sola pierna,
hacían un montón y lo tiraban al río y otros a los huecos de las
minas y otros los dejaban para que las aves se los comieran” [
Ibíd. ].
Marinelly,
de una familia campesina, vivió en carne propia las agresiones del
ejército colombiano contra el campesinado; fue testigo de múltiples
asesinatos de amigos y familiares, cuyos cuerpos fueron abandonados
torturados y desmembrados: “parte de la guerra sucia y psicológica
que implementan para asustar a los luchadores populares”.
La
presa política explica que las violaciones del Estado colombiano la
empujaron a la insurgencia, como su: “única forma de preservar la
vida, luchar por ella y reclamar nuestros derechos”, y evitar
“terminar masacrada, torturada o discapacitada por ser
ejemplarizada como quedan muchos campesinos, o terminar siendo
desplazada y viviendo de las limosnas en las ciudades”[Ibíd. ].
La
combinación del saqueo de los recursos y el Terror de Estado
ejercido contra quiénes se oponen al saqueo, explica la existencia
de las insurgencias colombianas, como única salida que encuentra una
población sometida al despojo y a la represión más descarnada
frente a sus reivindicaciones.
Esta
es una comprensión indispensable para quiénes deseamos la paz en
Colombia. La paz significa justicia social, cese de la entrega del
país en concesiones a multinacionales, reforma agraria, soberanía
alimentaria, y cese del Terror de Estado que hoy facilita la
acumulación capitalista en desmedro de las mayorías empobrecidas.
Los problemas deben ser resueltos desde sus causas, no desde sus
consecuencias.
4. ¿
Denunciaremos los crímenes resultado de una planificación
Estatal, o vamos a seguir promoviendo la confusión?
Estos
crímenes de Estado envían un mensaje del terror contra la
población: ‘Esto les puede pasar, a ustedes o a sus familiares, si
persisten en su reivindicación’. Hay un claro intento de paralizar
la acción reivindicativa de las comunidades, y ese terror se ejerce
desde el mismo Estado, en un accionar que obedece a unos intereses
económicos claros: es inaceptable por lo tanto que se intente
endilgar los crímenes a “la violencia” en abstracto, como
reiteradamente lo hacen los mass-media con los crímenes del
Terrorismo de Estado.
El
mensaje es enviado por los verdugos a través de sus ejecutantes
paramilitares, y no es aceptable que los maquilladores mediáticos
vengan a garantizar la impunidad total a quienes son los verdaderos
comanditarios de estos crímenes: los que se sirven del terror para
sojuzgar a un pueblo y para garantizar la acumulación de capital en
pocas manos, en desmedro del medio ambiente y de las mayorías.
El
intentar, mediante el aparato mediático, transformar los reiterados
asesinatos políticos en “víctimas de los violentos” (así, “los
violentos”, en abstracto), busca diluir responsabilidades, busca
ocultar la planificación de un Terror que de manera sistemática es
ejercido desde el propio Estado contra la oposición política. Esa
impostura mediática no cala en los sectores más conscientes del
campo popular, sin embargo en parte de la opinión pública sí hace
mella.
5.
Ofensiva contra la comprensión de la realidad: Estrategia de la
Confusión
La
Estrategia de la Confusión es implementada hasta la saciedad por el
aparato mediático: por ejemplo el redactar notas sobre crímenes en
los que se conoce perfectamente que la autoría es paramilitar, pero
poner “asesinado por grupos armados”: esto con la clara intención
de exculpar a la herramienta paramilitar que le sirve al poder
económico, y de buscar endilgarle a la resistencia popular parte de
los crímenes perpetrados por la estrategia paramilitar.
El
léxico “grupos armados” o “actores armados” es un léxico de
la confusión, dado que grupos armados son tanto los paramilitares,
como el ejército, como las insurgencias; por lo tanto no hay nada
más aberrante que conocer que los victimarios son parte de una
Estrategia represiva Estatal y paraestatal, articulada al poder
multinacional, y optar por tejer el discurso de la confusión. Esta
mediatización es indignante, y constituye una doble victimización
de las comunidades que denuncian a los responsables, y que sin
embargo ven ignoradas sus voces en las notas mediáticas, de manera a
que la herramienta paramilitar-militar del terror no solamente haya
cometido las atrocidades, sino que los medios no señalen su
responsabilidad, amparándola así de la impunidad que la perpetúa.
