EFEMÉRIDES DEL MES de AGOSTO. Memoria de la transición española. Lecturas contra el olvido Julio VI

EFEMÉRIDES DEL MES de AGOSTO.
Memoria de la transición española.

Lecturas contra el olvido  Julio VI

 

EFEMÉRIDES MES DE AGOSTO

Lecturas contra el olvido VIII

Fue un jueves- 02 de agosto 1979- Anglet (Francia). Dos refugiados vascos son ametrallados por un comando parapolicial. Muere Juan José Lopetegi Carrasco, y resulta gravemente herido Ángel Iturbe Abasolo. Reivindica el atentado el Batallón Vasco Español.

Era un viernes- 13 de agosto 1976 – Almería. Muere por disparos de la Guardia Civil, Francisco Javier Verdejo Lucas, estudiante de 19 años, mientras hace una pintada: "Pan, trabajo y libertad" solo llegó a escribir: “Pan, T...”.

Fue un martes -14 de agosto 1979 - Monforte de Lemos (Lugo). Fallece tras ser apaleado por varios policías nacionales, Emilio Fernández Castro, de 36 años, durante los incidentes que se producen en esta localidad en medio de las fiestas patronales.

Era un jueves - 28 de agosto 1980 – Irún (Guipúzcoa). Es asesinado, Jesús María Etxeveste Toledo, simpatizante de la izquierda nacionalista vasca. Reivindica el atentado el Batallón Vasco Español.

 

Fue un - 31 de agosto 1979 - Arganda del Rey (Madrid). Un grupo de jóvenes conocidos por su militancia en Falange Española, asesina a José Prudencio García Sánchez Soler, de 44 años, para quitarle el coche, un Renault 5, durante las fiestas patronales del pueblo.

 

**********************************************

“Mucha gente dice que hay que pasar página, y yo digo, sí, pero después de haberla leído. No es posible que después de 40 años de dictadura arranquemos esa página de la historia para que se la lleve el viento del olvido.” Marcos Ana.

***********************************************

LOS HECHOS

Francisco Javier Verdejo Lucas

El 13 de agosto, se cumplirán 36 años del asesinato del joven almeriense Francisco Javier Verdejo Lucas, las organizaciones; Nación Andaluza, Juventud Independentista Revolucionaria Andaluza (JIRA), Almerienses por la Memoria y Asociación por la memoria histórica del Partido del Trabajo - Joven Guardia Roja, queremos hacer un humilde homenaje, recordarlo y reivindicar su figura. Hace 36 años intentó escribir en un muro del callejón de San Miguel, — hoy desaparecido — las palabras Pan, Trabajo y Libertad, siendo abatido por las balas de la guardia civil.

Javier era un joven almeriense de 19 años, estudiante de Biológicas en Granada, delegado de curso y miembro fundador de la Asociación Democrática de la Juventud de Granada. En el ámbito político, pertenecía a la organización juvenil Joven Guardia Roja, ligada al Partido del Trabajo, una organización comunista que llegó a tener peso e influencia entre la clase trabajadora durante la década de los 70.

Esa noche se formaron dos piquetes para realizar pintadas con el lema: “Pan, Trabajo y Libertad”. Al grupo en el que iba Javier con tres compañeros más, le tocó pintar cerca de la playa y fue concretamente aquí en el desaparecido Balneario de San Miguel, donde sobre una pared, Javier se dispuso a escribir el lema. Sólo pudo escribir la palabra Pan, T… (El diario El País dice que escribió “Part...”, que quiso escribir Partido del Trabajo, ¡hombre!, cualquiera que tuvieses un mínimo conocimiento de la lucha clandestina no empezaba nunca por la firma en una pintada porque muchas veces ni se firmaban, pido un poco de sentido común a los reporteros) ya que unas linternas a sus espaldas, le advirtieron de la presencia de la guardia civil. Javier trató de huir camino de la playa, mientras que sus tres compañeros lo hacían en sentido contrario. Javier fue abatido por un disparo mortal cayendo en la arena de la playa.

El disparo fue efectuado de frente por un guardia civil que le cerró la huida a una distancia de seis metros. Le entró por la garganta y salió por el hueso occipital. La versión de la Dirección General de la Guardia Civil sobre lo ocurrido fue grotesca y para reírse si no fuera por la gravedad de los hechos. Decía textualmente así:

“Sobre las 24 horas del día 13, una pareja de la guardia civil sorprendió a cuatro individuos que al observar su presencia salieron corriendo. Ante esta actitud sospechosa, la pareja les persiguió y dio repetidas veces la voz de alto. Durante la persecución uno de los guardias tropezó y el arma, un Z-62, se le disparó causando la muerte de uno de los que huían que resultó ser el joven de 19 años, Javier Verdejo Lucas. Posteriormente se comprobó la existencia de unas pintadas en el punto en que se inició la huida y en poder del fallecido espray de idénticas características de los letreros”.

Increíble versión que fue corroborada por el Gobierno Español. Y no solo eso, se permitieron la desvergüenza de amenazar a todo el que no admitieran esa versión, podemos leer en Wikipedia lo siguiente:

“El que entonces era Gobernador Civil de Almería, Roberto García-Calvo (posteriormente fue juez exponente de la corriente más conservadora del Tribunal Constitucional), fue duramente criticado por la gestión del asunto. Un joven de izquierdas caído a manos de la Guardia Civil mientras pedía pan, trabajo y libertad en el contexto de máxima tensión política y social de la Transición Española era un tema demasiado incomodo. Las autoridades estaban nerviosas ante los actos de protesta de los movimientos de izquierda y antifranquistas, y García-Calvo se encargó de contener las expresiones de rechazo a la versión oficial incluso poniéndose en contacto con los dirigentes de la izquierda Andaluza:

"Advirtiéndoles del riesgo que supondría acusar a un guardia civil sin pruebas".

