Vanessa Perondi / Cádiz / 20 dic 2013
Dos años sin barcos. Manifestaciones por las ciudades,
movilizaciones, marchas desde las tres plantas (San Fernando-Puerto Real
y Cádiz) hasta la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, exposición de
los trabajos realizados por Navantia San Fernando en sus 300 años de
historia y hasta donaciones de alimentos. Más de 30 movilizaciones desde
octubre de 2011. El pasado 14 de noviembre, Gas Natural confirma que
sus gaseros van a ser construidos por astilleros asiáticos. Se recrudece
el conflicto entonces. “De momento, estamos al lado del Gobierno pero
si se confirma que nos están engañando, pasarán a ser nuestros
enemigos”, declaró entonces el presidente del comité intercentros, José
Antonio Oliva.
La plantilla de Puerto Real reacciona. También lo hace la de San
Fernando pero la falta de la autorización de la Subdelegación del
Gobierno les impide realizar formalmente la protesta. Aun así, la llevan
a cabo. Sin aspavientos y sin trifulcas y, en cualquier caso, bajo una
multa de hasta 30.000 euros. La plantilla de Cádiz corta simbólicamente
la carretera industrial. En suma, manifestaciones que van subiendo el
tono sin llegar al estallido. Tras varios cortes que mantienen el puente
Carranza cerrado al tráfico hasta siete días, el jueves 12 de diciembre
la plantilla de Puerto Real se encierra en la factoría y decide
concentrarse en la puerta por la tarde. Los trabajadores desisten de
cortar el puente pero diez jóvenes lo hacen por su cuenta y destrozan
señales de tráfico y farolas dejando impracticable la vía de
comunicación. No hay actuación policial, no hay limpieza y el
tráfico no queda restablecido hasta casi las doce del mediodía del
viernes. Pero ese mismo jueves, sí detienen a estos diez jóvenes de
Puerto Real que, según fuentes policiales, tienen un largo
historial de antecedentes penales y que, efectivamente, no son
trabajadores de astilleros. Dos salen en libertad y los ocho restantes
continúan en prisión preventiva y sin fianza. Hasta hoy.
Históricamente, ese puente, que da acceso a la capital gaditana desde
Puerto Real, ha sido escenario de la lucha de los trabajadores de
astilleros y del sufrimiento de millones de ciudadanos pacientes, o no,
que han aguantado estoicamente colas kilométricas, retrasos e, incluso,
días perdidos de trabajo. Los obreros lo saben, piden disculpas a la
población pero alegan que si no fuera por estos incidentes, no les
harían caso. Ahora se enfrentan además a la desconfianza de la gente al
ver que, en esta situación de crisis, sus destrozos son cuantificados en
300.000 euros, según el subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, y
que provocan el cierre del tercer carril del puente ralentizando el
tráfico. ¿Pero por qué tantos días?
Ni siquiera en los episodios más graves en la historia de los
astilleros gaditanos, la respuesta judicial ha sido tan dura como la de
ahora. Cierto es que hubo detenidos. Juicios, multas, penas de cárcel
pero “nunca antes un trabajador ha estado más de dos noches en un
calabozo”, explica Ramón Linares, presidente del comité de
empresa de Navantia Puerto Real. “Tienen orden -continua- del Gobierno
de paralizar las movilizaciones en Cádiz porque somos muy molestos”.
CUANDO ARDIÓ CÁDIZ
Hace 17 años el mismo escenario: el puente. La situación, más grave
y, sobre todo, más clara. La Dirección de Construcción Naval (DCN)
informaba del cierre del astillero de Cádiz y una drástica reducción del
de Puerto Real. Las plantas de Cádiz y Puerto Real pertenecían a
Astilleros Españoles SA (AESA) y aún no se había producido la fusión con
los astilleros militares de la Empresa Nacional Bazán, como el de San
Fernando, que luego daría lugar a Izar. Fue antes de eso, en 1995. Un
año que será recordado por todos los gaditanos por vivir uno de los
otoños más calientes en lo que a lucha obrera se refiere. Antes, en
pleno verano, 100.000 ciudadanos se echaron a la calle el 16 de julio a
defender la continuidad de sus astilleros (Cádiz y Puerto Real), según
recogía la prensa local del momento. La tercera reconversión industrial
se ceñía sobre la Bahía después de haber perdido 5.000 empleos. Ésta
afectaba a nueve centros de seis comunidades autónomas, dos en
Andalucía: Cádiz y Sevilla.