Parte
de la Estrategia de la Confusión es el empleo de la falsa dicotomía
“grupos armados legales ”versus“ grupos
armados ilegales”: siendo legales las fuerzas represivas del
Estado, mientras que en la ilegalidad se hallan tanto las fuerzas
represivas paramilitares –que sin embargo se articulan al mismo
Estado, recibiendo logística, armamento e impunidad–, y las
guerrillas –éstas últimas de naturaleza opuesta al
paramilitarismo–. Esta perfidia mediática busca instaurar un campo
conceptual que ignora la realidad del paramilitarismo como estrategia
preconizada en manuales militares. También busca instalar un campo
conceptual que excluye el carácter político y social del conflicto
colombiano, al intentar presentar a las insurgencias en un mismo
paquete con el paramilitarismo; intentando quitarle a la guerrilla su
carácter político, inherente a su misma génesis y composición, de
ser una expresión del campo popular colombiano que se alza en
protesta política contra el saqueo, protesta política que deviene
armada debido a la imposibilidad democrática instaurada desde el
Estado mediante la sistemática represión al opositor político.
El
paramilitarismo es una herramienta al servicio del Gran capital que
actúa con la plena coordinación del ejército colombiano; pero los
medios trabajan para ocultar la vinculación de esta herramienta con
los que la crean y emplean. Lamentablemente este trabajo sistemático
de los medios logra colonizar a parte importante de la población,
dejando incluso huellas residuales que sorprende encontrar en las
mentes de las mismas víctimas. El bombardeo mediático es una
ofensiva sin tregua contra la capacidad de comprensión de la
realidad, y por lo tanto, contra la posibilidad de acción efectiva
sobre la misma.
Por
ello es importante desenmascarar esa planificada manipulación
semántica diseñada por los tanques de pensamiento. Esa manipulación
es también inyectada en el discurso de las ONG a través del
condicionamiento que imponen los financistas, logrando paulatinamente
que en el campo popular se introduzca un entramado semántico que
obstaculiza la capacidad de comprensión de la realidad. Hay una
planificación del terror para facilitar la acumulación capitalista
en manos de multinacionales y latifundio; frente al genocidio no cabe
más caer en el borroneo de las causas del drama colombiano, ni jugar
a la confusión, ni adoptar el léxico impuesto por los tanques de
pensamiento de la USAID.
NOTAS de “La planificación del Terror Estatal y la estrategia de confundir”
En caso de no figurar las notas completas en la presente publicación, consultarlas en www.azalearobles.blogspot.com
[1]“Dentro
de los presuntos responsables de las 295 agresiones contabilizadas
por el SIADDHH en el primer trimestre del año, señalamos que los
paramilitares aparecen con responsabilidad supuesta en 230 casos
(78%), la Fuerza Pública en 13 casos (5%), las guerrillas en 1 caso
(0.5%) y actores desconocidos en 51 casos (17%)”.
http://somosdefensores.org/index.php/en/publicaciones/informes-siaddhh/133-la-amenaza-fantasma-boletin-trimestral-siaddhh-enero-febrero-2015
[2] Deadly
Environment,
Global
Witness
[3] Boletín
Informativo No.18 de PBI Colombia, Noviembre de 2011
[4] Colombia
junto con Siria, el país con más personas desplazadas forzadamente.