El objetivo de Gracia-Calvo era impedir que Javier Verdejo se convirtiera en un símbolo”.

Además hubo indicios de lo ocurrido esa noche que no estaban muy claros como fue la aparición de restos de sangre en el suelo, pared y techo de una caseta de baño. Se tomaron muestras de sangre y se mandaron a analizar. Sin embargo nunca se supo el resultado del análisis y las diligencias terminaron archivándose por falta de pruebas.

Del guardia civil que disparó, poco más se supo, por supuesto que no se hicieron públicas ni sus iniciales, nadie fue juzgado ni condenado por lo ocurrido. Un dato a tener en cuenta y que nos debe de hacer reflexionar sobre el engaño y timo que ha sido la mal llamada transición democrática, es que en esos momentos, el Gobernador Civil de Almería era Roberto García Calvo, encubridor de lo ocurrido aquella noche, y que con el tiempo y por arte de magia, reconvertido en demócrata, llegó a ser hasta hace poco años, juez del Tribunal Constitucional. Y el Ministro del Interior era nada más y nada menos que el ínclito Martín Villa (Otra vez el mismo).

Experto en reprimir manifestaciones obreras y estudiantiles con especial dureza e implicado, sino promotor de casos oscuros como el atentado contra la Scala de Barcelona para desprestigiar e impedir el importante avance que manifestaba la CNT o el intento de asesinato de Antonio Cubillo, líder independentista canario. También era ministro de relaciones sindicales cuando los sucesos de Vitoria donde fueron asesinados cinco obreros, o el asesinato de Germán Rodríguez. Después de dejar los cargos políticos ha sido premiado participando y dirigiendo múltiples empresas, entre ellas Endesa y en la actualidad es presidente millonario de Sogecable. Sólo hace unos días, unos compañeros de Granada, ante una visita de este personaje a la ciudad, fueron multados por el Subdelegado del Gobierno del PSOE, por recordarle al “elemento” su “brillante historial”.

Reconocimiento, compensaciones y hasta se permiten dar lecciones de democracia los que colaboraron y fueron participes del franquismo y por el contrario se ignora y se silencia a los que de verdad dieron su vida por la democracia, la justicia y la libertad. Por eso este acto de homenaje a Javier no puede ir separado de un rechazo contundente y claro de todas las componendas que trajo la transición y de las vergonzante claudicación de buena parte de la izquierda españolista.

Inmediatamente conocida la muerte de Javier, la respuesta popular en Almería no se hizo esperar. El funeral se celebró el día 14 en la iglesia de San Pedro, y tanto el templo como los alrededores estaban abarrotados de almerienses que querían protestar por lo ocurrido y solidarizarse con Javier. Al terminar el funeral la masa de gente impidió que el féretro fuese introducido en el coche y fue llevado a hombros por las principales calles de Almería entre lágrimas de dolor, puños en alto y rabia contenida.

El entierro de Javier Verdejo fue impresionante, una demostración popular de rabia e indignación. Miles de jóvenes se concentraron en la Plaza de San Pedro exigiendo justicia por el asesinato del joven. Hubo innumerables muestras de dolor a lo largo y ancho de Andalucía, como la de Rafael Alberti, la del cantaor almeriense José Sorroche, la del grupo de sevillanas de Morón Gente del Pueblo, que le dedicarían una emocionante canción y las acuarelas de Jorge Castillo. En Granada, Juan de Loxa escribió los conmovedores versos:

"Pan y Trabajo,

siempre se escapa el tiro pá los de abajo,

que mala pata no les hubiese salido,

el tiro por la culata".

El día 15, en el Paseo de Almería, a las 21:00h y a pesar de no estar autorizada, se celebró una manifestación encabezada con una pancarta con los colores de la bandera andaluza, en la que más de dos mil personas gritaron consignas del tipo “Javier hermano, nosotros no olvidamos” o “el pueblo unido jamás será vencido”. La manifestación fue disuelta por la policía que practicó diez detenciones. Así mismo el 18 de agosto se convocó una jornada de lucha consistente en paros generalizados, boicot a mercados y autobuses y concentraciones que también acabaron con varias detenciones. Los actos de protesta también se extendieron al resto de Andalucía así como a múltiples lugares del estado español. Al año siguiente se realizó en el actual Estadio de la Juventud un homenaje al que acudieron más de cuatro mil personas.

Pero aquí se acabó. Desde entonces la figura de Javier ha sufrido el más vergonzoso de los silencios y las marginaciones tanto de los movimientos sociales almerienses y organizaciones políticas como de las instituciones.

Y como no estamos dispuestos a ello, desde hace tres años, este es el cuarto, no queremos dejar de recordar a Javier. Tenemos que reconocer y agradecer la generosidad y el compromiso de aquellas personas que han luchado y que luchan por cambiar este sistema injusto y que han sido víctimas de él. Por desgracia el silencio que ha pesado sobre Javier no es privativo de este caso. Es una consigna que fue pactada entre las fuerzas franquistas y las organizaciones mayoritarias de la entonces llamada “oposición democrática”. Por ello decenas de asesinados y asesinadas durante esos años 70 y 80 por parte de las fuerzas de orden público y por las bandas fascistas, han permanecido y permanecen en el silencio y el olvido interesado.

Y en Almería no fue solo Javier el único caído. No podemos dejar de olvidar a Juan Mañas, Luis Montero y Luis Cobo, salvajemente asesinados y torturados en el llamado Caso Almería. O a María Asensio Morales, muerta en Huércal Overa (Almería -1981) cuando participaba en una manifestación pidiendo agua.

