Madrid mintió al Tribunal de Estrasburgo sobre el último preso de los GAL, en tercer grado ya en 2002
El Abogado del Estado no contó toda la verdad a los
jueces de Estrasburgo en la sesión del 20 de marzo, en la que se
discutía el recurso sobre la «doctrina Parot». Entre sus argumentos,
basados en la «alarma social», afirmó que derogar el alargamiento de
penas implicaría la excarcelación de Ismael Miquel Gutiérrez, el último
preso de los GAL. Este, sin embargo, llevaba en tercer grado desde 2002 y
solo dos semanas antes le habían aplicado el control telemático.
El Gobierno español mintió al Tribunal de Derechos Humanos de
Estrasburgo en la vista celebrada el pasado 20 marzo, en la que se
analizó el recurso sobre la «doctrina Parot». Entre sus argumentaciones,
el Abogado del Estado, Francisco Sanz Gandasegui, aseguró que, en caso
de que los jueces europeos derogasen el alargamiento artificial de
penas, «serían puestos en libertad 54 terroristas de ETA, 7 del GRAPO,
uno del GAL y 14 presos comunes, entre los cuales hay delincuentes muy
peligrosos castigados por violaciones y asesinados». No era cierto. Pese
a lo afirmado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en la campaña
desplegada para presionar a los magistrados, Ismael Miquel Gutiérrez, el
considerado último preso por actos de guerra sucia en el Estado
(concretamente, por la muerte de Robert Caplanne en Biarritz en 1985),
se encontraba en tercer grado desde 2002. Así lo verificó ayer GARA tras
hablar con el propio Miquel Gutiérrez, a quien el 8 de marzo de este
mismo año (es decir, dos semanas antes de la vista en Estrasburgo) se le
aplicó el control por pulsera telemática
El antiguo miembro de los GAL fue arrestado por tráfico de heroína en
Tailandia en marzo de 1986, a donde había huido tras ser desarticulada
la rama catalana de la guerra sucia. Pasó 11 años en la cárcel de
Ban-Kwang, en Bangkok, hasta que en 1997 fue extraditado al Estado
español. Allí fue juzgado en la Audiencia Nacional por su participación
en la muerte de Caplanne. En total, sus condenas sumaban 40 años por
narcotráfico (que sustituyeron a la cadena perpetua que se le había
impuesto en el país asiático, que terminó indultándole) y 65 por
diferentes delitos relacionados con su participación en los GAL. Esta
fue la segunda sentencia en la que los jueces españoles consideraban
«organización armada» a condenados por actos de guerra sucia.
Finalmente, el Tribunal Supremo refundió ambas penas en 2000, lo que
abrió la puerta al tercer grado.
17 años en prisión
En total, Miquel Gutiérrez ha permanecido entre rejas algo más de de
17 años (16 de ellos, de forma ininterrumpida). No obstante, todavía no
ha sido definitivamente licenciado, por lo que, legalmente, se considera
que su pena se ha alargado por espacio de 27 años, pese a que hace
tiempo que solo acude a la prisión a firmar. El fin de la condena, que
tras la aplicación de la doctrina estaba fijado para 2016, debería de
llegar ahora con la derogación decretada por el TEDH. No obstante, él
descartó un recurso y confió en que esta se aplicase «de oficio» por los
jueces. En su caso, los de la Audiencia Nacional, que son quienes le
sentenciaron.
«He cumplido 17 años, ellos sabrán por qué me han alargado las
penas», afirmó Miquel Gutiérrez en conversación telefónica con este
diario. Su relato contradice por completo la versión ofrecida por el
Gobierno español, que presentó este caso, junto al de presos vascos,
como argumento para justificar la «alarma social», que fue la base de su
defensa en Estrasburgo de la «doctrina 197/2006». Según indicó,
aproximadamente en 2002 («han pasado muchos años, no recuerdo
exactamente las fechas», precisó) accedió al tercer grado y,
progresivamente, comenzó a recibir permisos. Según su versión, debería
de haber sido licenciado en 2004. No ocurrió así porque le denegaron
cinco años de redenciones. En este proceso de recursos llegó la nueva
doctrina 197/2006 impuesta por el Tribunal Supremo, que le fue aplicada,
por lo que regresó, durante año y medio, a la cárcel de Tarragona, la
más cercana a su domicilio. «Sin haber cometido ningún delito ni nada
más», protestó.
Allí permaneció otro año y medio hasta 2007, cuando se reinició el
proceso de permisos. Primero, pernoctando en prisión y saliendo para
trabajar. Finalmente, con el control telemático, aplicado desde el 8 de
marzo de este año. Un extremo confirmado, además de por Miquel
Gutiérrez, por fuentes jurídicas. El antiguo miembro de los GAL, que se
siente «utilizado» por el Estado, no quiso entrar en detalles sobre la
guerra sucia. «Todo el mundo sabe quién estaba detrás», afirmó.
Fuente: Gara
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