CODHES: 6,3 millones de desplazados en Colombia
6,8
millones de víctimas:
http://www.telesurtv.net/news/El-conflicto-armado-en-Colombia-suma-68-millones-de-victimas-20141229-0002.html
Peor
que Sudán, Iraq o Afganistán (VIDEO): Colombia es el país con más
desplazados y refugiados internos.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=129586&titular=colombia-es-el-pa%EDs-con-m%E1s-desplazados-y-refugiados-internos-
Informe
Global 2014 sobre desplazados internos ACNUR:
[5] El
40% del territorio colombiano está pedido en concesión para
proyectos mineros. De las 114 millones de hectáreas que tiene
Colombia, cerca de 45 millones están solicitadas para este
fin. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=126725&titular=las-venas-abiertas-de-colombia-
[6] 9.500
presos
políticos http://www.azalearobles.blogspot.com.es/2012/05/presos-politicos-entre-torturas-e.html
[7]Exterminio
físico de la Unión Patriótica: más de 5.000 personas asesinadas
por las herramientas paramilitares y oficiales del Estado, el
genocidio consta ante la CIDH. Plan
“Baile
Rojo”. Documental: http://www.youtube.com/watch?v=QVL54FcZq5E&feature=gv
[8] CUT: "En
Colombia se cometen el 60% de los asesinatos de sindicalistas que se
presentan en todo el mundo, por una violencia histórica,
estructural, sistemática y selectiva que se convirtió en pauta de
comportamiento del Estado colombiano: un genocidio contra el
movimiento sindical
colombiano.” http://www.rebelion.org/noticia.php?id=120921
2014
informe de la CUT ante la OIT: “Desde
1977 han sido asesinados 3052 sindicalistas, durante el actual
gobierno 115 sindicalistas han sido asesinados. La violencia contra
sindicalistas continuó siendo una característica de la actividad
sindical en Colombia, sin que existan avances significativos en las
investigaciones, condenas y capturas de los responsables. Frente al
delito de homicidio existe un porcentaje de impunidad del 86,8%; el
delito de amenaza, que constituye la violación más sufrida por los
sindicalistas[7],
tiene a su vez el más alto índice de impunidad con el 99,9%. Los
delitos de desaparición forzada, desplazamiento forzado y secuestro,
arrojan un porcentaje de impunidad del 99,6%, 99,5% y 90,6%
respectivamente. En general, frente a delitos relacionados con graves
violaciones a los derechos humanos tenemos que la impunidad en casos
de sindicalistas es altísima, promediando el 96,7%.”
http://cut.org.co/informe-de-cut-colombia-a-la-oit/
2015 Colombia: Continúa el exterminio de dirigentes populares. “En Colombia hay 20 millones de personas pobres, el 70% de los trabajadores activos están en la tercerización a través de contratos a término fijo, y un 60% de la población ocupada en la economía informal o del rebusque. Estas cifras contradicen las informaciones oficiales. Desde 1986, año de fundación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), hasta el 2014, fueron asesinados más de 3.500 sindicalistas.”
La
“contrainsurgencia laboral” en Colombia,
Renán Vega Cantor, abril 2015
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=197574
¡La violencia antisindical de Colombia persiste! Radiografía de la crisis humanitaria del sindicalismo. http://cut.org.co/la-violencia-antisindical-de-colombia-persiste-radiografia-de-la-crisis-humanitaria-del-sindicalismo/
“La Escuela Nacional Sindical (ENS) denunció en Washington el asesinato de 105 sindicalistas durante cuatro años, que coinciden con la aplicación del plan de acción laboral que Colombia suscribió en 2011 como complemento al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos”.
La
estrategia dual del presidente Santos:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=191804
Enero 2015 CUT y de Fensuagro intervinieron en Bruselas
Sindicalistas
y defensores de DDHH sin protección: “Desde
la fundación de la CUT, han sido asesinados en Colombia, más de
4000 sindicalistas y la impunidad alcanza cerca del 95%, sin contar
con las amenazas, las torturas, los desplazados, los desterrados del
movimiento sindical.”
http://colectivodeabogados.org/noticias/noticias-nacionales/article/sindicalistas-y-defensores-de
Renan
Vega Cantor, ¡Sindicalicidio!
Un cuento de Terrorismo Laboral
http://www.rebelion.org/docs/147552.pdf
Hoja
de ruta de asesinatos, gobierno Santos: “1
activista asesinado cada 3 días, los hechos pesan más que las
palabras” lista
por Justice For
Colombia: http://www.justiceforcolombia.org/downloads/killing-sheet-June-2011.pdf
Workers
Uniting rechaza asesinatos a sindicalistas colombianos
[9]
Mayo 2012: Por homicidios, torturas y otros atentados graves contra
la libertad sindical, El Tribunal Mundial de Libertad Sindical
condena al Estado
colombiano http://www.parentesiscali.blogspot.com.es/2012/05/sentencia-condena-al-estado-por.html
“El
TSM resuelve: Condenar al Estado de la República de
Colombia por ser responsable de los hechos sistemáticos de violación
del principio de Libertad Sindical, en calidad de autor directo,
coautor, cómplice o encubridor de homicidios, lesiones, torturas,
privaciones ilegítimas de la libertad, atentados, amenazas, despidos
y represalias con motivo del ejercicio de la actividad sindical.”