Todos estos asesinatos forman parte de nuestra historia más reciente y sin embargo pareciera que o no han ocurrido o que fue hace muchísimos años. Debemos de tratar de cambiar esa sensación, debemos de llevar estos recuerdos a la calle, debemos hacer un ejercicio diario de memoria y de pedagogía y sobre todo con la juventud. Esa transición modélica no existió. La realidad fue muy distinta. Los franquistas que ostentaban el poder político y económico y los sectores más dinámicos del capital propiciaron un cambio de fachada para que bajo un disfraz democrático, se asegurara el mantenimiento de la explotación capitalista así como la inviolable unidad de la patria. Una parte importante de la oposición de izquierdas renunció a una verdadera ruptura democrática y se embarcó en un triste proceso de pactos vergonzantes y oscuros cambalaches, realizados a espaldas de la clase trabajadora y de una parte de sus propias bases, para a cambio poder entrar en el reparto del pastel que se estaba cocinando. Apoyaron pactos sociales y permitieron reformas laborales que nos han llevado hasta hoy en día a unas condiciones laborales cada vez más a la baja. Acataron entusiastas el régimen monárquico y se olvidaron del derecho de autodeterminación de los pueblos que conforman el estado español. Y lógicamente existía un acuerdo tácito de que nadie pediría explicaciones por lo ocurrido durante el franquismo y la transición.

El pasado año se han producido datos que confirman todo lo que estamos denunciando. El 13 de julio de 2011 en el Congreso de los Diputados, se aprueba una ley “integral” sobre víctimas del terrorismo, que excluye expresamente a las causadas por el terrorismo de estado, la violencia policial y las organizaciones de extrema derecha. El 18 de julio, el señor Bono, hijo de falangista y Presidente del Congreso Español, se niega a condenar el alzamiento fascista de 1936, a sus responsables y las consecuencias genocidas del mismo. Y sólo un día después, la clase política vuelve a dar la espalda a las cientos de miles de víctimas, al no aprobar una propuesta del BNG que pretendía modificar la ley de amnistía de 1977, (en la práctica una ley de punto final) y que el Alto Comisionado por los Derechos Humanos de la ONU, le recuerda cada cuatro años al gobierno de turno que esa Ley va en contra de los derechos del hombre firmados por España.

Por último queremos terminar expresando bien claro que la memoria de los y las luchadoras antifascistas asesinadas, no pueden caer en el olvido, ya que luchaban de verdad y por ello murieron, por defender una auténtica libertad y como en el caso de Javier, por creer en una sociedad sin opresores ni oprimidos y por ello queremos rendirle el homenaje que se merece. Y aunque este sea un modesto acto, sin duda que el mejor homenaje que se le puede hacer es el de rescatar su memoria y hacer que las mismas banderas de lucha que levantaron Javier y otras víctimas, vuelvan a ondear en nuestras manos. Sólo de este modo, el sacrificio de quienes regaron con sangre el camino de la libertad, no habrá sido estéril.

 

¡JAVIER, HERMANO, NOSOTROS NO OLVIDAMOS!

Pintada en una pared del barrio del Zapillo (Almería)

FUENTES

Nación Andaluza

Juventud Independentista Revolucionaria Andaluza (JIRA)

Almerienses por la Memoria

Asociación por la memoria histórica del Partido del Trabajo de España (PTE)

Joven Guardia

El País

APUNTES

Vivir en este país se me antoja cada vez más, una pesadilla. Me detengo unos minutos para reflexionar sobre las historias que nos han ocurrido y si no fuera por la gravedad de los

 

hechos, sería para partirse de risa. Ocurre que cuando lo estás viviendo no te das cuenta de lo esperpéntico que resulta. Esto me ocurre con el siguiente caso que rememoro, el suceso ocurre en el pueblo Monforte de Lemos (Lugo), las fiestas patronales duran siete días, pero entrar en el recinto ferial cuesta dinero,,– la pela es la pela, que decimos en Madrid – los mozos y mozas en edad casadera intentan entrar gratis y arman la marimorena, el alcalde ni corto ni perezoso llama a la policía nacional, estos como es su costumbre se lían a mamporros con todo lo que encuentran delante, delante está Emilio Fernández Castro de 36 años, con una válvula implantada en su corazón, y se produce el desastre, otro asesinato más que añadir a la larga lista de la “modélica transición española” digna de figurar en los anales de la historia escrita del mundo mundial.

Algunos concejales de ese ayuntamiento, – rivales políticos del alcalde — protestan y le acusan de ser el responsable de la muerte de Emilio, dicen que las fiestas podían haber sido más cortas pero gratis, este (el alcalde) manda detener a cinco opositores todos ellos de la Asamblea Nacional Popular Gallega, 24 horas después y los pone en las manos del juez de guardia, – el juez los pone en libertad – pero el disgusto no se lo quita nadie, y el delito queda impune como en tantos casos. La madre de un detenido se queja a la prensa porque su hijo no estaba en las fiestas, porque estaba cuidando a su padre enfermo en un hospital, no importa, es tan culpable como los demás. Este país no tiene remedio, este país de charanga y pandereta da risa si no fuera porque estamos hablando de la muerte de jóvenes que ya no están con nosotros, resistes y sobrevives por pura suerte, cada manifestación tenía su muerto, y al día siguiente en la manifestación de protesta había otro y así hasta el hartazgo.

Para terminar hago mías las palabras de Pau Gomis – trotskista de pura cepa –, en su blog “¿Dónde coño habéis puesto los muertos?”, donde escribe historias parecidas a las mías en las que dice cosas como:

“(…) historias de un pasado reciente, del que quedan muchos protagonistas que no se subieron al tren del pelotazo y del amiguismo. Un pasado que, a veces, nos hemos empeñado en olvidar, sobretodo cuando vemos a miembros de nuestra generación subidos en el carro de los “triunfadores”. Ni tan siquiera nos pudimos dedicar a ganar dinero, pues teníamos la conciencia izquierdista que no nos lo permitía. Si escribo sobre esto no es con ánimo de revancha. Más bien es por pura necesidad, para olvidar el miedo que pasé cada vez que fui detenido. La posibilidad de ser un muerto más en la siguiente manifestación, o a ser una victima de las amenazas proferidas por la triple A (Alianza Apostólica Anticomunista), siempre pendía sobre nuestras cabezas”.