Imagen de archivo de los
enfrentamientos en el Puente
Carranza en 2004 // IJ POVEDA
El 4 de septiembre de 1995, el astillero gaditano se queda
sin barcos y comienza la guerra: corte del puente Carranza, de la
carretera industrial, la vía del tren e, incluso, cierre del puerto de
Cádiz con una cadena humana en el agua. A Sevilla también
fueron para manifestarse con sus compañeros de AESA en una protesta que
terminó con carga policial. Pero todo se desborda cuando la DCN anuncia
el cierre definitivo de la planta gaditana y 1.300 personas a la calle.
Entonces, arde Cádiz. Tres fechas clave: el 14 de septiembre, la sede
provincial del PSOE, en la calle Ancha, es atacada, es objeto de pedradas
y cócteles molotov que terminan por quemarla. Las barricadas se
extendieron por toda la ciudad y las calles del centro se convirtieron
en escenario de luchas entre agentes de la Policía Nacional y
trabajadores. Y así, hasta extramuros, donde se registraron
fuertes cargas policiales en la barriada de la Paz y en el Cerro del
Moro. La prensa de entonces recoge lo que se ha repetido después como
una leyenda urbana de Cádiz: “La gente tiraba a la Policía objetos desde
las ventanas”. Tal cual.
Al día siguiente, viernes 15 de septiembre, la lucha en la ciudad
continuó. Por su parte, los trabajadores de Puerto Real, cortaron el
puente Carranza de manera consecutiva -operarios de los turnos mañana,
tarde, noche- durante más de 25 horas. El balance fue de dos
trabajadores y tres policías heridos y 14 jóvenes detenidos. El sábado
se limpió el puente y se abrió al tráfico a las nueve de la noche. Las
autoridades cuantifican los daños en la ciudad de 100 millones de
pesetas y de tres en el puente. Aún quedaba lo peor. Cuatro días
después, el 19 de septiembre, se produce una batalla campal en el
puente que se recrudece cuando los trabajadores atacan la torre de
control. El enfrentamiento es tan grave que seis policías resultan
heridos y un trabajador pierde un ojo. Los daños ascienden a 20
millones de pesetas. A partir de entonces, el puente es custodiado por
los antidisturbios con la intención de evitar la puesta en peligro del
sistema de control de los tramos móviles, explicaba entonces el
gobernador civil, el socialista César Braña.
La intención inicial de cerrar la planta gaditana y despedir a 1.300
trabajadores quedó, tras los meses de movilización, en la pérdida de 500
puestos de trabajo en la Bahía en la que sería la tercera reconversión
naval. Un triunfo, a medias.
Nueve años después, en 2004, los tres centros -Cádiz, Puerto Real y
San Fernando- unidos en la misma empresa, Izar, se enfrentan a un nuevo
recorte y cierre. Y otra vez con el PSOE. Bruselas exige la devolución
de las ayudas que el anterior Gobierno del PP concedió ilegalmente y
esto pone a la empresa pública en una situación delicada. La solución:
cerrar centros públicos civiles. En la Bahía, el de San Fernando,
precisamente el que ha sido militar desde hace tres siglos, pasa a
formar parte de la lista de desahuciados y de astilleros civiles que se
iban a privatizar. La población isleña es ahora la que se echa a la
calle en apoyo de sus trabajadores, que cortan la carretera CA-33 que
une Cádiz con Chiclana y las traviesas del tren, impidiendo la
circulación ferroviaria. El conflicto volvió a producirse en otoño y la
lucha se prolongó durante cuatro meses. También hubo enfrentamientos
duros en Cádiz y en Puerto Real, otra vez en el puente Carranza. En San
Fernando, los cortes de carretera no tienen respuesta policial inmediata
pero el incidente con la conexión ferroviaria provoca que el
subdelegado del Gobierno de entonces, Sebastián Saucedo, ordene la
intervención de las fuerzas de seguridad.