Demanda
contra el Estado colombiano:
TSM
condena al Estado colombiano: La libertad sindical en Colombia,
una
farsa http://parentesiscali.blogspot.com.es/2012/05/informe-especial-tribunal-mundial.html
[10]
El
23 de mayo 2011 el representante del Alto Comisionado de la ONU para
los Derechos Humanos, Christian Salazar, informó que la ONU estima
que más de 57.200 personas han sido desaparecidas en Colombia.
Conferencia sobre desapariciones forzadas, en
Bogotá. http://www.senadoragloriainesramirez.org/index.php/tag/cifran-en-mas-de-57-mil-las-desapariciones-forzadas-en-colombia/
[11] Informe
Fiscalía, enero 2011: 173.183 asesinatos; 1.597 masacres; 34.467
desapariciones forzadas, y al menos 74.990 desplazamientos forzados,
cometidos entre junio 2005 y el 31 de diciembre 2010 por el
paramilitarismo: http://www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/Index.htm
[12]
Estimación: en 20 años 250.000 personas desaparecidas; Piedad
Córdoba, Madrid, mayo 2010 "Hay
250.000 desaparecidos en Colombia en los últimos
años": http://www.rebelion.org/noticia.php?id=106344&titular=%22hay-250.000-desaparecidos-en-colombia-en-los-%FAltimos-a%F1os%22-
Más
sobre DESAPARICIÓN FORZADA en Colombia:
Desaparición,
crimen del Terrorismo de Estado en
Colombia: http://justiciaypazcolombia.com/50-000-personas-desaparecidas-en
“Las
organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos exigen que el
Estado responda por la vida y la libertad de los desaparecidos, o que
se entreguen sus restos a la familia y opere la justicia. (…) El
delegado en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los derechos humanos ha repetido que “La
desaparición forzada es una de las violaciones de los derechos
humanos más graves que existen, y Colombia, lamentablemente, sufre
un récord alarmante en la comisión de este crimen”. Confirmando
la alerta de Naciones Unidas, el Registro Único de Victimas presenta
en su informe del 1 de abril de 2014 la escalofriante cifra de
122.155 victimas de desaparición forzada.”
Informe
2014 Desaparición Forzada:
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2014/desaparicion-forzada/Tomo-I.pdf
El
crimen de Estado de desaparición forzada de la "democracia"
en Colombia ha rebasado las dramáticas cifras de la dictadura
argentina: sólo en 3 años el Terrorismo de Estado ha desaparecido a
38.255 personas, informe Medicina
Legal: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/71765-NN/colombia-registra-mas-de-38-mil-personas-desaparecidas-en-tres-anos/
Tribunal
Internacional de Opinión; “La
DESAPARICION FORZADA UN CRIMEN DE ESTADO” Veredicto.
Senado del Congreso de la República. Bogotá 24, 25 y 26 de Abril de
2008: http://www.dhcolombia.info/spip.php?article568
“Al
mes de noviembre de 2010, las estadísticas oficiales del gobierno de
Colombia registran más de 51.000 Desapariciones”, señala
un reporte de 2011 de la US
Office on Colombia:
http://lawg.org/storage/documents/Colombia/RompiendoElSilencio.pdf
A
noviembre de 2011, el Registro Nacional de Desaparecidos -órgano
gubernamental- , reportaba un total de 50.891 casos (24% mujeres y
17% niñas y niños). Los medios han manipulado la información
haciendo aparecer que sólo 16.907 casos son desapariciones forzadas,
cuando esa cifra revela los casos para los cuáles ha habido
información concerniente a los perpetradores, los demás casos
permaneciendo en la insuficiencia investigativa. Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), noviembre
2011. El total del Registro Nacional de Desaparecidos, reporta 64.564
víctimas, de las cuales se restaron 11.215 personas aparecidas con
vida y 2.458 personas aparecidas muertas.
La
Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación
reportó a mayo de 2011, un total de 32.000 casos de desapariciones
forzadas cometidas por grupos paramilitares. Fundación Nidia
Erika Bautista (FNEB), Situación de las Desapariciones Forzadas en
Colombia: La desaparición forzada no es un crimen del pasado,
Bogotá, mimeo, diciembre, 2011.