V. Antonio López

Emilio Fernández Castro

El País -16 de agosto de 1979

 

Los sucesos de Monforte de Lemos (Lugo) han tenido un trágico desenlace con el fallecimiento de Emilio Fernández Castro, soltero, de 36 años, que falleció el domingo en el Hospital General de Galicia, en Santiago, después de resultar herido, al parecer, durante los enfrentamientos registrados en la madrugada del día 15 entre algunas docenas de jóvenes que asistían a una verbena de las fiestas patronales y la Policía Nacional. Varias personas resultaron heridas y diez policías contusionados en el transcurso de los hechos.

Acerca de las causas inmediatas de su muerte existen versiones diferentes que coinciden en el único punto de que Emilio Fernández estuvo presente en el lugar de los incidentes. Según algunos testigos que ha podido consultar EL PAÍS en Monforte, fue golpeado por policías nacionales, a pesar de que no había tenido intervención significada en los enfrentamientos. Esta versión fue ratificada también por la madre de la víctima, quien aseguró que su cuerpo presentaba fuertes hematomas en la espalda y brazos y señales de algunos golpes en la cabeza. Por el contrario, el alcalde monfortino, Celestino Torres, informó también a este periódico que hay testigos de solvencia que afirman haber visto a Emilio dirigirse tranquilamente a su domicilio, después de que sucediera todo, sin señales aparentes de haber sufrido daño alguno, y que el mismo manifestó no haber recibido golpes. Según esta hipótesis, que defienden sobre todo medios cercanos a la UCD de la localidad, podría haber fallecido víctima de un ataque cardiaco, derivado tal vez de la Válvula artificial que asistía a su corazón, el cual habría ocasionado la ruptura de un vaso sanguíneo en la cabeza. Esta opinión aparece igualmente sustentada por el neurocirujano que atendió al herido en los primeros momentos, el doctor Reyes Oliveros, según informó a EL PAÍS el alcalde de Monforte.

Mientras tanto, en la citada localidad lucense ha subido la tensión derivada de los sucesos del día 14. Un concejal del Bloque Nacional Popular Galego, el conocido escritor galleguista Manuel María Fernández Teixeiro, está siendo objeto de constantes amenazas anónimas, que le anuncian posibles atentados contra la librería Xistral, de la que es propietario en la localidad, contra él o su familia. Algunos sectores de la villa llegaron a pensar, según el director de la emisora local, Radio Monforte, en la recogida de firmas exigiendo la expulsión de Manuel María de Monforte de Lemos.

Por otra parte, familiares de los detenidos, a raíz de los sucesos, y los concejales Manuel María Fernández (BNPG) y Antonio Arias (Unidade Galega), visitaron el Gobierno Civil de Lugo para informar directamente de los hechos, protestar contra la actuación de la fuerza pública, de la que hacen responsable al alcalde, y solicitar permiso oficial para que pueda celebrarse una manifestación de repulsa. Paralelamente, cuatro concejales y algunos vecinos han pedido la celebración de un pleno extraordinario para que se inicie un proceso de clarificación de los hechos y conducta para el correspondiente establecimiento de responsabilidades.

Por el momento, el Bloque ratifica su petición de que dimitan el alcalde y los dos primeros tenientes de alcalde, Acacio Saco (CD) y Rogelio Salgado (UCD).

 

Los nacionalistas critican también a los cinco concejales del PSOE, acusándolos de mantener posiciones poco claras ante sucesos tan graves.

Detenidos en libertad

El juez que instruye el correspondiente sumario puso ayer en libertad bajo fianza a los cinco detenidos que permanecían desde hace tres días en los depósitos municipales del pueblo. Las fuerzas de la oposición presentes en el Ayuntamiento mostraron ya su sorpresa ante las cantidades fijadas por el juez, y se da el caso de que las de mayor cuantía, 100.000 pesetas para cada uno de dos procesados, corresponden a miembros de la Asamblea Nacional Popular Gallega. Existe además orden de detención contra otros dos militantes de esta agrupación política, que ha denunciado los sucesos como un acto de represión antidemocrática.

La madre de uno de los cinco detenidos aseguró, en una conferencia de prensa celebrada ayer, que su hijo no participó en la verbena en la que se produjeron los incidentes.

“Mi hijo, estaba cuidando a su padre, que se encuentra enfermo, sin embargo, fue detenido veinticuatro horas después de la muerte de Emilio , sin que sepamos de qué se le acusa”.

En la citada conferencia de prensa, el concejal del Bloque, señor Fernández Teixeiro, manifestó que;

“(…) es lógico que el alcalde de Monforte trate de eludir la responsabilidad, pero tenemos testigos que prueban que fue él quien ordenó a la policía que desalojase. Nosotros pedimos que en vez de siete días de fiesta, hubiera sólo cuatro, pero que fuesen gratuitas”.

El origen de los incidentes estuvo precisamente en la negativa de un sector del público a pagar la cantidad exigida para acceder al recinto ferial.

EL CONTESTO HISTÓRICO DE LOS HECHOS, LA TRANSICIÓN Y LA REPRESIÓN POLÍTICA

 

En la fase crucial de la crisis del franquismo (1969-1975), y aun después de aprobada la Constitución, se mantiene la dualidad represiva implícita en toda la trayectoria del régimen, hasta el punto de que la legislación que se promulga carece de directrices mínimamente coherentes. Las normas jurídicas parecen atropellarse unas a otras en una combinación abigarrada de represión, que, por una parte, pretende ser selectiva y alcanzar únicamente a los flancos que bordean la legalidad; pero, por otra, en un momento de crisis, nadie era capaz de trazar esos flancos (1) y todos —o la mayoría— pretendían cambiar esa legalidad, de forma que resultaba imposible constreñir la represión a unos círculos determinados, evitando su desbordamiento. Además, si se pretendía —como parece— encauzar y dirigir la reforma política, evitando el protagonismo de la población (2), era imposible no sustraerse a la tentación de una represión masiva e indiscriminada.