No hubo el despliegue de 1995, cuando se desplazaron a Cádiz 240
agentes antidisturbios de Málaga, Sevilla y Madrid y hasta un
helicóptero de vigilancia, que los trabajadores bautizaron como el de
Tulipán. Pero los enfrentamientos en San Fernando en 2004 llegaron a
alcanzar momentos de intensa violencia. Sin embargo, la ubicación de
este astillero, alejado de la ciudad, provocaba que estas batallas
campales entre trabajadores y policías pasaran desapercibidas para la
población porque los agentes no les dejaban casi salir de la factoría.
En cualquier caso, la ciudadanía respondió y protagonizó una
manifestación nunca antes vista en el municipio. Así que, en diciembre
de ese año, llegaron los acuerdos que dotaron a los astilleros de la
Bahía de pedidos militares que los mantenían casi hasta 2012:
reparaciones, el Buque de Aprovisionamiento de Combate (BAC) y los
Buques de Acción Marítima (BAM) para San Fernando y Puerto Real, como
pedidos más importantes.
“NOS TENDRÁN QUE LLEVAR A TODOS A LA CÁRCEL”
Los trabajadores echan la vista atrás y no recuerdan una represión
tan grande a sus protestas como la que están sufriendo ahora. Sobre su
apoyo a los detenidos tras desmarcarse de los actos vandálicos que éstos
protagonizaron en el puente, el presidente del comité de empresa de
Navantia Puerto Real aclara: “Efectivamente, dijimos que no teníamos
nada que ver con esas acciones pero no los vamos a dejar solos. En todo
caso, entendemos la frustración de los jóvenes, porque sin Navantia, la
Bahía se muere. ¿Qué empresa es capaz de generar tanto trabajo?”.
De eso se encargó el presidente del comité de Navantia San Fernando,
José Antonio Oliva. De recordar lo que significan los astilleros, en la
marcha que el pasado jueves tuvo lugar en la ciudad con el apoyo de una
representación de las plantillas de Puerto Real y Cádiz y de las
familias de los ocho detenidos. 8.500 empleos en seis años, catorce buques construidos, más de 200 millones de euros para empresas de la Bahía:
“Eso somos y eso queremos seguir siendo. Queremos trabajar, no queremos
caridad ni limosna. Por eso seguiremos, aunque seamos molestos y aunque
nos quedemos solos”. El representante sindical también pidió la
libertad para los ocho. “Si no, nos van a tener que llevar a todos a la
cárcel”, gritaba un espontáneo. Para Oliva, “esto responde a una línea
política clara del Gobierno del PP. La Policía la manda la
Subdelegación”, pero advierte, “hasta para ser autoritarios, hay que ser
flexibles”.
Oliva sabe bien de lo que habla. Es uno de los tres imputados, ahora
por la vía de lo penal, por los incidentes ocurridos en San Fernando en
2012 en la movilización por las calles del centro. Entonces, “hasta
catorce lecheras” nos esperaban y la policía actuó “brutalmente” contra
los trabajadores. Vecinos asomados a sus balcones increpaban a los
agentes por su actitud. Y ahora, han sido informados de que la Fiscalía
entiende los hechos constitutivos de un delito y no de falta. “Estamos
peor que si estuviéramos en guerra. Quieren criminalizar a los
trabajadores y tienen que permitir que la Bahía pueda expresarse”, sobre todo, “en la situación que estamos”, aclara otro de los históricos del astillero de San Fernando, Francisco Sobrero.
Una situación que empeora por momentos. La planta de San Fernando aún
puede aguantar con las lanchas de desembarco para Australia hasta 2015
pero les preocupa no poder generar más empleo para la industria
auxiliar. La de Cádiz, dedicada a reparaciones, se mantiene, pero la de
Puerto Real no tiene pedidos de ninguna clase. La opción de los gaseros
era su esperanza y se ha esfumado. El Gobierno habla de un quinto al que
va a optar Navantia. “Nos lo tienen que demostrar porque no nos creemos
ya nada”, dice Linares. Y aunque fuera cierto, no sería hasta 2016
cuando empezaría a construirse. “Ninguno queremos decirlo, pero la
empresa no podría aguantar hasta ese año”. De hecho, ya está en quiebra
técnica, explica Oliva, por lo que muchos trabajadores temen que todo
esto suponga una “reconversión encubierta”. “Van a dejar a tres gatos
para desactivarnos y que perdamos fuerza”. Pero la gente del naval es
dura y el jueves lo recordó el representante sindical: “Vencidos puede,
pero de rodillas, nunca”.
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