En Mayo
2012: Yaneth Bautista, de la Fundación Nidia Erika
Bautista, ‘señaló
que "en lo que va corrido del Gobierno Santos se han registrado
oficialmente 500 desapariciones forzadas en Colombia, especialmente
en Bogotá, Antioquia, Putumayo, Nariño y Valle del Cauca”’, según
reporta
Caracol. http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/familiares-de-los-desaparecidos-ya-no-necesitaran-dos-anos-para-adelantar-tramites-legales/20120525/nota/1694613.aspx
2014-
Desaparecidos: el Estado el gran responsable
[13] Mayo
2012, informe ‘Desapariciones forzadas en Colombia’, Coordinación
Colombia- Europa- Estados Unidos: “Presenta
la situación actual de la desaparición forzada en Colombia,
mostrando el continuo aumento de los casos en el país, así como la
persistencia de los patrones de persecución política y control
social que han motivado históricamente las desapariciones forzadas
en el país. (…) En Colombia las desapariciones forzadas han sido
usadas históricamente como un instrumento de persecución política
y de control social basado en el terror, perpetrado por agentes del
Estado y por grupos paramilitares que actúan con su tolerancia,
omisión y aquiescencia y que se benefician de la impunidad en la que
permanecen los crímenes. Las desapariciones se cometen con el doble
objetivo de acallar una voz disidente y, al mismo tiempo, enviar un
mensaje claro y aleccionador al resto de la población para que se
abstenga de mantener cualquier tipo de actividad de oposición o de
cuestionar el orden político existente.” Informe
Observatorio de DDHH: http://www.rebelion.org/docs/150986.pdf
Subregistro
de la cantidad de personas desaparecidas en Colombia.Hay un
esfuerzo para subvalorar y configurar impunidad para el crimen de
Estado de la desaparición forzada: “El subregistro de casos de
desaparición forzada, la impunidad que se consolida con diversos
mecanismos legales y sociales y la presencia de los perpetradores en
las comunidades donde viven los familiares de personas desaparecidas,
consolidan un marco que mantiene el trauma psicosocial (…) muchos
casos no se denuncian por múltiples razones, entre ellas, la mala
administración de justicia, la ineficacia de los canales y
mecanismos de denuncia, el ambiente generalizado de temor e
intimidación que viven los familiares de las víctimas, sus
abogados, los testigos de las desapariciones(…)”
El
impedimento para conocer la amplitud del drama de la desaparición
forzada en Colombia, tiene obvias causas. Además del temor de los
familiares de denunciar a las fuerzas paramilitares o a la misma
Fuerza Pública ante entidades estatales comprometidas con la
estrategia del terror e impunidad, hay una inoperancia sistemática
de la ‘justicia’ en estos casos, obstaculizando investigaciones y
procesos, hay fallas repetidas en la recolección de datos, pruebas
forenses, inhumaciones, testimonios. Se llenan de escombros las fosas
comunes. Hay temor, desidia, negligencia y obstaculización. “Esas
fallas se hicieron aún más evidentes en mayo de 2011, cuando el
Ministro del Interior dio a conocer los resultados de un estudio
realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal, la
Registraduría Nacional del Estado Civil y ese Ministerio, con el fin
de cruzar las huellas dactilares tomadas a cadáveres de personas no
identificadas, con las huellas de los documentos de identidad del
registro nacional del estado civil. Los resultados son tan
impresionantes como tristes. En total, se procesaron 22.689
necrodactilias (huellas de cadáveres) y se lograron identificar
9.968 personas, que estarían actualmente inhumadas como personas sin
nombre en cementerios de distintas regiones. De ese total, tan sólo
440 personas figuran en el Registro Nacional de Desaparecidos. Los
resultados fueron remitidos al Instituto de Medicina Legal, que se
encargó de hacer cotejos dactiloscópicos, depurar los listados y
oficiar a las autoridades judiciales con el fin de ubicar expedientes
y los lugares de inhumación de las personas identificadas (…)
en los registros de Medicina Legal sólo pudieron encontrarse 3.779
personas pues, en un número muy importante de casos, la información
es confusa o inexistente, y hay fallas estructurales en la
organización de los cementerios que impiden ubicar los restos de las
personas enterradas sin nombre. En total, de las 9.968 personas
identificadas mediante el cruce de huellas, sólo fue posible ubicar
y entregar los restos de 49 personas enterradas en distintos
cementerios del país.”