Por todo ello, la transición se caracterizará por una vuelta a la legislación de posguerra, a una represión dura e indiscriminada que renace las leyes penales especiales —pretendidamente selectivas—, sin abandonar por ello los estados de excepción. “Unas reformas —escribió Fraga— reales, auténticas, efectivas; pero también graduales, prudentes y con mecanismos de seguridad” (3). Se crea así ese híbrido entre la normalidad —ley penal selectiva— y la excepción —suspensión de garantías—, que ha tenido la fuerza suficiente como para filtrarse entre el articulado constitucional (art. 55.2). Otra dualidad contradictoria es la que se engendra entre el fuero de guerra y los tribunales civiles. Los primeros no abandonan sus atribuciones a las primeras de cambio; no faltan disposiciones, como la Ley de Movilización Nacional, que retroceden hasta el estado de guerra, en el más puro ambiente de los años cuarenta, pero combinándolo al mismo tiempo con recursos jurídicos muy selectivos (4) que, no obstante, siempre pierden sus matices técnicos para degenerar en prácticas policiales indiscriminadas y abusivas.

(1) «Las distinciones son aquí, como en otras cosas, borrosas: la oposición prohibida por la ley, pero tolerada en la práctica, ¿es legal o ilegal?» (Luis GARCÍA SAN MIGUEL: Teoría de la transición. Un análisis del modelo español (1973-1978), Editora Nacional, Madrid, 1981, pág. 49).

(2) «Pocas veces el destino de un país ha dependido de un modo tan claro de la capacidad, imaginación, trabajo y desinterés de un grupo social, los políticos, que a los efectos básicos no creo que rebasen las 5.000 personas. Si logran ponerse de acuerdo para crear un campo de juego razonable, que evite los extremismos; si están dispuestos a jugar ese juego de modo progresivo en los años próximos, en vez de ir ahora a un hartazgo general, y si consiguen presentar al resto del país un número limitado y claro de opciones alternativas, el país futuro será un país habitable» (M. FRAGA IRIBARNE: España en la encrucijada, Adra, Madrid, 1976, pág. 88).

(3) M. FRAGA IRIBARNE: óp. cit., pág. 30.

(4) Cfr. SERGIO VILAR: La naturaleza del franquismo, Península, Barcelona, 1977, pág. 156; también, JUAN DE MIGUEL ZARAGOZA: «Elementos para la definición internacional del terrorismo», en Boletín de Información del Ministerio de Justicia, núm. 1.152, 1978, págs. 4-5.

La escalada represiva es fácilmente constatable en las propias cifras policiales, que dan los siguientes volúmenes anuales de detenidos (5):

AÑO	RECLUSOS
1973	57.306
1982	129.598

 

 

El incremento es, pues, del orden del 226 por 100 en nueve años. Una progresión de esa naturaleza no es explicable solamente por la crisis económica y el subsiguiente aumento de la delincuencia común. Responde principalmente a una acción represiva desproporcionada.

Los datos concuerdan con el fuerte incremento de la población penitenciaria, que comienza a alcanzar cifras que sólo se conocían en la posguerra (6):

AÑO	RECLUSOS
1975	8.440
1982	21.942

Porcentualmente, el aumento es del 260 por 100, que tampoco cabe explicar por la multiplicación de la delincuencia únicamente, ya que la mayor parte de ellos eran presos preventivos. Lo mismo se puede decir si se examina el problema desde el prisma del número de personas ingresadas en prisión, que crece un 169 por 100 en sólo siete años (7):

AÑO	RECLUSOS
1974	37.738
1976	35.478
1981	59.817

 

Todos estos datos prueban, con claridad manifiesta, que la transición política tuvo un fortísimo coste represivo. A fin de mantener la iniciativa y contrarrestar las exigencias populares, la burguesía no vaciló a la hora de emplear a la policía para imponer su reforma.

Es importante consignar, al respecto, el volumen de muertos por intervención de los diversos aparatos represivos, que agruparemos por trienios (8):

(5) A. SERRANO GÓMEZ: «Evolución social, criminalidad y cambio político en España», en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1983, págs. 282-283.

(6) Ibídem, pág. 297.

(7) Ibídem.

(8) Elaboración propia en base a informaciones periodísticas.

TRIEÑOS	MUERTES
1970 -1973	11
1974 -1976	72
1977 -1979	107
1980 -1982	137
1983 -1985	122
TOTAL	459

 

En total, 459 personas han visto la muerte por intervención de los cuerpos represivos, generalmente a causa del empleo de armas de fuego. A la cifra habría que sumar los muertos en las prisiones, que ascienden a una cantidad no despreciable. Todo esto acompañado de la acción parapolicial de los grupos ultraderechistas, cuyo saldo mortal es el siguiente:

PERIODOS	ASESIMATOS
1976-1980	58
1981-1985	37
TOTAL	95

La mayor parte de estas muertes quedaron impunes; no pocas eran también resultado de actividades de la propia policía, actuando clandestinamente en funciones de «guerra sucia». Por ello no se investigaron nunca determinados asesinatos. Las que provocó la policía se despacharon con escuetas notas de prensa, generalmente alusivas a que el fallecido tenía antecedentes o que huyó tras dársele el alto. Pero más de 500 víctimas mortales de la represión dan para pensar que la policía disponía de un respaldo total para actuar, incluso empleando armas de fuego. La comparación con la época de Franco, por otra parte, deja constancia de que las cifras de muertes son mucho más numerosas en la nueva etapa constitucional, poniendo al descubierto la falacia de una «transición pacífica» que ha tenido tal coste sangriento.

