EL FINO OLFATO DE LOS TERRATENIENTES ANDALUCES

EL FINO OLFATO DE LOS TERRATENIENTES ANDALUCES

Escudriñan al enemigo de clase a kilómetros de distancia

     Si alguna clase social tiene un fino olfato esa es la burguesía. Y dentro de las fracciones que la componen los que otean  al enemigo desde kilómetros son los terratenientes. Y si no que se lo pregunten a la patronal Asociafruit, que ha solicitado de un juzgado de Sevilla, que embargue el sueldo como parlamentario  de Juan Manuel Sánchez Gordillo, el ya universalmente conocido alcalde de Marinaleda.

     Sánchez Gordillo y el dirigente jornalero Diego Cañamero, junto con más de una cincuentena de militantes del Sindicato Andaluz de trabajadores (SAT), fueron condenados por un tribunal  a pagar €60 cada uno, y de manera conjunta €483, por "los daños causados por una ocupación".

            Según la sentencia los hechos ocurrieron el 28 de noviembre de 2008, cuando un centenar de militantes del SAT ocuparon los locales de Asociafruit, asociación que  agrupa a las Empresas Productoras y Exportadoras de Frutas y Hortalizas de Andalucía y Extremadura,   exigiendo que interviniesen en la contratación de hasta 30 trabajadores que habían sido despedidos del Cortijo La Jarilla por estar afiliados o ser simpatizantes del sindicato SAT.

     En el curso del juicio, Sánchez Gordillo, que habló en nombre de los miembros de su sindicato, negó haber cometido ningún delito, pues la actuación de los trabajadores fue absolutamente pacífica, procediendo al desalojo del local cuando se lo pidió la policía.

      Ahora, el abogado de la patronal de terratenientes Asociafruit,  ha solicitado al tribunal que acuerde el "inmediato embargo del sueldo de parlamentario del condenado Juan Manuel Sánchez Gordillo"

       Esta Asociación patronal había solicitado para cada uno de los procesados  una multa de 600 euros por una falta de ocupación de un local abierto al público contra la voluntad de su titular, y otras dos multas de 200 euros cada una por sendas faltas de coacciones, y otros 200 euros por una falta de daños. El objetivo de la dureza de los terratenientes estaba claro: demostrar a los jornaleros que atentar contra los sagrados principios de la propiedad privada de la tierra tiene un precio. Hoy es  una mensualidad. Mañana… quién sabe.

Tomado de Canarias semanal