“La
ley 1448 de 10 de junio de 2011, conocida como ley de víctimas,
excluyó expresamente de la definición de víctima a los “miembros
de los grupos armados organizados al margen de la ley”. Eso
significa que, por ejemplo, los miembros de las guerrillas (reales o
supuestos) que hayan sido víctimas de desaparición forzada, no
serían considerados como tales y sus familias estarían privadas de
los derechos a la reparación y la verdad. (…) La ley 1453 de 2011,
conocida como Ley de Seguridad Ciudadana, establece una serie de
previsiones que debilitan los controles sobre la acción de la Fuerza
Pública y que, en la práctica, podrían facilitar la comisión de
desapariciones forzadas.(…)
El
Gobierno colombiano se rehúsa a reconocer su responsabilidad en las
graves violaciones de derechos humanos que se cometen diariamente en
el país. Al contrario, mantiene una posición de injerencia indebida
en las decisiones judiciales, particularmente cuando afectan la
responsabilidad de altos mandos militares o de altos funcionarios
gubernamentales.(…)
Preocupan
las iniciativas legislativas del Gobierno que pretenden sustraer de
la justicia a los más altos responsables de las violaciones de
derechos humanos en el país, de un lado, mediante la persistente
propuesta gubernamental de reforma a la justicia penal militar y, de
otro lado, mediante el llamado Marco Jurídico para la Paz. (…).
Los fuertes cuestionamientos realizados desde distintas instancias
internacionales en relación con la propuesta[de Fuero Militar] ,
motivaron que el Gobierno decidiera retirarla a cambio de una nueva.
La actual es aún peor pues, ya no sólo reforma el fuero militar
sino todo el sistema de justicia penal militar: crea una defensoría
técnica militar adscrita al Ministerio de Defensa, incluyendo un
fuero carcelario y la ampliación del fuero militar para instalar un
fuero policial”.
[15] La
mayor fosa común de Latinoamérica, ubicada detrás del batallón
militar de la fuerza estrella del Plan
Colombia ,
la Fuerza Omega, en la Macarena, departamento del
Meta. http://www.publico.es/internacional/288773/aparece/colombia/fosa/comun/cadaveres
Los
Medios ocultan la mayor fosa común de América, mientras el Estado
colombiano busca
alterarla: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=100898
“Denuncian
el hallazgo de al menos 1.505 cuerpos más en fosas comunes en
Colombia, en el Meta, en la misma región que la mayor fosa común
del continente, con 2.000 cadáveres hallada en diciembre 2009, y
cuyos cadáveres son cuerpos de desaparecidos y asesinados por el
ejército, como quedó evidenciado en las Audiencias públicas a
testigos y familiares de
desaparecidos” http://www.rebelion.org/noticia.php?id=119299
[16] A
raíz de la visita de la Misión Yarbourough del ejército
estadounidense (febrero/62) y de las directrices que dejó
consignadas, el Estado colombiano adoptó una estrategia
contrainsurgente paramilitar, ya desde antes de que surgieran las
guerrillas (1964-65).Tal doctrina estratégica puede estudiarse en
los Manuales de Contrainsurgencia que forman parte
de la Biblioteca del Ejército y por tanto de los textos de estudio y
entrenamiento militar desde 1962. Tomando como fuente 6 manuales
(1962, 1963, 1969, 1979, 1982, 1987) se puede rastrear la concepción
que hay allí de la población civil y su papel en la guerra, se la
define por dos miradas: 1) debe ser vinculada a la guerra
(paramilitarismo); 2) debe ser el blanco principal de la guerra
contrainsurgente (guerra contra los movimientos sociales o posiciones
inconformes con el statu quo).
Cronología,
hechos reveladores del Paramilitarismo como política de Estado, J.
Giraldo: http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article75
Los
Gobiernos de EEUU y el
paramilitarismo: http://www.nocheyniebla.org/files/u1/casotipo/deuda/html/pdf/deuda19.pdf
El
verdadero origen del paramilitarismo en
Colombia: http://www.dhcolombia.info/spip.php?article529
Brig.
Gen. William P. Yarborough, "U.S. Special Warfare Center,"
in U.S. Department of the Army, Office of the Chief of Information,
Special Warfare U.S. Army: An Army Specialty (Washington, D.C.,
1963), p. 61. A Psychological Operations Course covering all aspects
of psychological warfare was also offered at Fort Bragg, in
consonance with the center’s Psychological Warfare origins.