Además, las declaraciones de altos responsables de la segundad del Estado han aplaudido abiertamente el empleo sistemático de la violencia, incluso aunque se produzca al margen de los cauces legales. En octubre de 1983, la prensa se hacía eco de que en medios militares se apoyaba cualquier método de acción policial frente a la escalada violenta de las organizaciones y grupos armados (9). Un mes más tarde, el director general de la Guardia Civil, Sáenz de Santa María, manifestaba a la prensa que «a los terroristas hay que detenerlos o eliminarlos» (10). 

(9) El País, 21 de octubre de 1983.

(10) Ibídem, 17 de noviembre de 1983.

En agosto del año siguiente, este mismo militar defendía el empleo de «todas las medidas» que estén al alcance de la policía, «y algunas que incluso no lo estén», con tal de conseguir sus objetivos, añadiendo que «existen medidas que no se pueden decir, y que caso de que trascendieran públicamente habría que negarlas» (11). Del alcance de este tipo de concepciones da idea el siguiente despacho de la agencia Reuter:

“La Administración de Ronald Reagan está estudiando la opción política de asesinar

(sic) a los presuntos líderes de movimientos terroristas, según informó ayer la cadena NBC de la televisión norteamericana.

La Casa Blanca se negó a comentar estas informaciones” (12).

Desde finales de los años sesenta, el régimen vivió en una continua tensión entre dos tendencias de su propio seno, generalmente polarizadas en torno al asociacionismo político: los aperturistas y los inmovilistas. Los primeros surgieron al calor del gigantesco proceso de acumulación capitalista desatado en la década de los sesenta en torno a los planes de desarrollo. Expresión de su protagonismo fue la Ley Orgánica del Estado de 1967. Frente a ellos, los inmovilistas trataron de plegar filas en torno a una serie de principios manifiestamente en crisis a causa del progresivo aislamiento del régimen. Los primeros eran más fuertes que estos últimos, pero no pudieron superar la grave crisis del régimen y tuvieron que acudir en auxilio de la oposición. La clase obrera desbordaba cotidianamente todos los cauces legales y reducía peligrosamente los márgenes de beneficio para la burguesía. Sin embargo, no solamente la legalidad y las instituciones franquistas estaban aisladas y desacreditadas: tampoco la represión tenía efecto alguno. Entre 1967 y 1971, el estado de excepción se convierte en algo permanente y cotidiano.

Pero cada vez que se promulga suscita una reacción intensa entre la población antifranquista. Demuestra, por otro lado, la bancarrota del sistema: es una prueba de debilidad y de descontrol que reaparece periódicamente.

(11) Ibídem, 25 de agosto de 1984. Esta política ha tenido materializaciones delictivas concretas: en febrero de 1990 se archivaban unas diligencias incoadas contra un comisario de policía que había dirigido un secuestro en Francia en el que resultaron detenidos varios policías, pese a que había confesado públicamente su responsabilidad en el caso.

(12) Ibídem, 13 de julio de 1985. La coordinación internacional al respecto es evidente. Para el caso británico, véase PEIO AIERBE: La lucha armada en Europa, San Sebastián, 1989, pág. 106.

En octubre de 1989, el Departamento de Justicia estadounidense autorizó al FBI a secuestrar «delincuentes» en el extranjero y llevarlos a Estados Unidos (El País, 15 de octubre de 1989), al tiempo que la CÍA pedía «luz verde para derrocar dictadores» (El País de 18 de octubre). Al respecto, cfr. C. M. DÍAZ BARRADO: «La pretensión de justificar el uso de la fuerza con base en 'consideraciones humanitarias'. Análisis de la práctica internacional contemporánea», en Revista Española de Derecho Internacional, núm. 1, 1988, págs. 41 y sigs.

El primer aviso grave se produce en 1969, verdadero punto de arranque de la crisis del régimen, que desata una fuerte represión para consolidarse.

No obstante, el movimiento de masas es cada vez más fuerte, y pese a su desorientación, es capaz de sobreponerse y desafiar a las fuerzas represivas, como lo demuestran las luchas masivas contra el juicio de Burgos, en diciembre de 1970. Durante este año se produjeron 1.547 huelgas: «Muchos conflictos degeneraron en graves enfrentamientos entre la policía y los huelguistas. Ocho trabajadores resultaron muertos en ellos entre 1970 y 1973: tres en Granada, en julio de 1970; uno en Madrid, en septiembre de 1971, en una huelga de la construcción; otro más en Barcelona, en noviembre, cuando la policía intentó desalojar las plantas de la factoría SEAT, ocupadas por unos 7.000 obreros en huelga; dos más en El Ferrol, la ciudad natal de Franco, en marzo de octubre de 1989), al tiempo que la CÍA pedía «luz verde para derrocar dictadores» (El País de 18 de octubre). Al respecto, cfr. C. M. DÍAZ BARRADO: «La pretensión de justificar el uso de la fuerza con base en 'consideraciones humanitarias'. Análisis de la práctica internacional contemporánea», en Revista Española de Derecho Internacional, núm. 1, 1988, págs. 41 y sigs.

1972, y otro, finalmente, al año siguiente, en una huelga en una central nuclear en construcción cerca de Barcelona (San Adrián del Besos)» (13).

Es una crisis que abre nuevos cauces al movimiento de masas y da lugar a nuevas respuestas legales, materializadas por las reformas de 1971, cuyo propósito es evitar tener que recurrir continuamente a los estados de excepción. Es por ello que, a pesar de la grave crisis, entre 1971 y 1975 no se promulgó ningún estado de excepción. «Cinco de los seis estados de excepción decretados durante los últimos años —afirma un informe de la época— lo fueron entre 1967 y 1971. Tal frecuencia en la utilización de un recurso tan impopular preocupó al Gobierno y le llevó a buscar nuevas fórmulas, menos espectaculares, pero igualmente eficaces. Así se procedió a introducir mediante

equivalentes dentro de la jurisdicción ordinaria, especialmente a través de la Ley de Orden Público, modificada en 1971. Con ello quedaba institucionalizada una situación permanente de estado de excepción, que, por otra parte, ha sido la que de hecho ha prevalecido en Euskadi durante los últimos treinta y nueve años» (14). De ahí la importancia de la reforma de julio de 1971, por la cual, como escribe Fernández Segado, la Ley de Orden Público «adquirió en algunos de sus puntos una fisonomía muy distinta de la que hasta entonces tenía», resultando finalmente «el texto más polémico y el que mayores críticas suscitó de todos los promulgados por el régimen nacido en 1936» (15).

(13) JUAN PABLO FUSI: Franco: autoritarismo y poder personal, El País, Madrid, 1985, págs. 195-196.

(14) Euskadi: el último estado de excepción de Franco, Ruedo Ibérico, París, 1975, pág. 8; LUIGI BRUÑÍ: ETA: historia política de una lucha armada, Txalaparta, Bilbao, 1987, pág. 227.

(15) F. FERNXNDEZ SEGADO: El estado de excepción en el Derecho constitucional español, EDERSA, Madrid, 1977, pág. 346

Las modificaciones actuaron en dos aspectos básicos: primero, el procedimiento penal especial, aplicable, bajo el estado de excepción, por el Tribunal de Orden Público, y segundo, se desarrollan, sobre todo, los mecanismos preventivos e intimidatorios: «Se trata, en realidad —concluye Fernández Segado—, de evitar tener que recurrir a situaciones excepcionales, que siempre van en desprestigio del Gobierno que a ellas acude. De ahí, según nuestro punto de vista, que se refuercen las facultades de la autoridad gubernativa en situaciones de normalidad, lo que es en extremo criticable, pues va en contra de los derechos y libertades fundamentales de la persona» (16).

La reforma de la Ley de Orden Público consistió, sobre todo, en la potenciación de las facultades sancionadoras de la Administración: se multiplicaron las cuantías de las multas, tolerando la llamada «responsabilidad personal subsidiaria» por impago de multas y eliminando, como sancionó la jurisprudencia, los trámites de la Ley de Procedimiento Administrativo, incluso el de audiencia del interesado, así como el pliego de cargos (17); se exigió el depósito previo para recurrir, etc. Las multas sustituyen al estado de excepción; tienen la ventaja de ser automáticas y de eludir la intervención judicial para obtener el mismo resultado: encarcelar al militante, al activista, al agitador por mera decisión gubernativa. La reclusión se convertía en un puro internamiento administrativo.

La facultad sancionadora de la Administración juega en la represión franquista un claro papel de amortiguamiento: el número de presos condenados por delitos políticos desciende, mientras el de recluidos por «infracciones administrativas» aumenta. Se trata, por tanto, de un reclutamiento penitenciario que se mueve a contracorriente de los demás: crece cuando los demás descienden y desciende cuando los demás aumentan.

En noviembre de 1971 se retocaron, además, el Código Penal y el de Justicia Militar en materia de terrorismo, que suponen un retorno a la etapa anterior, a la etapa de posguerra, es decir, a una represión caracterizada por el empleo de leyes penales especiales. Esto, unido a las multas administrativas, es lo que permite arrinconar temporalmente a los estados de excepción en el período crucial de 1971 a 1975. Esta reforma crea las figuras que el Tribunal Supremo calificó de «terrorismo menor» (18), y que, si se examinan despacio, revelan que «terrorismo» era ya cualquier cosa, por cuanto se refería “(…) a los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, alteren el orden, causando lesiones o vejación en las personas, produciendo desperfectos en las propiedades, obstaculizando las vías públicas u ocupando edificios”.

.

(16) Ibídem, pág. 349.

(17) L. MARTÍN-RETORTILLO: Las sanciones de orden público en el Derecho español, Madrid, 1973, págs. 199 y sigs.

(18) Cfr. C. LAMARCA PÉREZ: Tratamiento jurídico del terrorismo, Ministerio de Justicia, Madrid, 1985, págs. 149. Se refiere la autora a la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 1975, que se expresa en tales términos.

Las reformas de 1971, por tanto, trataron de evitar las continuas declaraciones de estados de excepción. Pretendieron transformar al estado de excepción en un recurso verdaderamente excepcional. Salvaron, en efecto, la situación durante un breve período, para finalmente claudicar, en 1975, ante nuevas exigencias del movimiento de masas, que seguía creciendo y radicalizándose, aun a pesar de la durísima represión.

En abril de 1975 se promulga el último estado de excepción. Con tal motivo, el entonces gobernador civil de Guipúzcoa, una de las provincias afectadas,

Rodríguez Román, que luego sería director general de Seguridad, manifestó a la prensa que «el estado de excepción decidido por el Gobierno para Guipúzcoa no es una respuesta a una alteración masiva del orden público, ya que ésta no existía en el momento de ser decretado tal estado... El actual estado de excepción tiene por objeto poner coto a los actos de terror y subversión por parte de un mínimo de personas que tratan de subvertir la pacífica vida ciudadana». Calificó el estado de excepción como «un instrumento más ágil y eficaz en manos de las Fuerzas de Orden Público y de las autoridades», y acabó deseando que la vida guipuzcoana discurra por cauces de la máxima normalidad, «como así viene sucediendo» (19). No podía expresarse mayor incongruencia, demostrativa, por otra parte, no ya del carácter preventivo de tan drástica medida, sino también de su gratuidad frente a la población. Según Fusi, fueron detenidas 2.000 personas «en los días inmediatos. Grupos de incontrolados —añade— sembraron el terror en la población civil. Familiares de supuestos miembros de ETA, personas conocidas por su vasquismo, algún sacerdote, abogados de presos, fueron amenazados y agredidos y sus propiedades atacadas (además, un matrimonio resultó muerto el 14 de mayo en Guernica, cuando la Guardia Civil abrió fuego al intentar detener a un activista de ETA, que también murió, así como un sargento del cuerpo; luego, un joven moriría en San Sebastián, en septiembre, en una manifestación).