.Headquarters, U.S. Army Special Warfare School, Subject: Visit to
Colombia by a Team from Special Warfare Center, Fort Bragg, North
Carolina, 26 February 1962. Kennedy Library, Box 319, National
Security Files, Special Group; Fort Bragg Team; Visit to Colombia;
3/62. Also Carroilton Press, Declassified Documents Reference Series
(1976:154D), and McClintock, The American Connection, vol. 1, State
Terror and Popular Resistance in El Salvador, pp. 23-24. 26. "Secret
Supplement, Colombian Survey Report."
Injerencia
de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de estado: La
dimensión internacional del conflicto social y armado en Colombia.
Renán Vega Cantor, 02-2015.
[17] Mercenario
israelí que entrenó a paramilitares confirma la participación del
Ejército. Yahir Klein: "El
hacendado que se convirtió en presidente pagó por mis
servicios” http://www.rebelion.org/noticia.php?id=159161
Yair
Klein: el instructor de la muerte http://elturbion.com/?p=1690
[18] La
niña Alida Teresa, hija de preso político, violada y asesinada por
paramilitares, crimen en impunidad,
2012. http://www.rebelion.org/noticias/2012/3/145927.pdf
Marzo
2012, Ordenan
Libertad a Jefe Paramilitar señalado de desaparición forzada,
tortura y homicidio de la niña Alida
Teresa http://derechodelpueblo.blogspot.com.es/2012_02_26_archive.html
[19] Asesinado
por ser “hijo
de comunista”. Asesinato
de Carlos Julián Vélez Rodríguez, Diputado UP; su esposa, su hijo,
y su hermano, en el
Meta. http://www.cidh.org/countryrep/colombia93sp/cap.7a.htm
Asesinato
del niño Luis Carlos Vélez
Garzón http://sandinovive.info/?page=ver_articulo&id=702
Extractos
históricos de la
UP: http://es.scribd.com/doc/68373112/Extractos-historicos-de-la-vida-de-la-Union-Patriotica-de-Colombia-Libro-Memorias-en-Baja-1
Plan
de exterminio de la UP “Baile Rojo”.
Documental: http://www.youtube.com/watch?v=QVL54FcZq5E&feature=gv
[20] Masacre
de Mapiripán: los paramilitares fueron trasladados en aviones
Antonov y DC3 del ejército. Confesó el General Uzcátegui: “¿sabe
qué hizo la Brigada militar Móvil2? Colocó un colchón de
aire o de seguridad para que salieran los paramilitares. (…) El
ejército no sólo tiene vínculos con los paramilitares, no sólo no
los combatió , sino que combatió a las FARC para que no
golpearan a los paramilitares” http://vimeo.com/5114407
Negacionismo
del estado y criminalización contra el
CAJAR http://www.rebelion.org/noticia.php?id=138593
VIDEO:
Juez, testigo de la masacre militar y paramilitar de Mapiripán, dice
que el Estado oculta la verdad. El día de la masacre sobrevoló:
“Un avión espía no de la Fuerza Aérea Colombiana, era de Estados
Unidos”
[21]
Operación militar ‘Génesis’: masacre y ‘juego de fútbol’
perpetrado entre militares y paramilitares con la cabeza de Marino
López
Tras
14 años de impunidad, La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos lleva a la Corte el caso de la Operación
Génesis http://www.rebelion.org/noticia.php?id=133265
[22]
Los habitantes denunciaron a la Brigada XVII. Las denuncias siempre
fueron rechazadas por el gobierno. Sólo diez años después fueron
exhumados científicamente los restos de Marino López por la
Fiscalía. Cuatro paramilitares y Freddy Rendón, alias "el
Alemán", han confirmado la horrorosa muerte del líder chocoano
y la complicidad del general Rito Alejo del Río. "Se trató de
una operación conjunta" relataron ante el Fiscal de Justicia y
Paz. http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/paz/alejo1.html
[23] Marinelly
Hernández, presa política y de guerra se declara en Ruptura con el
Estado colombiano, ante un juez de
Quibdó: http://www.traspasalosmuros.net/node/359
http://azalearobles.blogspot.com.es/2015/05/colombia-la-planificacion-del-terror-estatal-y-la-estrategia-de-confundir.html#more
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