El 12 de mayo, la derecha organizó un tumultuoso acto de afirmación patriótica en Bilbao» (20). Por su parte, Paul Preston ha escrito que el estado de excepción «desencadenó una operación a gran escala de terror policial contra las poblaciones de las dos provincias. Se asaltaban los domicilios y los despachos de los sospechosos. Las detenciones alcanzaron tales proporciones, que fue preciso habilitar, por corto tiempo, la plaza de toros de Bilbao como centro de detenciones. Torturas y palizas estaban a la orden del día. Se utilizó como rehenes a las esposas y novias de los hombres perseguidos, y se las sometió a vejaciones inhumanas. La intimidación de la población se intensificó mediante la actuación de los comandos terroristas de ultraderecha» (21).

(19) Pueblo, 29 de abril de 1975; en Euskadi: el último estado de excepción, página 27, hay una cita parcial de esta entrevista con el entonces gobernador civil de Guipúzcoa.

(20) J. P. Fusi: o. cit., pág. 231.

(21) PAUL PRESTON: El triunfo de la democracia en España (1969-1982), Plaza y Janes, Barcelona, 1986, pág. 97.

Después de este último estado de excepción aparece, acto seguido, la primera Ley Antiterrorista, que, como decimos, también era un estado de excepción.

La transición política se caracterizará precisamente por ese híbrido de suspensión de garantías y ley penal especial, finalmente consagrado en el artículo 55.2 de la Constitución vigente.

Sin embargo, el cuadro legislativo de represión política quedaría muy incompleto si no tuviéramos en cuenta una disposición específica dirigida contra la clase obrera, que venía a significar el estado de guerra en el interior mismo de los centros de trabajo.

Juan Manuel Olarieta Alberdi (22)

Revista de Estudios Políticos (Nueva Época)

Núm. 70. Octubre-Diciembre 1990

 

(22) Nació en Bilbao en 1955. Estudió Derecho y Ciencias Económicas, licenciándose en 1979 e incorporándose al ejercicio activo de la abogacía en el mismo año; ejerce su profesión desde entonces de forma ininterrumpida. En 1992 obtuvo el Premio de la revista del Colegio de Abogados de Madrid por un artículo científico sobre conflictos jurisdiccionales. Ha publicado un libro y numerosos artículos jurídicos, políticos y científicos.

EN MEMORIA DE:

Tomás Alba Irazusta, José Alcazo, Ángel Almazán Luna, Salomé Alonso Varela, Manuel Álvarez Blanco, Francisco Javier Ansa, Vicente Antón Ferrero, Liborio Arana Gómez, Miguel Arbelaiz, José Luis Aristizábal, María Paz Armiño, Victoria Arranz, Miguel Arregui, Ignacio Arregui, María Asensio Morales, Joaquín Atismasvere, Francisco Aznar, Juan Barandiarán, Alfonso Bárcena, Romualdo Barroso, Luis Javier Benavides Orgaz, José Miguel Beñarán (Argala), Jorge Benayas, Ana Teresa Berroeta Álvarez, María Bravo, Jorge Caballero Sánchez, Ángel Calvo, José Luis Cano, Juana Caso González, José Vicente Casabany, Luis Cobo Mier, Vicente Cuervo Calvo, Miguel del Caño, Gladis del Estal, Teófilo del Valle Pérez, Pancho Egea, José Escribano, Luis Elizondo, José España, Jesús María Etxeveste Toledo, Emilio Fernández Castro, Javier Fernández Quesada, Jesús Fernández Trujillo, Pacífico Fica Zuloaga, José Fraguas Fernández, Gustavo Frechen Solana, Manuel Fuentes Mesa, Ursino Gallego, José Manuel García Caparrós, Sebastián García García, Andrés García Fernández, Severiano García, Bartolomé García Lorenzo, Ricardo García Pellejero, Juan Carlos García, José Prudencio García Sánchez Soler, Rafael Gómez Jáuregui, Yolanda González Martín, Carlos González Martínez, Valentín González Martínez, Antonio González Ramos, Miquel Grau Gómez, Domingo Gutiérrez Delgado, Serafín Holgado de Antonio, Juan Manuel Iglesias, Carlos Idígoras, Aniano Jiménez Santos, Emilio Larrea, Juan Mañas, Martí Marcó Barcella, Gregorio Marichalar Ayestarán, Antonio Mariscal, Juan José Lopetegui Carrasco, Jordi Martínez de Foix, Emilio Martínez Menéndez, Pedro Martínez Ocio, Valeriano Martínez, Manuel Medina Ayala, Norma Menchaca, Martín Merquilanz, José Luis Montañés Gil, Luis Montero, Carmelo Montoya, Juan Muñiz, Gustau Muñoz del Bustillo, José Muñoz Expósito, María Luz Nájera Julián, Daniel Niebla, Arturo Pajuelo Rubio, Francisco Rodríguez Ledesma, Germán Rodríguez, Ángel Rodríguez Leal, Francisco José Rodríguez López, Agustín Rueda Sierra, Arturo Ruiz García, Felipe Sagarna Ormazabal, Salvador Sampedro, Carlos Sandise Corta, Manuel Santacoloma Velasco, Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco, José Suspeguerri Aldako, Efrén Torres Abrisketea, Enrique Valdevira Ibáñez, Vicente Vadillo, Francisco Javier Verdejo Lucas, Jesús Zabala, Jesús María Zubikaray Badiola.